«A partir de las nuevas informaciones que hemos tenido hoy, nos parece que también debe ser investigada la responsabilidad política del ex ministro», dijo María José Hoffmann.
Los jefes de las bancadas de la UDI y RN, María José Hoffmann y Alejandro Santana, anunciaron que presentarán el próximo martes las 48 firmas necesarias para conformar una comisión investigadora para indagar los vínculos que puedan existir entre el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo con SQM.
«A partir de las nuevas informaciones que hemos tenido hoy, nos parece que también debe ser investigada la responsabilidad política del ex ministro», sostuvo Hoffmann.
Por su parte, Santana recalcó que «la magnitud de la influencia y del tráfico de datos puede ser muy relevante e importante».
Los parlamentarios aseguraron que la investigación debe determinar también la relación que tuvo Peñailillo con Martelli y algunos de los integrantes de la llamada la G-90 del PPD, varios de los cuales aparecen boleteando a Asesorías y Negocios SpA.
«En el proceso de una comisión investigadora se debe citar a todos quienes de alguna manera tengan mérito para hacerlo», dijo el diputado de Renovación Nacional.
Según El Mercurio, la comisión investigadora impulsada por la Alianza buscaría indagar las declaraciones que entregó el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt, en las que acusó presiones del Ministerio del Interior en torno al caso SQM.
«Queremos ver las eventuales responsabilidades políticas y las presiones que hubo desde Interior al SII», explicó Hoffmann.
En tanto, Santana hizo énfasis que «es fundamental esta solicitud, dado que hemos conocido permanentes acusaciones del ex director del SII, del ex subdirector jurídico del SII (Cristián Vargas) y del ex ministro Jorge Insunza, donde han planteado que han existido presiones ilegítimas».
En esa línea, no descartan una acusación constitucional en contra del ex secretario de Estado: «Los antecedentes que hemos conocido hacen que nos volvamos a replantear la posibilidad de una acusación constitucional».
