Usando la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual
El director ejecutivo para las Américas de la ONG dedicada a cautelar los derechos humanos, alertó sobre los métodos que tienen instituciones vinculadas al Estado para hacer desaparecer perfiles de facebook, videos de YouTube y cuentas de Twitter, sumándose a la crítica situación de la libertad de prensa en ese país.
El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, denunció en una columna publicada por el diario español El País, cómo el gobierno ecuatoriano encabezado por Rafael Correa se las arregla para sacar de Internet el contenido que considera crítico a la gestión del gobierno y a la persona del Presidente.
«El Gobierno encontró una nueva herramienta para acallar la libertad de expresión en el país. En un momento en el cual los periódicos, las estaciones de radio y los canales de televisión ecuatorianos enfrentan cada vez más dificultades para publicar libremente información crítica, los ciudadanos recurren a Internet, el último espacio que les queda para obtener, difundir y compartir informaciones y opiniones. Pareciera que, si fuera por las autoridades, no debería quedarles ni siquiera eso», escribió Vivanco junto al profesor Eduardo Bertoni, ex relator para la libertad de expresión de la OEA.
Los autores demuestran con ejemplos cómo la Internet ecuatoriana parece no admitir contenidos que pongan en tela de juicio la política del Gobierno de Correa. «En septiembre, inmediatamente después de que la Policía Nacional reprimiera violentamente a manifestantes en Quito, Facebook eliminó de la cuenta personal de un ciudadano ecuatoriano un enlace a un video con imágenes compiladas de abusos policiales presuntamente cometidos durante las protestas. El video contenía imágenes y grabaciones de audio del presidente Rafael Correa, extraídas de su programa semanal en el canal público de televisión, en las cuales felicitaba a la policía por su actuación».
También consignan lo ocurrido con la traductora Diana Amores, cuya cuenta en Twitter fue suspendida «luego de que en varias oportunidades Twitter eliminara imágenes que ella había difundido, incluidas caricaturas. Por ejemplo, Amores había subido una imagen donde se veía a los personajes de Los Simpsons acostados en el suelo y, en un segundo plano, un televisor que transmitía el logotipo del programa semanal de Correa. La imagen estaba acompañada por un tuit en el cual Amores hacía alusión en tono irónico al efecto nocivo del programa».
Según los columnistas, este control que el gobierno de Correa hace de Internet, se lleva a cabo con la ayuda de una empresa española «que le ha pedido a Facebook, Twitter y YouTube que removieran los vídeos o las imágenes, alegando que violaban la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual. Si bien autoridades del gobierno ecuatoriano se han distanciado de estos hechos, las solicitudes para remover los contenidos indican que la firma española representaba a actores estatales ecuatorianos, incluidos el canal público de televisión, el partido político gobernante y un ministerio», aseguran.
Y todo ello apoyados en la legislación vigente en Estados Unidos, que regula el contenido que se publica en la web, removiendo aquel que sea impugnado por eventualmente violar la propiedad intelectual, mediante una legislación rotulada como Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Y aunque los usuarios pueden apelar a esta decisión basándose en lo que se considera «uso justo» del contenido, en los que caben precisamente parodias y otros contenidos críticos, en «el sistema de la DMCA, el proceso de restablecimiento de contenidos llega a demorar hasta dos semanas, un plazo que podría ser decisivo para defensores o periodistas que informan sobre elecciones o acontecimientos que evolucionan constantemente. Por ello, la remoción abusiva de contenidos por supuestas violaciones de propiedad intelectual puede convertirse en una poderosa herramienta de censura en Internet».
