«No corresponde que nosotros hagamos ningún tipo de operación que pudiese entorpecer una investigación en curso», afirmó el subsecretario del Interior, separando aguas entre la aspiración de la UDI y el proyecto de ley para regular el financiamiento de la política.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió este lunes a la intención de la UDI de lograr un arreglo político al estilo del que protagonizaron en 2003 Ricardo Lagos y Pablo Longueira en el contexto del caso Mop-Gate y que terminó con la ofensiva político-judicial del gremialismo hacia los involucrados en ese escándalo de corrupción.
«Lo que quiero dejar establecido es que el gobierno no va a hacer un acuerdo político para eventualmente resolver algo que está en tramitación judicial. La justicia en Chile tiene que operar y lo está haciendo y ello determinara el tipo de involucramiento y de involucrados. No va a haber acuerdo sobre un caso que está en la justicia», reiteró Aleuy, terminando con una parte de la estrategia impulsada por la UDI, que mencionó el caso ocurrido hace más de once años, en la declaración con la que pidió disculpas el viernes.
«Quiero aclarar además que, cuando se hace la comparación con Mop-Gate, quiero recordar que no existía la reforma procesal penal que existe hoy día, entonces son situaciones totalmente distintas. No corresponde que nosotros hagamos ningún tipo de operación que pudiese entorpecer una investigación en curso», agregó Aleuy.
El partido que lidera Ernesto Silva también señaló, en el texto conocido el viernes, que están dispuestos a colaborar en el proyecto de ley que está presentado para introducir nuevas regulaciones al financiamiento de la política. En ese sentido Aleuy separó los dos temas.
«El proyecto de ley de financiamiento de la política tiene que ver con una aspiración histórica de las fuerzas democráticas de este país. Nosotros hemos venido insistiendo desde el año 90 que los partidos tienen que tener financiamiento público para hacer política. Porque cuando no existe financiamiento público suceden estos problemas, irregularidades en el traspaso de fondos de actores privados que finalmente lo que hacen es condicionar los votos o intentar condicionar el comportamiento político de determinados parlamentarios».
