Gobierno llamó a “no presionar a las instituciones”
El largo tiempo que ha demorado el SII en presentar acciones penales contra Soquimich. La estrategia del abogado Samuel Donoso –amigo de Rodrigo Peñailillo– para obstaculizar la investigación de la Fiscalía. Agencias de comunicaciones con conocidos lobbistas detrás de las empresas cuestionadas. La celeridad con que el TC –un órgano político– acogió a tramitación un requerimiento que detiene a la Fiscalía. Toda una maraña que, a ojos de la opinión pública, políticos y expertos sólo dilata una situación inminente: el fin del maridaje negocios-política entre cuatro paredes.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) fue el broche de oro de una serie de obstáculos con loS que se ha topado el Ministerio Público para investigar la arista Soquimich; una hebra que derivó del llamado caso Penta.
Parecen hechos aislados, pero ante los ojos de expertos y políticos no son más que un conjunto de maniobras para resguardar el orden establecido. Un orden que ha sido defendido indistintamente por actores de la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría. Soquimich aparece como la piedra de tope del reventón de pus, donde a la Fiscalía le cuesta más llegar a investigar.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, existe un acuerdo tácito de la elite para ponerles freno a las investigaciones que están lanzando por el despeñadero a varios dirigentes políticos. “Esto no es coincidencia, de todas maneras hay una acción deliberada de parte de todos los actores para evitar que este tema siga escalando, que se sigan conociendo más antecedentes y se sigan tirando más nombres al ruedo, porque todos podrían estar afectados de una u otra forma. Aquí ha habido una suerte de acuerdo tácito entre los actores de ponerle un límite, un coto a esta situación”, asegura.
El sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayol, dice que SQM representa una suerte de extensión del poder fáctico que ha controlado Chile durante toda la transición. Soquimich como un símbolo y un emblema del poder real. Por ello, no le extraña que se levante polvareda cuando alguien intenta desnudar las movidas de la empresa de Julio Ponce Lerou: “SQM representó durante muchos años en la transición algo así como la oficina del directorio del país. Ahí se reunían todos los políticos, todos con todos, y todos por separado también. Ahí se articulaban decisiones, era un especie quizás más influyente del palacio de Gobierno, con la seguridad que ofrece un espacio privado por sobre uno público”. Y agrega que “la barrera más importante y la más difícil va a ser Soquimich”.
[cita]“Esto no es coincidencia, de todas maneras hay una acción deliberada de parte de todos los actores para evitar que este tema siga escalando, que se sigan conociendo más antecedentes y se sigan tirando más nombres al ruedo, porque todos podrían estar afectados de una u otra forma. Aquí ha habido una suerte de acuerdo tácito entre los actores de ponerle un límite, un coto a esta situación”, asegura el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno.[/cita]
Uno de los actores que ha impedido el avance de la investigación es el Servicio de Impuestos Internos (SII), que según importantes abogados de la plaza no está en el camino correcto. En noviembre del año pasado fue la primera vez que al SII le llegaron antecedentes claros acerca de Soquimich, en un brazo largo de las platas políticas Penta. El 7 de ese mes el fiscal Carlos Gajardo envió hasta el Servicio un informe donde se acompañaban testimonios respecto al rol de la empresa de Ponce Lerou. El vínculo político más claro que se desprendía entonces de los testimonios era con Pablo Zalaquett, quien en 2013 quería ser senador por Santiago Poniente.
El desafío para Zalaquett era mayúsculo: no sólo reemplazar al renunciado Jovino Novoa, sino que enfrentar a otro grande, Guido Girardi. Para poder llegar a la meta, en mayo de 2013, Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe– debió facturar a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por 3 millones y medio de pesos cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.
La consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa también colaboró en la campaña de Zalaquett. El periodista de la consultora, Iván Correa, señaló ante la Fiscalía que la labor a la que se comprometieron fue una asesoría digital completa.
Según Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett y su jefa de gabinete en las alcaldías de La Florida y Santiago. Era De Castro quien le indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a la factura. A Soquimich se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una por los servicios que se enmarcaban en la campaña de Pablo Zalaquett, aunque no hubo ningún servicio que se le prestara a esa compañía.
Gajardo envió el informe junto a otros testimonios similares sobre otras empresas: CorpBanca, Alsacia y Ripley.
