Nueva estrategia gremialista en el Pentagate
Los diputados José Antonio Kast y Felipe Ward están al mando de un equipo de trabajo que, vía oficios y solicitudes por Ley de Transparencia, investiga las campañas 2013 de la Nueva Mayoría. La idea es probar –ante la opinión pública– su tesis en el Pentagate: que las irregularidades en el financiamiento a las campañas son cometidas por todos los sectores y no solo por el partido regalón del Choclo Délano y su socio, Carlos Eugenio Lavín.
Quienes conocen la historia de la UDI repiten que su fundador e ideólogo, Jaime Guzmán, siempre dejó un espacio para el sentido de oportunidad. Que sabía aprovechar los momentos y que, en tiempos de crisis para el gremialismo, ese instinto pragmático siempre sale a flote en las huestes de la derecha. Y a juzgar por sus últimos movimientos, parece que esos conocedores del partido que hoy lidera Ernesto Silva no se equivocan.
Esta semana fue de estreno de estrategia para la UDI. Dejada en el olvido la jugada de acusar filtraciones en la investigación y aparecer como víctimas aguantando el chaparrón de denuncias, en el partido apostaron por pasar a la ofensiva.
El cuestionamiento a las facturas emitidas el 2013 por Mariella Fernández con cargo al comando de Michelle Bachelet, fue solo el primer espolonazo de la nueva movida de la UDI para sacudirse las esquirlas del Pentagate.
La aparición de los documentos en que la cónyuge de José Miguel “Kiko” Carcavilla –histórico creativo de las campañas de la Concertación– cobra $240 millones por asesorías que, supuestamente, no estaría en condiciones de realizar, dieron pie para que el partido de derecha saliera a cuestionar a la Presidenta en una arena donde, hasta ahora, ellos eran los sospechosos principales: el financiamiento irregular de campañas políticas.
La divulgación hace una semana de un audio donde el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, enumera a los dirigentes de la UDI supuestamente involucrados en la entrega de recursos por fuera de la vía legal, terminó por sepultar la primera defensa que la directiva del partido había activado para contener los daños políticos del caso: acusar filtraciones del proceso y denunciar una campaña destinada a dañarlos.
Con la filtración de antecedentes concretos del proceso que indaga el fiscal Carlos Gajardo, en el gremialismo decidieron sacar a flote un trabajo que venían preparando hacía semanas, la investigación interna de probables irregularidades que afectarían también a las campañas parlamentarias y presidencial de la Nueva Mayoría.
[cita]El sociólogo Alberto Mayol argumenta que a la derecha, y a la UDI en particular, le acomoda la disputa comunicacional, porque “siempre han tenido una fuerte conciencia de los aspectos comunicacionales, donde además tienen una posición privilegiada, es una de sus fortalezas. Ellos no saben mucho de política, por lo que lo comunicacional es un territorio para ellos mucho más cómodo. En el fondo están asumiendo una pérdida, están diciendo ‘esto destruyó el corazón de nuestra agenda política y ahora viene el momento de hacer que todos se hundan con nosotros’”.[/cita]
Es la lógica del empate. Uno de los argumentos que se ha repetido entre los dirigentes del partido más a la derecha del espectro es que en todos lados se cuecen habas. “Hay antecedentes suficientes para sustentar la argumentación que hemos tenido desde el día uno, ¿cuál es? Que este es un problema que afecta a la política en general y no solamente a un partido político”, señala el jefe de bancada de los diputados gremialistas, Felipe Ward.
Dos son los diputados clave en los equipos que hoy trabajan desde la UDI para revisar con lupa los movimientos financieros de las campañas del oficialismo: el mismo Ward y José Antonio Kast. Ambos han enviado oficios y solicitudes vía Ley de Transparencia a organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Electoral (Servel) y el Ministerio de Justicia. A su cargo tienen a todos los abogados que asesoran a la bancada gremialista, a quienes se han sumado algunos periodistas que igualmente trabajan para los diputados.
En la UDI identifican dos grupos de trabajo, los que se complementan en sus labores. Por una parte está el encabezado por el diputado Kast, encargado de revisar el material que llega desde el Servel o el SII, y luego el del abogado jefe de la bancada, Rodrigo Pinochet, que se encarga de chequear los datos obtenidos de las bases de datos que se revisan. Otro que ha colaborado en esa labor ha sido Carlos Fairlie.
Como si estuvieran haciendo periodismo de investigación, los funcionarios de la bancada y los mismos diputados han debido bucear en las informaciones gruesas que les envían los organismos públicos. De hecho, esta semana en la bancada de la UDI estaban abrumados con la base de datos que les llegó desde el Servel con los ingresos y gastos de cada una de las campañas parlamentarias y presidencial 2013 de la Nueva Mayoría.
