Según el abogado, la actual Carta Fundamental establece limitaciones al actual plan de gobierno.
Para el abogado que participó en la comisión de Constitución de Bachelet, Fernando Atria, el método de mayor legitimidad para modificar la Carta Fundamental es la Asamblea Constituyente. El académico de la Universidad de Chile explicó en entrevista con La Tercera por qué es necesario modificar la actual Constitución.
«Lo que se necesita es una Constitución en la cual a través de la acción política se puedan decidir las cuestiones que rigen nuestra vida en común y la Constitución actual está pensada para hacer eso imposible. Por ejemplo, si hoy nos preguntamos quién es responsable del hecho de que la legislación actual permita que se hagan aportes reservados para las candidaturas políticas, la respuesta es nadie. Precisamente porque no se pueden tomar decisiones legislativas por simple mayoría, entonces cuando llega el momento de pasar la cuenta, la ciudadanía pregunta ¿a quién se le ocurrió esta regla? No podemos hacer una diferenciación entre responsables, la cuenta recae genéricamente sobre todos, lo cual quiere decir que recae sobre nadie. La lógica de que las decisiones sean de mayoría es que si se toma una decisión equivocada, podríamos decir ‘esto fue una iniciativa que fue aprobada por los votos de tal fuerza política’. Esta es una de las manifestaciones del problema de legitimación que crea tener una Constitución que no permite la expresión de la mayoría», sostuvo Atria.
En ese sentido, dijo que «nadie en abstracto puede negar que cuando se trata de crear una nueva Constitución, el método es la asamblea constituyente y con esto yo no estoy diciendo nada especialmente novedoso».
«El proceso de cambio constitucional necesita tener un momento institucional, pero ese momento institucional uno debería pensarlo no a través de los mecanismos ya establecidos. Si eso se hace así, lo probable es que terminemos con una reforma análoga a la del 2005, en la que se van a lograr cosas que pueden ser importantes, pero no se va a solucionar el problema y pasaría lo mismo que sucedió unos años después del 2005, donde seguía la necesidad de tener una nueva Constitución. Entonces, la mejor manera de pensarlo es como una decisión que abra la discusión institucional, más que la cierre y la decida. Aquí vamos a escuchar, en el tiempo que viene, muchas posibilidades que tendrán que ser evaluadas cada una en su mérito; modificar el artículo 15 de la Constitución para autorizar que la ley pueda recurrir a plebiscitos o el Presidente de la República en ciertas ocasiones, o la idea de un plebiscito constitucional que se acordara vía reforma constitucional que la autorice. Esto permite una discusión muchísimo más amplia», agregó el académico.
Ante la posibilidad de que la nueva Constitución emerja de una negociación parlamentaria, el abogado puntualizó que «ahí se abren varias posibilidades. El proyecto de la Constitución tendría que ser votado por 3/5 o 2/3 de los votos y, sobre todo, en los 2/3 de los votos eso no va a poder ser posible sin el acuerdo de quienes se benefician de las trampas constitucionales; ellos van a poner, como precios para dar sus votos, que les den algunas de las garantías de los pactos constitucionales. Entonces, lo que se presente como nueva Constitución va a terminar aguándose a medida que la negociación progresa. La otra posibilidad es que, para evitar que pase esto, el gobierno decida no entrar en negociaciones de ese tipo y que insista en su propuesta original para evitar lo anterior, pero en ese caso la propuesta no va a reunir los 2/3 de los votos, entonces va a quedar todo en cero. Por eso si uno entiende cuál es el problema constitucional, se da cuenta que el problema no se puede solucionar mediante una solución que pretenda cerrarlo. La única posibilidad es una discusión que cumpla la función de abrir un debate constitucional más profundo».
«Para el gobierno sería mejor poder hacer todas las reformas sin gastar demasiado esfuerzo en la Constitución y por eso yo creo que es importante notar que estas reformas sólo pueden ser compatibles con la Constitución en la medida que no se hagan las transformaciones profundas que la Nueva Mayoría prometió. Entonces, o esas reformas se transforman en modificaciones puntuales que no son esas transformaciones profundas, o hacen surgir el debate constitucional cuando se manifieste el hecho de que la Constitución no permite hacer las transformaciones prometidas, puesto que es importante notar que la Constitución del 80 fue hecha para que un programa como el de la Nueva Mayoría no pudiera ser realizado. Ahora es posible avanzar en las reformas en lo que se pueda y ahí vamos a ver qué pasa, si en ese momento el gobierno decide corregir sus reformas de modo de hacerlas compatibles con la Constitución. El problema afectará las promesas que el mismo gobierno hizo, y si no quiere soltar esas confianzas de las que son depositarios, va tener que promover una discusión constitucional profunda», concluyó.
