El nuevo escenario en el SII

El Ministerio Público pidió al Octavo Juzgado de Garantía una audiencia para formalizar al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz por supuestos delitos tributarios asociados a las boletas que el dirigente político emitió a la minera SQM entre 2011 y 2014, por un total de  $112.500.000.  Y aunque el nombre de Eguiluz y las boletas emitidas están claros en la investigación de la Fiscalía, la apuesta por la formalización es una carrera donde el Ministerio Público transita solo.

Así como en el caso de Eguiluz, hay otros donde no existen querellas nominativas en contra de políticos por parte del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, la Fiscalía necesita un mayor esfuerzo para demostrar los delitos ante los tribunales.

Es uno de los temas que deberá enfrentar el organismo que ha sido reorganizado en medio de un manto de dudas sobre su transparencia y autonomía. De hecho, la querella del SII contra el recaudador de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli incluye sólo 6 facturas, y están casi todas prescritas. Lo clave es que el servicio presente acciones penales contra la empresa de Martelli, Asesoría y Negocios, y contra los políticos que van a ser formalizados este mes: Felipe de Mussy, Iván Moreira, Alberto Cardemil, Pablo Zalaquett y Jovino Novoa, siendo estos dos últimos los más complicados.

Eso es al menos lo que esperan quienes están ligados a la investigación; una acción que demostraría –según diversas fuentes– que existe una intención del servicio de acallar las críticas que señalan que más bien ha habido demora en presentar ciertas acciones penales, como incluso quedó al descubierto luego de que se revelara parte de las correspondencia electrónica entre el ex director del servicio, Michel Jorratt, y el subdirector jurídico del mismo, Cristián Vargas.

Quién es quién

En medio de las polémicas que han azotado al SII, el director (s) del organismo, Juan Alberto Rojas, dio a conocer una reestructuración a comienzos de esta semana.

Según el comunicado público del SII, la acción buscaba “introducir cambios en las áreas resolutivas que permitan que la Institución siga cumpliendo adecuadamente con la misión que le impone la ley, continúe avanzando en la implementación ordenada de la Reforma Tributaria y pueda concentrarse en la aplicación exitosa de su plan estratégico y proyectos de modernización institucional”. Sin embargo, para otras fuentes al interior del SII, fue la forma más limpia de sacar de su cargo a Vargas sin hacer más ruido.

La decisión de que no siguiera a la cabeza de esa subdirección estaba tomada mucho antes, incluso, del arribo de Rojas a la dirección y se le habría comunicado a Vargas en la penúltima semana de mayo.

En medio de la espera de que el organismo presente acciones legales, la reorganización del servicio en este escenario pone mayor interés en cada maniobra que lleve adelante la entidad.

También en calidad de subrogante, las funciones de Vargas están al mando ahora de Lucio Martínez Cisternas, un abogado de carrera dentro del servicio, pero que –según fuentes del organismo– no será el que decida si presentar o no acciones legales, a pesar de que tiene las competencias y atribuciones. “Esa decisión finalmente es obvio que quedará en manos de Rojas”, señala una fuente del SII.

Ambos nombres seguirán en sus cargos, en todo caso, hasta que se acaben las subrogancias –unos tres o cuatro meses– y el nuevo director salga del concurso de Alta Dirección Pública. Él sería el encargado de nombrar al sucesor definitivo de Vargas, en una carrera donde el interés político es transversal. Tanto en la falange como en el Gobierno reconocen que la DC tiene especial interés en que la dirección nacional del SII quede en manos de unos de los suyos y, en ese cuadro, es clave la subdirección jurídica, para la cual –agregan en La Moneda– el partido de la flecha roja tiene un candidato “tapado” que aspira a instalar en ese cargo.

A pesar de los numerosos llamados de El Mostrador, no hubo respuestas del SII.