El Presidente de la Asociación de Bancos sostiene que el encuentro «fue un acto de deferencia»
El líder de los banqueros chilenos, que transparentó su adhesión como votante de Bachelet e integra el directorio del banco controlado por el empresario de origen croata, aseguró que nadie le podría haber negado una audiencia al hijo de la Presidenta y recalcó que la operación crediticia se hizo teniendo en cuenta las garantías correspondientes.
El Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, se refirió al encuentro que sostuvieron en noviembre de 2013 el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y Andrónico Luksic, vicepresidente y uno de los propietarios del Banco de Chile, en el contexto del crédito por $6.500 millones que estaba solicitando Caval, la empresa en la que Dávalos fue gerente de proyectos, y donde participa su esposa, préstamo que finalmente obtuvieron.
«Fue un ejemplo de deferencia y esa deferencia tuvo cero impacto en la evolución del crédito”, dijo el dirigente gremial sobre la operación al diario Pulso, asegurando que el préstamo se otorgó considerando las garantías correspondientes.
Awad, quien reconoció haber votado por Bachelet en 2005 y «repetirse el plato» en la última elección, se preguntó: «Quién puede decir que no le daría una audiencia, si hay que ser deferente (…) si este país no le da una preocupación a la deferencia, la amistad cívica se puede perder. Uno tiene que saludar al desconocido y al conocido”, aseguró.
Jorge Awad, quien forma parte del directorio del Banco de Chile, ya había dicho semanas atrás que la operación mediante la cual se entregó el crédito a Caval “se realizó ajustada a las normas crediticias que el banco ha definido para este tipo de operaciones, que tienen la característica de aportar garantías reales”, afirmó.
Las declaraciones del líder de los banqueros chilenos se dan en momentos en que Caval ve cómo se complejiza su escenario judicial a partir de las primeras incautaciones efectuadas por la Fiscalía, que investiga posibles delitos asociados al negocio inmobiliario y, además, cuando precisamente el comprador de los terrenos en Machalí, Hugo Silva, presentó una querella por estafa.
