«Mientras el fiscal Gajardo agota instancias por el caso Penta, el fiscal de Valparaíso no tiene avances en causa contra Corpesca y ex diputada Isasi por la ilegítima ley Longueira. Esto a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la ex parlamentaria y el ex gerente de la empresa, Francisco Ortúzar, por los delitos de cohecho y soborno», sostuvo la entidad en un comunicado.
Denunciando que “la justicia no es la misma para todos”, el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), criticó duramente al fiscal adjunto jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, por el «nulo avance» que, a juicio de la entidad, existe en la causa contra Corpesca y la ex diputada Marta Isasi, por posible cohecho y soborno en la tramitación de la Ley de Pesca.
Esto, indicó Condepp en un comunicado, a pesar de las «grandes similitudes» que existen con el caso Penta, donde en pocos meses el fiscal Carlos Gajardo ya cuenta con imputados y pruebas tangibles.
«Mientras el fiscal Gajardo agota instancias por el caso Penta, el fiscal de Valparaíso no tiene avances en causa contra Corpesca y ex diputada Isasi por la ilegítima ley Longueira. Esto a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la ex parlamentaria y el ex gerente de la empresa, Francisco Ortúzar, por los delitos de cohecho y soborno», indicaron los dirigentes.
La organización considera que la ley Longueira es el ‘niño símbolo’ de los políticos para mostrar las presiones que sufren en la aprobación de una norma. «Sin embargo, a pesar de ser una ley ilegítima, no ha sufrido la más mínima modificación por parte de la Presidenta Bachelet», sostuvieron.
Asimismo, la organización recordó que «durante la tramitación de la ley Longueira, no solo estalló el caso Corpesca, sino que también hubo una serie de denuncias en el Congreso por conflictos de interés debido a los vínculos que parlamentarios o sus familiares directos, mantenían con empresas del rubro pesquero. Estas afectaron a Jovino Novoa (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Mónica Zalaquett Said (UDI), los que –según estipula el artículo 5ºB de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional– no debían votar, y lo hicieron».