¿Qué buscan? Boletas, facturas, nombres y relaciones que les permitan salir a denunciar a dirigentes del oficialismo y, así, probar su tesis de que todos están chapoteando en el charco y que no los pueden culpar solo a ellos de irregularidades que creen generalizadas.
Aunque evitan adelantar antecedentes, en la UDI advierten que están “realizando un trabajo serio” y que buscan hacerles el quite a las “denuncias al voleo”, por lo que buscarán chequear cada dato que hagan público. De hecho, se sorprendieron con la decisión de RN de acudir a presentar una denuncia al SII luego que se hicieran públicas las facturas de la señora de Carcavilla, porque ni ellos estaban seguros de que esa situación fuera irregular.
En todo caso, tienen a todos en la mira. El jueves 11 de diciembre Felipe Ward envió dos oficios, uno dirigido al Ministerio de Justicia y el otro al Servicio de Impuestos Internos, para que le envíen antecedentes sobre fundaciones en las que participaron dirigentes de la Nueva Mayoría, la idea –según declara– es “saber si lo que ocurrió con el ministro Undurraga es un caso aislado o es una práctica generalizada en la Nueva Mayoría”, advierte, haciendo referencia a la supuesta utilización por parte del ministro DC de la Fundación Ciudad Justa para allegar recursos de Penta a su campaña.
La lista incluida en el oficio es encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y secundada por otros 623 dirigentes políticos del oficialismo y sus alrededores, entre los que se encuentran parlamentarios, ex candidatos, ministros y presidentes de partido. Allí aparecen Camilo Escalona, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Felipe Harboe, Guido Girardi, Soledad Alvear, Yasna Provoste, Aldo Cornejo, Máximo Pacheco Matte, Alberto Arenas, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Peñailillo. También están incluidos quienes se sitúan en los bordes de la Nueva Mayoría, como el diputado Giorgio Jackson o el ex senador Carlos Cantero, además de otros outsiders, como Gabriel Boric. Revise aquí el oficio.
El 16 de diciembre, Ward envió un nuevo oficio al SII, esta vez para que “remita a esta Cámara los ingresos, egresos, declaraciones de renta, pagos mensuales de impuestos y boletas que han sido emitidas por la Sociedad de Marketing Asesorías y Eventos Limitada”, la que –según información de la UDI– era la sociedad que pagaba los sueldos en el comando de la Presidenta Bachelet.
Según declara el diputado Ward, la actual apuesta de la UDI es transparentar lo que sucede en todo el sistema político. “Desde mi punto de vista, el objetivo de esta campaña es decir la verdad, es decir que hay malas prácticas en todas las campañas. Si queremos investigar, hagámoslo en serio; si queremos buscar soluciones, hagámoslo en serio”, plantea el legislador.
Lo mismo dice el secretario general de la tienda, Javier Macaya: “Cuando se pretende vincular solo a la UDI a supuestas malas prácticas, repetimos lo mismo que dijimos el día uno: si existen temas en que se pueda mejorar nuestra institucionalidad en esta materia, hagámoslo, pero no seamos hipócritas en el camino, apuntando a solo un partido o sector, cuando existe suficiente información de que puede haber varias campañas con problemas”.
Para el sociólogo Alberto Mayol, la estrategia de la UDI de empujar al barro a las demás fuerzas políticas podría llegar a ser exitosa, al menos –de acuerdo a él– a la derecha le ha funcionado durante la transición: “Cada vez que ellos han ido a la ofensiva durante la transición, y han sido proactivos en responder una denuncia con una contradenuncia, les ha ido bastante bien y han terminado con una especie de acuerdo de algún tipo”, precisa el analista, quien agrega que es una estrategia que no solo ha utilizado la derecha política, sino también la Iglesia y los empresarios.
“Chantajear fuertemente, empatar a los otros partidos con poco material. Como en el caso de las denuncias a universidades privadas, sacando el tema de la Universidad Arcis, donde terminas dañando la pureza del denunciante y, con eso, eliminas parte del problema”, asegura Mayol. “Evidentemente, la derecha sabe que ser agresivo funciona”, complementa.
El autor del libro hit del 2011 –El derrumbe del modelo–, argumenta que a la derecha, y a la UDI en particular, le acomoda la disputa comunicacional, porque “siempre han tenido una fuerte conciencia de los aspectos comunicacionales, donde además tienen una posición privilegiada, es una de sus fortalezas. Ellos no saben mucho de política, por lo que lo comunicacional es un territorio para ellos mucho más cómodo. En el fondo están asumiendo una pérdida, están diciendo ‘esto destruyó el corazón de nuestra agenda política, y ahora viene el momento de hacer que todos se hundan con nosotros’”.
