Información estaría en manos de La Moneda y de partidos oficialistas
Se trata de un catastro que se desglosa en 13 senadores y 37 diputados pertenecientes a la Nueva Mayoría y a la UDI. El Ministerio Público accedió al listado el 16 de enero, cuando llegó hasta las oficinas de la empresa controlada por Julio Ponce, que voluntariamente hizo entrega de su libro de retenciones.
La Fiscalía tiene en su poder un listado de 50 parlamentarios y tres ministros de Estado actualmente en ejercicio, quienes a través de boletas a nombre de familiares, asesores, amigos y think tanks, habrían recibido de manera irregular financiamiento para sus campañas pollíticas por parte de la empresa SQM.
Según informó este jueves Radio Bío Bío, se trata de un catastro que se desglosa en 13 senadores y 37 diputados pertenecientes a la Nueva Mayoría y a la UDI. La emisora señala que el equipo encabezado por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán y conformado por Carlos Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena, está abocado a hacer los cruces entre los emisores de las boletas y los políticos involucrados, ya que hasta el momento no existe total certeza de que todos ellos incurrieran en un eventual delito.
El Ministerio Público tendría en sus manos esta información desde el pasado 16 de enero, cuando representantes de la Fiscalía llegaron hasta las oficinas de la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou y donde, de manera voluntaria, se les hizo entrega del libro de retenciones, que contendría la información clave del caso.
Asimismo, se indicó que tanto La Moneda como los partidos de la Nueva Mayoría estarían al tanto del listado, que daría luces de cuál fue el destino de los 11 millones de dólares que SQM declaró como gastos sin respaldo.
La noticia se conoce un día después de la publicación de la última encuesta Adimark y que da cuenta del incremento de la desaprobación no sólo del Gobierno, sino también de la Cámara de Diputados y el Senado y que se empina por sobre el 77 por ciento.
Consultado sobre la información, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó que «tengo entendido que es un trascendido respecto de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y que, por lo demás, es una investigación que tiene carácter reservado. En ese sentido, lo que hemos señalado como Gobierno es que en un Estado de Derecho democrático, lo que corresponde es que las instituciones, particularmente el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, lleven a cabo sus investigaciones sin interferencias políticas y, como lo hemos señalado, sin sacar conclusiones anticipadas cuando se está llevando a cabo la investigación».