Sin embargo, a cuatro meses de recibida esta información, aún el Servicio de Impuestos Internos está recopilando antecedentes al respecto. Según fuentes del organismo, terminaron de recibir datos contables de las empresas mencionadas y ahora se registraba el proceso de declaraciones juradas de los representantes legales. En cuatro meses de trabajo, el Servicio siempre se ha amparado en el trabajo meticuloso que realizan, en que sus tiempos no son los mismos que los de la Fiscalía, que trabajan con independencia y, hace algunos días, el subdirector jurídico del organismo, Cristián Vargas, también dijo que la información enviada hasta entonces por la Fiscalía era insuficiente y no podían ir tras cualquier contribuyente.
Sin embargo, las críticas al Servicio de Impuestos Internos han caído pesadas y les dan en el centro. La ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, aseguró que el organismo “está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía” por los tiempos que han demorado en denunciar para allanar el camino al Ministerio Público. Y la eventual independencia ha sido al menos acotada por distintos actores: el cargo que ostenta el director del SII, Michel Jorratt, es designado por el Presidente de la República.
Los hechos que más han frenado a la justicia para llegar hasta SQM provienen, muchas veces, de la propia institucionalidad. Y la situación que a comienzos de la semana pasada podía ser auspiciosa para el Ministerio Público –cuando se presentaron ante las oficinas de SQM requiriendo entregar voluntariamente información contable entre 2009 y 2014, hecho a lo que la empresa había accedido originalmente– cambió dramáticamente, haciendo parecer a diversas instituciones como arqueros tratando de parar un gol. Todos al mismo tiempo.
Después de esa reunión entre la Fiscalía y SQM –a la que se llegó debido a que el SII no ha presentado una acción penal que les permita investigar–, siguió una conferencia de prensa donde el SII no sólo dijo que la información entregada a ellos por la Fiscalía ha sido insuficiente, sino que, en medio de los cuestionamientos a las empresas, el Servicio anunció que se investiga a unos 200 contribuyentes por evasión usando una figura similar a la descubierta en el caso Penta, ampliando el radio de atención y dejando en claro que existirá un vía administrativa como puerta de salida. Una sentencia que ayudó a reforzar el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien tres días después dijo en una entrevista a la prensa que ante problemas complejos como los casos Penta y Caval “no existe una sola solución”.
Las declaraciones de las autoridades se han endurecido mucho más cuando Soquimich se mencionó en la investigación, a diferencia de cuando comenzó el caso Penta. En el marco de un seminario de Icare, ayer los dos ministros más poderosos de La Moneda, Alberto Arenas (Hacienda) y Rodrigo Peñailillo (Interior) salieron a blindar a Jorratt ante un escéptico empresariado. “El SII es una institución autónoma, seria y hay que terminar con las descalificaciones que son no a lugar respecto al trabajo serio que las instituciones en Chile realizan. Impuestos Internos como institución seria y apegada a la ley ha realizado lo que corresponde y seguirá realizando lo que corresponde. En Chile las instituciones funcionan y el SII, lo reitero, ha hecho lo que corresponde y seguirá haciendo lo que corresponde”, dijo Arenas ante las preguntas insistentes de la prensa.
Sin embargo, los cuestionamientos vienen de todos los sectores. El director ejecutivo de Horizontal –think tank ligado a Evópoli–, Hernán Larraín Matte, plantea que esta situación ha llevado a que la autonomía del Servicio de Impuestos Internos sea puesta en duda: “Me cuesta entender la justificación que el SII ha dado respecto a que no existen antecedentes para presentar acciones judiciales en contra de SQM. Con el mes que se le permitió a la Fiscalía indagar, ya hubo antecedentes para hacerlo. Y creo que hay suspicacias justificadas respecto de que el SII no está cumpliendo con lo que le corresponde, que es permitirle a la Fiscalía investigar a fondo”.
Fue la Segunda Sala del Tribunal Constitucional la que definió por unanimidad acoger el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso, en representación de SQM, y que paralizó la jugada de la Fiscalía que buscaba una autorización del Octavo Juzgado de Garantía para allanar las oficinas de SQM y, de esa forma, acceder a los libros de contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014.
“(…) En el requerimiento se solicitaba la suspensión de la gestión en la que incide el requerimiento, es decir, la suspensión de la arista SQM de la investigación penal. Respecto de eso hay una resolución muy específica que ordena la suspensión del procedimiento en dicha gestión hasta que la sala se pronuncie acerca de la admisibilidad y solamente respecto de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas intrusivas en la denominada arista SQM de dicha investigación penal”, aseguró ayer el relator de la Segunda Sala del TC, Rodrigo Pica, sobre las consecuencias de la decisión adoptada.
