Contra resolución judicial que exige al Servicio Electoral detalles de dineros a políticos
La dura crítica al dictamen, publicada por el medio el domingo pasado, no mencionó que su controlador es un histórico financista de la política a través de este tipo de donaciones y que eventualmente podría verse salpicado por una investigación que ha dejado heridos en todos los sectores. Punto clave que, en opinión de distintos actores, es un conflicto de interés no resuelto que necesita ser transparentado.
La resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de exigir al Servicio Electoral (Servel) que identifique a los políticos que recibieron aportes reservados para sus campañas de parte del holding Cencosud, de propiedad de Horst Paulmann, de Quiñenco –empresa matriz del grupo Luksic– y de la sociedad anónima AntarChile, controlada por el grupo Angelini, encendió las alarmas en distintos sectores, que rechazaron la medida.
Este malestar tuvo tribuna en el editorial del domingo pasado del diario La Tercera, del grupo Copesa, que criticó duramente la decisión judicial e hizo un llamado a que los tribunales superiores de justicia la rectificaran, con el fin “de evitar que se tuerza el sentido de la ley y se viole la garantía dada por el legislador a quienes, de buena fe, confiaron en su intangibilidad”.
Según señalaba el medio, “lo más grave” es que se ordene a la entidad que dé a conocer el nombre de los candidatos y el monto de las donaciones que les fueron entregadas por estas empresas desde 2005, ya que “de aprobarse lo solicitado por el fiscal se violaría la reserva garantizada a las personas naturales y jurídicas, que, confiadas en esta disposición, aportaron a las campañas entendiendo que quedaban protegidas de las represalias u otros efectos que esa revelación pudiera causar”.
Lo que el editorial omitía es que la apertura de los aportes reservados a campañas políticas influye directamente en los intereses del dueño de Copesa, el empresario Álvaro Saieh, que a través de CorpBanca ha sido un asiduo donante de este tipo de aportes desde 2004, el primer año electoral en que empezó a funcionar este sistema.
De hecho, el acuerdo de fusión firmado en 2014 entre Corpbanca a Itaú, señala el compromiso de los accionistas a que CorpBanca haga “donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años”. El mismo acuerdo detalla que durante 2013 el grupo hizo aportes a la política por más de mil millones de pesos a través de CorpBanca, CorpBanca Corredores de Bolsa, CorpBanca Corredores de Seguros y CorpBanca Administradora General de Fondos.
[cita]Para el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, “es legítimo que los medios tengan líneas editoriales, sin embargo, en este caso y si el dueño de La Tercera realizó aportes reservados, sería muy conveniente para la opinión pública que se explicitara ese hecho, de modo que exista transparencia sobre la posición editorial y las acciones del dueño del diario”.[/cita]
No solo eso: los negocios de uno de los hombres más ricos de Chile –que según Forbes 2015 ocupa el puesto número seis entre las 12 fortunas más grandes de Chile, lugar que comparte con el ex Presidente Sebastián Piñera– han aparecido vinculados a la entrega de dineros a campañas políticas bajo el mismo modelo de Penta. El 7 de noviembre del año pasado, el fiscal Carlos Gajardo envió un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII), en el que adjuntaba testimonios y facturas que mostraban que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas también salpicaban a otras compañías. Entre ellas CorpBanca.
En esta conclusión fue clave el testimonio dado a la Fiscalía por Luis Chaparro Cavada en octubre de 2014, que entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital, asegurando que el primer pago que recibieron fue por 10 millones de pesos, facturados a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Saieh.
En opinión de un colaborador habitual de La Tercera, este editorial “es insostenible”, ya que considera que “hay dos problemas, uno legal y otro de carácter político. Efectivamente en términos legales tenemos un conflicto porque el sistema de financiamiento, bueno o malo, contiene una norma que se creó para precaver que la persona que recibe las donaciones pudiera saber a ciencia cierta quién se lo había donado y, paralelamente, permitía que la empresa donara con mayor tranquilidad, evitando estar expuesta. Entonces el juicio del juez efectivamente va contra esta norma legal, pero está amparado en otra norma legal que es parte de los gobiernos corporativos, que establece la obligación de proteger el patrimonio de las empresas, derecho que puede exigir cualquier accionista y en este caso lo han ejercido los minoritarios”.
El colaborador recalca que “en términos políticos, son varias las empresas que estos minoritarios han llevado a la justicia y, por lo tanto, es plausible pensar que Cencosud, así como las empresas de Luksic y los Angelini sean solo las primeras de una larga lista. En esa larga lista es sabido que Álvaro Saieh no solo ha participado activamente dentro del debate público, sino financiado iniciativas políticas. Y por lo tanto el no hacer un disclosure y poner este hecho antes de escribir el editorial, revela un conflicto de interés no resuelto. El editorialista de La Tercera tiene todo el derecho a escribir, pero no sin decir que el diario en cuestión, el grupo Copesa y el controlador, es una persona directamente involucrada en cómo se resuelve esta disputa en el futuro”.
Para el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, “es legítimo que los medios tengan líneas editoriales, sin embargo, en este caso y si el dueño de La Tercera realizó aportes reservados, sería muy conveniente para la opinión pública que se explicitara ese hecho, de modo que exista transparencia sobre la posición editorial y las acciones del dueño del diario”.
Además, sostiene Fuentes, “así como hoy día la sociedad chilena pide un estándar más alto a los actores políticos, al Poder Judicial y los distintos actores del Estado, también lo hace al sector privado. Y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad, así que, si no explicitas tus acciones y posiciones que defiendes, se genera un conflicto de interés”.
En tanto, el diputado Felipe Ward (UDI) señala “compartir el argumento de fondo de este editorial, así como opiniones similares que han dado otras personas en orden a que esa es la ley vigente en torno al secreto de los aportes reservados, incluidos los 2 millones de dólares que recibió la Presidenta. Modificar eso es modificar las reglas del juego, y las leyes no son retroactivas”.
Pero, aclara el parlamentario, “debe primar la prudencia en las personas o medios directa o indirectamente vinculados a la investigación a la hora de emitir juicios, considerando que pueden ser tildados de sesgados. Ese editorial en particular podría ser imprudente”.
El subdirector de la Fundación Ciudadano Inteligente, Rodrigo Echecopar, opina que “es legítimo que den su opinión, pero es importante que la ciudadanía conozca los intereses detrás. Debiesen haber incluido el conflicto de interés potencial y evidente, y que el dueño del diario haya sido uno de los que más haya utilizado este mecanismo de los aportes reservados”.
No es la primera vez que el grupo Copesa y sus medios asumen un rol a través de columnas y artículos en torno a debates que buscan definir la realidad nacional. Cuando estaba en plena discusión la gratuidad en la educación universitaria, la postura de sus medios fue de rechazo ante esta idea, pero en ningún momento se hizo presente que CorpBanca ha sido uno de los bancos que ha liderado la administración del negocio de Crédito con Aval del Estado (CAE).
