Varias redes y nombres de involucrados terminan en el histórico líder de la UDI
Hugo Bravo y los propios dueños de Penta reconocieron haber entregado aportes para su campaña durante 2013. En la arista de SQM más de una docena de personajes relacionados con él fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos por la emisión de boletas truchas. No solo eso, también hay datos que apuntan a platas y personajes ligados al mundo pesquero, marcado por la ley que impulsó mientras fue ministro de Economía. También apareció en el Caso Caval, según la declaración de un oscuro personaje que asegura que parte de las ganancias lo beneficiarían a él, lo que el ex senador rechazó tajantemente ante el fiscal que lleva el caso.
Aunque alejado formalmente de la política desde que se bajó de la carrera presidencial en 2013, Pablo Longueira no ha salido de escena. Al contrario, su nombre ha aparecido en todos los casos que hoy remecen al mundo político: Penta, SQM y ahora también Caval.
En este último caso, el ex senador anunció que estudiaba querellarse y prestó declaración voluntaria ante el fiscal Luis Toledo –a cargo de la investigación que involucra a la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon–, rechazando tajantemente tener algo que ver con esta historia.
Longueira se ha transformado en un nombre transversal en los escándalos que remueven el mundo político. Partiendo por Penta.
El llamado “líder popular de la UDI” y uno de los fundadores del gremialismo junto a Jaime Guzmán, apareció vinculado por primera vez al Pentagate en la grabación de una conversación entre el ex gerente de la compañía, Hugo Bravo, y uno de los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín, quien hasta la semana pasada estuvo en prisión preventiva junto a su socio Carlos Alberto Délano.
Durante la grabación, captada en el departamento de Bravo y que forma parte de las pruebas que tiene la Fiscalía, el ex gerente de Penta se refiere a la situación que vive el conglomerado y los eventuales delitos investigados por el Ministerio Público.
Bravo detalló que el pago “en efectivo fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones. Que los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega $ 50 millones (en billetes) sin preguntar”.
Luego, en su declaración ante la Fiscalía, Bravo agrega que el Grupo Penta incluso habría desembolsado otros $35 millones «para que Longueira viviera después que se bajara como candidato», aludiendo a su renuncia a la carrera presidencial debido, según se explicó públicamente, a que enfrentaba una severa depresión.
[cita]Mientras Pablo Longueira era ministro de Economía, promovió la Ley de Pesca que en su conjunto favorece los intereses de la industria pesquera y que ha sacado ronchas entre diversos actores, incluidos los pescadores artesanales. La aprobación de la ley estuvo empañada por el escándalo de las platas entregadas por Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, a la entonces parlamentaria Marta Isasi, en el período previo a su reelección como diputada por Iquique y antes de que se iniciara la tramitación de la polémica ley. Aportes que fueron leídos como la entrega de recursos para campañas políticas y que hoy se ven como un pequeño adelanto de la bomba de racimo instalada post-Caso Penta.[/cita]
Carlos Alberto Délano también reconoció ante la Fiscalía entrega de dineros a Longueira, aunque precisó que él no les había pedido aportes sino que, junto a su socio Carlos Eugenio Lavín, decidieron apoyarlo y contactar su candidatura.
El ex senador desmintió haber recibido aportes de Penta durante las primarias presidenciales de 2013.
También existe un correo electrónico en manos de la Fiscalía que apunta hacia el ex ministro de Economía, enviado por el ex diputado Cristián Letelier (ex UDI) –que en enero pasado asumió como nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC)– a Carlos Alberto Délano en junio de 2013, en medio de las primarias de la Alianza. En el mail, el entonces parlamentario apela a la escasez de recursos para la campaña de su candidato: “Por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece”.
La arista SQM, que ha hecho temblar al mundo político, también toca a Longueira. Y desde varios frentes.
En un informe enviado por la compañía de Julio Ponce Lerou al Servicio de Impuestos Internos (SII) y publicado por El Mostrador, se revelaron 240 Rut que le emitieron boletas el 2010. Entre estos Rut aparece uno de los hijos de Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, que durante ese año boleteó $ 4.450.333.