La composición de la sala que definió acoger el requerimiento de SQM es el fiel reflejo del cuoteo político bajo el que se ordena este organismo del Estado creado con la Constitución de 1980. Sus integrantes son cinco: tres cercanos a la Alianza y dos vinculados a la Democracia Cristiana. Entre los primeros está María Luisa Brahm, ex jefa de asesores del gobierno de Sebastián Piñera; Cristián Letelier, ex diputado UDI salpicado en el caso Penta luego que apareciera un mail donde solicitaba recursos al “Choclo” Délano; e Iván Aróstica, ex jefe jurídico del Ministerio del Interior en la administración anterior. Los cercanos a la Nueva Mayoría son Gonzalo García Pino y Carlos Carmona, quien preside el Tribunal. Ambos son cercanos a la falange.
Carmona se desempeñó como subsecretario general de la Presidencia entre los años 1999 y 2000. En esta misma cartera cumplió funciones por catorce años como jefe de la División Jurídica, durante los gobiernos de los Presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
García Pino fue subsecretario de Marina del primer Gobierno de Bachelet y también subsecretario de Guerra. Entre 1994 y 1997 ejerció como jefe del comité asesor del entonces ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma.
Ninguno de los integrantes tiene militancia oficial en un partido, ya que las normas del TC los obliga a abandonar sus filiaciones cuando ingresan al organismo.
La pertinencia del Tribunal Constitucional ha sido sistemáticamente cuestionada en los últimos años. Ha sido bautizado como la “tercera cámara”, y el constitucionalista de la Universidad de Chile, Fernando Atria, ha dicho que el TC es uno de los “cerrojos constitucionales” legados por la dictadura para mantener el orden político económico instaurado en los 80.
Atria dice que el TC no estaba obligado a suspender los procedimientos de la Fiscalía con respecto a Soquimich, porque la suspensión no es consecuencia automática de acoger a tramitación un requerimiento.
“Lo relevante es la señal que se envía para casos futuros. Uno podría pensar que, en casos como éste, obtener una semanita vale oro, porque en una semanita uno puede dedicarse a picar papel. No estoy haciendo imputaciones. Pero significa que, en el futuro, cualquiera que desee obtener una semana de tiempo podrá recurrir al Tribunal Constitucional para lograrlo. A mí me sorprende que el TC no haya considerado la posibilidad de que esté siendo utilizado para lograr esa semana. Es insensato”, asegura Atria.
A pesar del peso de enclaves como el TC, Marco Moreno argumenta que existe un cambio cultural importante y que los espacios que han sido controlados por el poder político hoy han perdido control. Moreno argumenta que al judicializarse la política –“se judicializó porque los políticos no fueron capaces de autorregular lo que ocurría entre el dinero y política”–, el poder real perdió capacidad de maniobra. Dice que ahora ya no es posible un acuerdo por arriba y que el control del proceso lo están teniendo los medios de comunicación y la Justicia.
En paralelo, relata que existe un profundo cambio cultural en los organismos que administran la Justicia, que los ha alejado de la elite y, por tanto, de sus mecanismos de control: “La mayoría de los funcionarios actuales de la Fiscalía se formaron en universidades no tradicionales, y esa generación se formó con otro tipo de valores y creencias, menos apegadas a la visión tradicional de la necesidad de consensos y acuerdos, y de responder a una elite política. Son mucho más autónomos y empoderados respecto del enfoque de derechos. Además son gente que proviene de los sectores medios bajos. La mayoría de los fiscales no son de las grandes familias, ni vienen de los grandes estudios, tampoco son parientes… hay un cambio cultural que ha pesado y que coincide con el proceso de la reforma procesal penal”.
“Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito…”, dice la canción de Roberto Carlos donde declara querer tener un millón de amigos para “así más fuerte poder cantar”. La lírica del hit setentero se podría aplicar a la realidad del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, aunque ese millón de conexiones le sirva no sólo para cultivar relaciones personales, según comentan quienes conocen su historia y afirman que es un hombre “temido” y del que nadie quiere aparecer muy cerca.
Sus redes son amplias y efectivas. No es una novedad la asesoría política que hace años le presta el socialista Enrique Correa, y que su empresa Imaginacción tiene la cuenta de Soquimich y está a cargo de los asuntos públicos que incluyen diseño estratégico, comprensión de los sucesos políticos, económicos y sociales del país y lobby, además de la gestión de prensa.
