«Lo que estamos proponiendo es algo histórico, que está en el programa de gobierno y no lo han cumplido», sostuvo la presidenta de la Afep, Alicia Lira.
Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron este jueves la impunidad en la que se encuentran los miles de casos de tortura ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira y el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal, informaron en una rueda de prensa sobre las investigaciones que se están realizando para esclarecer la verdad en torno a las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo el régimen militar.
En el encuentro realizado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, en el que también participó el director de la editorial Ceibo Ediciones, Dauno Tótoro, Lira puso acento a la falta de justicia que se ha hecho a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares.
Destacó que estos últimos, en conjunto con la movilización de las nuevas generaciones y la sociedad en general, han conseguido algunos avances incluso con la poca voluntad política de los gobiernos.
Alicia Lira señaló que en este mes de septiembre, mes de la memoria y en el que se recuerda el Golpe de Estado de 1973, «conmemoramos la tragedia que vivió este pueblo chileno por 17 años, pero también es el mes de la esperanza, de la lucha, de la verdad».
«Reivindicamos y renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por la verdad y la justicia para realmente llegar a una democracia que nos represente a todos sobre las bases de no a la impunidad», añadió.
La dirigente explicó que «nosotros como agrupaciones representamos un compromiso en todas las actividades a nivel nacional, donde se celebra desde hoy día el homenaje de chilenos y chilenas que fueron ejecutados, detenidos desaparecidos, exiliados».
En torno a las promesas incumplidas por parte del gobierno de Michelle Bachelet, dijo que «lo que estamos proponiendo es algo histórico, que está en el programa de gobierno y no lo han cumplido».
«Hay que anular el decreto de Ley de Amnistía (que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978). El cierre de la cárcel Punta Peuco -donde purgan condena unos cien violadores de los derechos humanos- la degradación a los militares condenados por violación a derechos humanos. Esto es una necesidad de país, de sanidad en términos de verdad justicia y memoria» subrayó Lira.
En esa línea, Miguel Retamal habló sobre la Comisión y el Informe Valech de Política y Tortura, creado en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y los pactos de silencios dictados por el mismo. Estos impiden que por 50 años se puedan conocer los testimonios de quienes fueron torturados por razones políticas en dictadura.
«El punto principal es resolver el silencio de 50 años impuesto por el ex presidente Lagos, en torno a los 60.000 testimonios que se guardan y que no ha sido posible que sean un aporte a la verdad y justicia».
El líder de la Afep, recordó el caso de José Huenante, joven desaparecido en 2005, tras ser detenido por carabineros.
«Que exista un detenido desaparecido en democracia, como es el caso del joven de 16 años José Huenante, representa la impunidad más cruel de este país. Hay un pueblo que está exigiendo dignidad y que realmente haya verdad y justicia plena, porque esa es la base fundamental para que en este país tengamos una real democracia y no lo que tenemos hoy día».
Asimismo, Lira comentó que «hay más de 300 agentes del Estado que no han pasado ningún día en la cárcel y duermen tranquilamente en sus casas».
