Caso Corpesca vuelve a complicar a los gremialistas
Los esfuerzos comunicacionales del partido están orientados a instalar el concepto de irregularidades administrativas y respaldar la versión del senador Jaime Orpis: los aportes mensuales de Corpesca no incidieron en sus votaciones. Sin embargo, en su trabajo parlamentario favoreció varias veces a la pesquera del grupo Angelini, incluida su votación en la polémica Ley de Pesca.
La arista SQM que explotó en la Nueva Mayoría y derrumbó al comité político de la Presidenta Bachelet, le dio unos meses de calma a la UDI. La tesis de financiamiento irregular de la política como práctica transversal, impulsada en enero por los gremialistas, terminó por imponerse. Cuando el partido daba señales de rearmarse y lanzaba fuertes críticas al SII por discriminación, desigualdad de trato en las querellas y persecución política contra Jovino Novoa, se desató un nuevo conflicto que devolvió a la UDI al centro de los cuestionamientos en los escándalos de corrupción.
El senador Jaime Orpis, uno de los miembros más queridos en el partido, respetado y considerado uno de los hombres “buenos”, según varias fuentes, está siendo investigado por posible cohecho, luego de que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente detectara boletas de sus asesores a la pesquera.
A eso se sumó la filtración de las declaraciones de Francisco Mujica, ex gerente general de la pesquera, quien reveló que el senador por Arica y Parinacota recibió durante más de tres años, entre 2000 y 2013 –período que coincide con el debate para promulgar la Ley de Pesca, la cual votó a favor–, cerca de 50 millones de pesos de la empresa del grupo Angelini. El cuadro, según expertos penalistas, da para configurar judicialmente la figura del cohecho.
Los primeros días tras conocerse la noticia, Orpis se recluyó. No contestó los llamados de otros miembros del partido. Temía que el escándalo desatado perjudicara a la Fundación Esperanza y estaba emocionalmente muy afectado. Sin consultar el tono de la declaración con la directiva, el sábado pasado, luego de avisarle a Hernán Larraín, Orpis envió su versión a El Mercurio admitiendo los aportes de la pesquera. En la carta recalcó que los dineros solicitados fueron para pagar las deudas de su campaña y que no influyeron en sus votaciones relacionadas al sector. “Reconozco que solicité apoyo para el financiamiento de campañas políticas y desmiento categóricamente que ello haya influido en modo alguno en la manera en que he votado o actuado en mi vida parlamentaria”, argumentó el senador, para descartar la figura del cohecho.
[cita] En privado, miembros de la directiva reconocen que “ya no podemos seguir pidiendo disculpas y dando explicaciones todo el tiempo”. El problema es que no tienen certezas de si existen otros parlamentarios involucrados en financiamiento irregular de sus campañas y nadie está dispuesto a reconocerlo antes de que los casos exploten por la prensa. [/cita]
Al día siguiente, Hernán Larraín le entregó su apoyo en el mismo diario e hizo un llamado “a sincerar lo que ha ocurrido en el financiamiento de la política”. El objetivo era emplazar al Gobierno a que, tal como ellos, reconociera los aportes irregulares y se admitiera la precampaña de la Nueva Mayoría. A la vez, el presidente del partido respaldó los dichos de Orpis, según los cuales los aportes de la pesquera no constituyen delito, pero sí “son irregularidades administrativas que deben tener las correspondientes sanciones”. Al interior del partido, la entrevista se leyó como un reconocimiento a la directiva encabezada por Ernesto Silva, porque Larraín actuó en la misma línea definida en enero.
El lunes a primera hora, en el Comité Comunicacional, se evaluó bien la estrategia desplegada por el senador y el presidente del partido. En la práctica, se reforzó la tesis inicial: “Las irregularidades son un problema institucional que afecta a todo el sistema político”. El blindaje de Orpis se centró en valorar la transparencia del parlamentario y en insistir en que los pagos de Corpesca son “irregularidades administrativas”. Otro punto central fue destacar que los aportes fueron para pagar deudas de su campaña y no para el enriquecimiento personal del senador; de esa manera, se buscaba marcar diferencias con respecto al Caso Caval.
En la conferencia de prensa, fijada luego del referido Comité Comunicacional, el partido profundizó la entrevista dada por Larraín y pidió, nuevamente, disculpas a la ciudadanía. Aunque con una diferencia: “Esta vez no habrá defensas corporativas. Las responsabilidades son personales y así deben entenderse. Pero nosotros advertimos que hay responsabilidades políticas y por eso corresponde pedir disculpas”, explicó el senador Larraín.
En privado, miembros de la directiva reconocen que “ya no podemos seguir pidiendo disculpas y dando explicaciones todo el tiempo”. El problema es que no tienen certezas de si existen otros parlamentarios involucrados en financiamiento irregular de sus campañas y nadie está dispuesto a reconocerlo antes de que los casos exploten por la prensa.
