La indicación, propuesta por la diputada DC Yasna Provoste, fue aprobada esta semana y, en concreto, según lo precisó, “representa una muy buena noticia para quienes sostenemos que el agua debe ser un bien de uso público y cuya priorización debe estar en el consumo humano y los respectivos ecosistemas».
La comisión de recursos Hídricos, presidida por la diputada DC Yasna Provoste, avanzó sustancialmente en el proyecto que modifica el Código de Aguas, eliminándose, en el artículo 56, la norma vigente que permite al empresariado minero utilizar las aguas que afloren en el área de sus faenas, sin obligación de informar ni solicitarlas al organismo pertinente; prerrogativa que no tiene ningún otro sector productivo del país.
La indicación, propuesta por la diputada DC, fue aprobada esta semana y, en concreto, según lo precisó, “representa una muy buena noticia para quienes sostenemos que el agua debe ser un bien de uso público y cuya priorización debe estar en el consumo humano y los respectivos ecosistemas, privilegiando a las comunidades antes que los intereses de las grandes mineras y que, además, impedía que la autoridad tuviera información pertinente sobre lo que se extrae y utiliza en las cuencas donde opera la minería en las regiones del norte y centro del país”.
La diputada DC agregó que “nosotros tiempo atrás habíamos presentado una indicación para derogar este inciso, la que habíamos perdido y hemos vuelto a presentar esta propuesta que fue apoyada por unanimidad de los miembros de la comisión de recursos hídricos y desertificación. Por un lado, terminamos con los privilegios hacia un sector productivo ; pero, también, hace justicia desde el punto de vista de simplificar estos requisitos para los pequeños mineros, lo que ha sido un elemento que va en la línea de lo que forma parte de las modificaciones al código de aguas: fortalecer el agua como un bien nacional de uso público y establecer condiciones y privilegios para los más pequeños y las garantías necesarias para el consumo humano”.
Finalmente, Provoste explicó que “lo que buscamos y esperamos que sea ratificado por la sala posteriormente, es que privilegiemos a las comunidades indígenas, comunidades agrícolas, agricultura familiar campesina, sistemas de agua potable rural, pero también , que se fortalezca el rol y las atribuciones de la Dirección General de Aguas”.