Esa fue la primera luz de que el ex candidato presidencial también aparecía vinculado a pagos con SQM que olían a financiamiento de campañas políticas.
A principios de abril, el SII complicó más las cosas luego de la denuncia de 172 contribuyentes respecto de los cuales pidió al Ministerio Público llevar a cabo una investigación. Entre ellos, José Tomás Longueira Brinkmann.
Era solo la punta del iceberg: más de una decena de nombres incluidos en esta denuncia están vinculados a Longueira.
En las entregas de estas boletas hay un personaje clave: “Titi” Valdivieso (Carmen Luz Valdivieso), asesora histórica y brazo derecho del ex senador, quien –según varios testimonios al SII entregados por personas incluidas en la denuncia– coordinaba la entrega de estas boletas, que en la práctica eran entregadas sin haber hecho un trabajo real, tras la petición de colaboradores de Longueira.
Así lo estableció en sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos el abogado Ricardo Jorquera Gutiérrez, que emitió boletas de honorarios por servicios inexistentes por $6.666.667, según la denuncia del organismo dirigido por Michel Jorratt. Según Jorquera, Valdivieso lo contactó a través de un compañero cuando estaba en la universidad, pero aseguró que no prestó esos servicios, y explicó que la boleta “iba a un correo de una persona conocida como ‘Titi’ Valdivieso (…) ella era la persona que estaba organizando esto, son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de 10”.
Un ex concejal de RN, Patricio Lazcano, que emitió boletas por más de 12 millones de pesos, declaró que fue desde la Fundación Chile Justo, a través de «Titi» Valdivieso, que se le solicitó emitir boletas a nombre de SQM.
De esta forma, la Fundación Chile Justo, creada por Longueira en 2006 cuando era senador, figura en la mira del SII pagando boletas a personas ligadas a candidatos por trabajos que jamás realizaron.
Hacia la misma dirección apunta Solange Hermosilla Chandía, quien entregó boletas por servicios inexistentes a SQM por $5.555.556. En la declaración presentada por Hermosilla ante el SII, señaló que «quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, sólo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que la llamaban ‘Titi Valdivieso’, creo que su nombre es Carmen Luz Valdivieso, quien al parecer es asesora de Pablo Longueira». Según dijo, Valdivieso le señaló que «el 10% de la retención de la boleta de honoraros la entegaría la empresas Soquimich y luego yo lo podría recibir al presentar mi declaración de renta, en el año tributario 2010».
Además, Hermosilla hizo una revelación que complica aún más el escenario de Longueira, al reconocer que no fue contactada por “Titi” Valdivieso a fin de emitir boletas de honorarios no solo para SQM, sino también para otras empresas en los años 2009 y 2010. Se trata del Centro de Estudios de Nueva Minera Ltda. –controlado por el UDI Cristián Leay, un cercano a Longueira– y la Pesquera Golfo S.A., una de las empresas más importantes del sector pesquero controlada por la familia Santa Cruz, que en 2011 se fusionó con Pesquera Itata de la familia Sarquis, dando paso a Blumar.
Mientras Pablo Longueira era ministro de Economía, promovió la Ley de Pesca que en su conjunto favorece los intereses de la industria pesquera y que ha sacado ronchas entre diversos actores, incluidos los pescadores artesanales. La aprobación de la ley estuvo empañada por el escándalo de las platas entregadas por Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, a la entonces parlamentaria Marta Isasi, en el período previo a su reelección como diputada por Iquique y antes de que se iniciara la tramitación de la polémica ley. Aportes que fueron leídos como la entrega de recursos para campañas políticas y que hoy se ven como un pequeño adelanto de la bomba de racimo instalada post-Caso Penta.
Los vínculos con el tema pesquero y las boletas falsas con Longueira también llegan a través de un ex asesor suyo en el Ministerio de Economía, Carlos Feres Rebolledo, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Su hijo, José Carlos Feres Ducci, recibió dos boletas de honorarios presumiblemente falsas por un total de 12 millones de pesos.
Por otra parte, Alejandro Arias Edwards, que fue abogado asesor del gabinete de Longueira y trabajó en la Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca durante el gobierno de Piñera, entregó una boleta por $ 4.999.999 a la minera no metálica.
