El SII y el PS, que participa como querellante, también respaldaron la medida cautelar
La abogada María Inés Horvitz, en el turno de los querellantes en la causa para exponer sus argumentos, refutó las palabras de Carlos Alberto Délano, quien calificó a Penta como una «máquina que da empleo», argumentando frente al juez que «los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos, su señoría».
Continuando con la segunda jornada de audiencia de formalización para los 10 imputados en el Caso Penta, luego de que expusiera el Ministerio Público fue el turno de los querellantes, partiendo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En primer lugar, expuso sus argumentos Juan Ignacio Piña, presidente de la entidad que se hizo parte en la causa a partir de lo que estiman el perjuicio a las arcas fiscales, a partir de los delitos tributarios.
De esta manera, Piña confirmó que el CDE pidió prisión preventiva para siete imputados, Carlos Albeto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez, estos dos últimos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).
«El marco en el que nos vamos a mover va a ser sin duda la privación de libertad de estos imputados», dijo Juan Ignacio Piña.
Por otro lado, la abogada del CDE María Inés Horvitz expuso sus argumentos con particular vehemencia. «Son personas que se aprovechan de posiciones de poder, lo que queda patente en esta causa, actúan a través de mecanismos sofisticados contra la ley, todos estos mecanismos de fiscalización penal no han funcionado, no ha ocurrido. Se trata de obtener dinero y lucro a toda costa y se justifica con técnicas sorprendentes, su señoría, basta analizar las declaraciones del señor Délano diciendo que Penta ha dado grandes beneficios al país, o sea, los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos, su señoría», dijo Horvitz, en alusión a las palabras que durante la mañana emitió Carlos Alberto Délano, quien dijo que Penta «era una máquina que daba empleos», corrigiendo con esto al fiscal Gajardo, quien calificó al conglomerado como «una máquina para defraudar al fisco».
En la misma línea, María Inés Horvitz pidió que se acoja la medida cautelar de prisión preventiva. «Aquí la señal tiene que ser clara en que la ley vale para todos, especialmente para los empleados públicos», aseguró.
Luego expusieron los abogados del Servicio de Impuestos Internos y del PS, Enrique Aldunate, que participa como querellante representando a la colectividad.
