El órgano regulardor detectó una serie de errores, desprolijidades e infracciones a principios legales en el Censo realizado en 2012.
El Censo 2012 -anunciado bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera como «el mejor censo en la historia de Chile»- fue declarado como ilegal por parte de la Contraloría General de la República.
El órgano regulardor, que respondió a un requerimiento presentado por diputados de la Democracia Cristiana, detectó una serie de errores, desprolijidades e infracciones a principios legales.
«Se apartó de las recomendaciones internacionales que el primer precepto impone considerar, en cuanto a la realización de pruebas piloto; la necesidad de una cuidadosa planificación del proceso; de contar con personal calificado suficiente, y de proporcionar al mismo la capacitación necesaria (…) un cuarto de los funcionarios no recibió la debida capacitación», dice el informe de Contraloría.
«Tampoco se dio cumplimiento a la segunda disposición legal referida, según la cual tendrá el carácter de feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de los censos oficiales y la fecha del censo será determinada por resolución del Director Nacional del INE, lo cual fuera advertido por esta Contraloría General en su oficio N° 80.449, de 2011, al cursar con alcance el decreto N° 143, de ese año, del mismo ministerio», agrega.
Asimismo, apunta a que el proceso «se apartó de lo previsto en el reglamento respectivo, contenido en el decreto N° 36, del mismo año y origen, el cual discurre sobre la base de que el censo del 2012 se realizaría conforme la metodología habitual, esto es, de hecho, y que no fue oportunamente modificado».
Asimismo, la Contralaría establece que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) prescindió de la opinión de expertos y asesores acerca del cambio metodológico, por lo que no se evaluaron todas las implicancias.
Además, no se pudo advertir que conllevaría más tiempo y recursos, como tener que hacer reajustes a la cartilla, rediseñar la logística del levantamiento, entre otras cosas.
El requerimiento fue presentado por Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Gabriel Ascencio y Matías Walker, quienes junto con emplazar a las autoridades de la administración Piñera “a asumir su responsabilidad”, explicaron los “graves errores, negligencias e ilegalidades “ del censo 2012.
Entre ellos, las dudas que surgen sobre la contratación de servicios comunicacionales de la empresa Vox Comunicaciones, vinculada al ex candidato presidencial Laurence Golborne.