El abogado Alfonso Mora Domínguez, que es sobrino de Longueira y además trabajó con Pablo Zalaquett, entregó 2 boletas a SQM por 12 millones de pesos. También ha recibido honorarios de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), además del Centro de Estudios Nueva Minería. Su hermana, María Loreto Mora Domínguez, entregó boletas a SQM por 16 millones de pesos.
La denuncia del SII incluye otros nombres que vinculan a Longueira con boletas falsas a SQM. Como la esposa de su cuñado Francisco José Brinkmann Estévez, Loreto Undurraga Casteblanco, que entregó tres boletas por un total de $14 millones de pesos.
O el abogado Rubén Carvacho Sáez, el “ahijado” que Longueira apadrinó luego de conocerlo en un campamento, que emitió una boleta de honorarios presumiblemente falsa por $5.000.000. Su esposa, Carolina Chamorro Martínez, hizo lo mismo por un monto idéntico.
Quien fuera asesora de prensa del Ministerio de Economía cuando Longueira lideraba la cartera, Karin Grollmus Fritz, también figura con una boleta de honorarios por 3 millones de pesos.
Además de ‘Titi’ Valdivieso, otra estrecha colaboradora de Longueira aparece vinculada al financiamiento irregular proveniente de SQM: Carmen Luz de Castro Blanco, más conocida como “Coca” de Castro, y vicepresidenta de las fundaciones del ex senador, también entregó boletas de honorarios a SQM, por 5 millones de pesos.
La también histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett, que ya declaró en el caso Penta, fue coordinadora de la campaña senatorial de Pablo Longueira por Santiago Oriente y trabajó, asimismo, en las campañas de Francisco de la Maza, Joaquín Lavín y Cristián Leay, este último, fundador del Centro de Estudios Nueva Minería.
La Fundación Chile Justo y el Centro de Estudios de Nueva Minería comparten más que la misma dirección en Providencia, ya que al igual que la fundación de Longueira, la de Leay es sindicada por diversos testimonios como pagadora de servicios no prestados a través de la compañía de Ponce Lerou.
Según fuentes cercanas a Longueira, la Fundación Chile Justo habría recibido fondos de SQM, siendo el contacto el ex diputado Cristián Leay (UDI), actual miembro del directorio de TVN, que actuaba como nexo con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
La nuera de Leay, Trinidad Subercaseaux Alessandri, emitió boletas de honorarios por servicios inexistentes por $ 5.555.556, lo que reconoció en su declaración, señalando que “la verdad no me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento (a SQM) lo más seguro es que haya sido parte de la familia, de mi marido Alejandro Leay Cabrera, que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a Soquimich S.A., tampoco realicé ningún servicio (…). El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por $5 millones y luego se lo entregué a mi suegro, Cristián Leay Morán”.
En medio del escándalo de Penta y SQM, ahora Longueira también apareció asociado al caso Caval, investigado por el fiscal Luis Toledo, que indaga posibles delitos de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en la compra de tres terrenos en Machalí por parte de una sociedad ligada a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
Durante la extensa declaración de Compagnon ante el Ministerio Público, esta reveló que la mitad de la ganancia del negocio iría a manos de dos conocidos dirigentes de la UDI, Patricio Cordero y Juan Díaz. Este último, fue contactado por Pablo Longueira, cuando era presidente de la UDI, por el caso Spiniak, para echar por tierra el testimonio de Gema Bueno contra el entonces senador Jovino Novoa.
Según señaló Compagnon “desconocía absolutamente cómo se iba a distribuir el dinero que recibirían Juan Díaz y Patricio Cordero. Menos aún que parte de ese dinero debía llegar a manos del senador Iván Moreira y del ex ministro Pablo Longueira”.
Historia que fue mencionada ante el fiscal Toledo por el gestor comercial de Caval, Victorino Arrepol, quien habría asegurado que escuchó que parte de las ganancias de parte de los terrenos de Machalí serían para ambos UDI. Versión que días después empezó a modificar. Una nueva hebra que complica al ex candidato presidencial.