Correa es un estratega y alguien que maneja a la perfección los ritmos del devenir comunicacional. Es uno de los asesores más escuchados por los empresarios y su pertenencia al mundo de la centro izquierda le da un plus que el resto no tiene.
El ex ministro también ha colaborado con el entorno más estrecho de Michelle Bachelet: prestó servicios de asesorías ad honórem a los abogados de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, formalizados por cuasidelito de homicidio por la fiscal Solange Huerta, a raíz de las muertes provocadas por la falta de alerta de maremoto el 27 de febrero de 2010. Actualmente ha destacado como asesor de la hasta hace poco presidenta del Senado, la PS Isabel Allende.
Pero Correa no es el único nexo de SQM con la gobernante Nueva Mayoría.
El requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso ante el TC abrió las suspicacias debido a las redes que rodean al penalista. Militante PPD, siempre ha sido considerado para diferentes cargos de Gobierno. En el primer mandato de Michelle Bachelet, su partido lo propuso como subsecretario del Interior para reemplazar a Felipe Harboe, quien dejó el cargo para postulase al Congreso. En esa época fue sugerido como Intendente de la Región Metropolitana y se le ha nominado para subsecretario de Justicia en algunas ocasiones. El abogado –cercano a Girardi, al diputado Pepe Auth y al actual embajador Alejandro Bahamondes–, renunció el año 2011 a su postulación como integrante del Consejo para la Transparencia.
Donoso tiene un perfil penalista, pero su mayor fortaleza, aparte de lo jurídico, son sus redes políticas, que llegan hasta La Moneda. En el Gobierno y en el PPD precisan que Donoso efectivamente tiene un relación “muy estrecha” con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
No es raro que Ponce apueste por nombres con arraigo en la Nueva Mayoría. En medio del escándalo por el caso Cascadas puso en uno de sus directorios al socialista Hernán Contreras, y antes a Fernando Bustamante, parte de la red de Ricardo Lagos.
Desde el 31 de julio del 2012 hasta el 19 de agosto del 2013, el ex ministro vocero del primer gobierno de Bachelet, el socialista Osvaldo Puccio, formó parte del directorio de Pampa Calichera, una de las cascadas de Ponce Lerou que en ese tiempo estaban en medio del huracán por el escándalo que significó la forma de control de SQM implementada por el ex yerno de Pinochet. El abogado DC Alejandro Ferreiro participó también del directorio de las cascadas. En su caso, entre abril del 2010 y marzo del 2012 formó parte de Norte Grande.
En otra de las cascadas, Inversiones Oro Blanco, aparece como director el ex diputado de la UDI y actual director de TVN en cupo de la derecha, Cristián Leay, quien es uno de los militantes gremialistas más cercanos a Pablo Longueira.
A pesar de estos datos, históricamente Ponce ha sido mucho más cercano a la derecha que a la centro izquierda. Cercanos a la UDI reconocen que el controlador de SQM está entre sus financistas de siempre, y los nombres que se han filtrado de documentos que maneja la Fiscalía, dan cuenta de que son varios los asesores del gremialismo que han emitido boletas a la minera en los últimos años. Entre ellos, un hijo de Pablo Longueira, así como asesores de los senadores Jaime Orpis y José Antonio Coloma.
Que la billetera de Ponce es transversal es algo que siempre se ha sabido en los pasillos de la política, pero las últimas revelaciones de la investigación del Ministerio Público parecen confirmarlo. A los nombres ligados a la UDI, se suman asesores del senador PS Fulvio Rossi, el hijo del diputado DC Roberto León, y el ex embajador falangista Marcelo Rozas, junto a su hijo y su cónyuge.
A pesar de la amplia red de contactos que posee el controlador de SQM, el sociólogo Alberto Mayol plantea que hoy no existen actores institucionales validados para frenar eternamente la investigación, ni evitar que el maridaje de la política con los negocios se desnude. “Hace dos meses existía quien podía parar esto, y era Michelle Bachelet, ella era un pilar del modelo que era capaz de solo con su carisma, historia y experiencia de vida, contener grandes oleadas de descontento, de alivianar, porque era creíble y distinta de la elite corrupta y desgastada. Pero hoy, con el caso Caval, y sobre todo con la pésima gestión del mismo, ella no tiene la capacidad tampoco. En el sistema no hay nadie que pueda poner su carisma por delante para frenar esto”.
