Analista Max Colodro estima que «podría haber una apropiación indebida» en supuesta maniobra de empresa de Piñera que pagó bono con donación política
A raíz de la denuncia efectuada ayer por Matías del Río, el columnista estimó que sería «muy grave» y eventualmente constituir un delito el hecho de que el ex Presidente Piñera hubiera usado aportes de campaña para resolver cuestiones de orden laboral.
En el capítulo de ayer de ‘Tolerancia Cero’, uno de los conductores, el periodista Matías del Río, aseguró que a partir de un reporteo en el entorno de Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, y con gente de Bancard, la matriz de inversiones de Sebastián Piñera, estaba en condiciones de afirmar que un bono por aproximadamente $130 millones, cancelado a comienzos de 2010 a Jaime de Aguirre se pagó con donaciones políticas hechas por SQM, su filial Pampa Calichera, Aguas Andinas y otra empresa que no nombró.
Del Río dijo que manejaba información respecto de que este cambio en el destino del dinero aportado en 2009 había generado molestia en las empresas aludidas. «La pregunta que queda por hacerse ahora, porque desde el punto de vista del empleado recibe la misma plata, es: cuando Soquimich, Aguas Andinas y Calichera hacen el depósito (…) cuando en su cabeza están firmando un cheque, ¿lo firman para qué? ¿Para dar una donación política o para pagarle a un ejecutivo de una empresa? Esa pregunta yo no la puedo responder. Es la pregunta que está en el aire, es la pregunta que me imagino que los fiscales harán. Porque, conversando con abogados de una de estas empresas, me dicen que se sienten eventualmente engañados, y eso es lo que está también en la prensa, porque sienten que se pagó con platas de donaciones políticas a ejecutivos de Bancard», reveló.
Hoy, consultado por La Segunda, el analista Max Colodro va un poco más allá y dice que esta maniobra con la que se pagó un bono por desempeño a Jaime de Aguirre, en ese entonces empleado de Bancard, puede ser constitutiva de delito. «Lo delicado de la denuncia es que aparentemente habría habido un uso de recursos privados de campaña, que una empresa entrega a un candidato para ser usados en una campaña presidencial, que termina siendo usando para financiar actividades empresariales, es decir, para pagar bonos y sueldos (…) la situación puede ser constitutiva de delito», aseguró.
«Podría haber eventualmente una apropiación indebida de recursos que eran destinados para fines electorales. Me parecería muy grave si Piñera usó recursos que ingresaron para campañas, para resolver cuestiones laborales», concluyó.
