Afirman que esta medida debe ser extensiva a las compras públicas y licitaciones en el estado, y también las que ocurren en las municipalidades.
Un grupo de concejales socialistas de la Región Metropolitana demandaron esta mañana, la necesidad de una legislación que castigue a las empresas responsables de colusión, e impidan su participación en el proceso de licitaciones y compras públicas.
Es por este motivo que Paula Mendoza, Carola Rivero, Felipe Muñoz, Manuel Pavez, María Luisa Figueroa, Ismael Calderón, Iván Gajardo y Marco Quintanilla, concejales de Ñuñoa, Independencia, Estación Central, La Pintana, Cerrillos, Santiago, Macul y San José de Maipo, respectivamente, declararon que propondrán en sus respectivos municipios, la aplicación de un reglamento ad hoc, que haga expedita de forma rápida, esta exclusión de empresas coludidas, en procesos de licitaciones y compras públicas municipales.
Para los concejales, si bien en muchas de las bases de licitaciones del estado se establece la exclusión de la participación, de los que hayan sido condenadas con sanción de multa, por infracción al DFL N°1, de 2004, sobre Defensa de la Libre Competencia, en más de dos oportunidades, en los últimos dos años; esto resultante insuficiente y es letra muerta.
“Es necesario castigar esta situación. Por lo que solicitaremos al gobierno la necesidad que las empresas coludidas no puedan participar en procesos de licitación pública, por lo tanto que esta exclusión sea incorporada en la ley 19.886, que establece las condiciones para participar en el proceso de licitaciones de Chile Compra, de modo que quede explícitamente sancionado este delito” señaló la concejala de Ñuñoa, Paula Mendoza.
Según Felipe Muñoz, concejal de Estación Central, el estado castiga y sanciona como delito, cuando empresas se coluden para participar en alguna licitación pública, ya que se entiende un grave perjuicio a las arcas fiscales: “Por ello, la sanción económica no puede ser menor, a los ingresos generados por efecto de la colusión: esto es el artilugio para defraudar al fisco y a los ciudadanos”.
En tanto, para Carola Rivero, concejala de Independencia, las empresas en cuestión: “Están sacando las castañas con la mano del gato”. Recordó que, según las propias estimaciones entregadas por el ministerio de hacienda, desde 2007 el Estado ha comprado en papel confort a las empresas coludidas US$41 millones, “esto significa un grave perjuicio para el Estado y todos los chilenos, por el sobre precio pagado”.
Asimismo, los concejales llamaron la atención sobre urgente necesidad de endurecer la legislación que castigue estas prácticas, propias de un cartel según señalaron.
“Como a veces las ley demoran un poco, sobre todo cuando es para para limitar los abusos de los poderosos, es necesario implementar esta prohibición en las bases de licitación, mediante un reglamento que opere tanto a nivel de instituciones del estado, sean ministerios, municipios, poder judicial o fuerzas armadas” indicó el concejal de Santiago, Ismael Calderón.
En el mismo sentido, el concejal de Macul, iban Gajardo señaló: “Sería un despropósito que los municipios impulsaran, por una parte, las farmacias populares, y por otra, se siguiera abasteciendo con productos de empresas coludidas”.
“Aquí sigue pendiente el asunto de las compensaciones a los ciudadanos. Hoy, los ciudadanos, como indico hacienda, son US$41 millones, más pobre”, señalaron tanto la concejal de Cerrillos como el de La Pintana, María Luisa Figueroa y Manuel Pavez, respectivamente.
Finalmente, los concejales señalaron que iniciaran gestiones con el gobierno y parlamentarios, para explicar la necesidad de impulsar una vigorosa legislación anti colusión.
El concejal por San José de Maipo y además Presidente de los Concejales de Chile, Marco Quintanilla, comprometió sus esfuerzos por presentar esta demanda ante la Asociación Chilena de Municipalidades: “A la colusión para los abusos, hay que ponerle en frente una colusión ciudadana”, sentenció.
