La colectividad oficialista sostiene que el polémico penal donde están recluidos violadores a los derechos humanos se debe terminar y ser transformada en una cárcel efectiva, donde lo que están cumpliendo condenas deben ser tratados como cualquier otro condenado y por lo tanto pueden compartir con el resto de la población penal con los resguardos necesarios tomados por Gendarmería.
Con una propuesta de cinco puntos, el Partido Radical entró el debate en torno a los planes antidelincuencia, iniciativa que busca establecer sanciones de cárceles más efectivas e incorporar a las Fuerzas Armadas en algunas labores conjuntas con Carabineros en las fronteras como también reutilizar el penal de Punta Peuco.
El presidente del radicalismo, Ernesto Velasco, dijo que la seguridad ciudadana es para el partido un derecho social y a «vivir libre, en paz y circular por las calles y que en tu casa no seas violentado es un derecho social y a quien más afecta es al vulnerable que no tiene color político. Este es un tema al que hay que darle la prioridad política que corresponde en la próxima ley de presupuesto».
La propuesta planteada por el PR apoya el control preventivo de identidad, solicitando a su vez un reglamento para ver la forma cómo se va a implementar, ya que «a nadie le quede duda que no es una rémora de la detención por sospecha. El reglamento del control de identidad por parte de Carabineros debe ser claro y preciso con los derechos de las personas para que no haya duda respecto de eso».
Además, solicitaron al ministro del Interior, Jorge Burgos, que envíe un proyecto de ley para que todo reincidente de delitos de robo con violencia, robo con intimidación, receptación o el «portonazo», pierda inmediatamente todo beneficio carcelario y tenga que cumplir su pena en prisión efectiva.
Los radicales también están impulsando el banco unificado de datos, cuyo objetivo es que exista un sistema teconológico que ponga en línea información integrada entre las policías, el Ministerio Público, los tribunales, Justicia, Sename y Gendarmería.
«Es decir todos los actores que tienen que ver con la administración de justicia. No hay nada que justifique que no se le dé importancia a algo tan relevante para que sea coherente con el control de identidad. Si lo que se quiere es detener personas con órdenes pendientes, es muy importante el uso de esta información en línea», sostienen.
El cuarto punto que pide el partido oficialista es el de incorporar al Ejército y las Fuerzas Armadas en el control y coordinación con Carabineros en el control de fronteras para detectar delitos como el narcotráfico, debido a que existen zonas donde la policía uniformada no puede tener presencia.
Finalmente, el radicalismo sostiene que para implementar el fin de los beneficios para los reincidentes es que no existe espacio para más población penal, por lo que «llegó el momento que el recinto de Punta Peuco sea una cárcel efectiva. No es para privilegios ni personas con una situación especial, sino que es para delincuentes y por lo tanto Gendarmería debe darle ese tratamiento».
En ese sentido, el vicepresidente de la colectividad, Patricio Tombolini, aseguró que «hoy el país está en condiciones de decir que se acaba el Punta Peuco que conocimos. Y ese recinto y terreno debe ser transformado en una cárcel efectiva y real como cualquier otra de Chile. Quienes están ahí ahora deben ser tratados como cualquier otro condenado y por lo tanto pueden compartir con el resto de la población penal con los resguardos necesarios tomados por Gendarmería».
