“El avance de la investigación ha permitido comprobar que existieron otros particulares implicados, que le daban servicios al Ejército en la mantención y reparación de vehículos militares, quienes incurrieron en facturas falsas», explicó Raúl Llanos, abogado del organismo.
En el marco de la investigación que impulsa la justicia en relación al llamado «Milicogate» (desaparición de varios millones de dólares por el uso de facturas adulteradas en compras ficticias de material bélico, al amparo del secreto de la ley reservada del cobre), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió ampliar la querella a otros tres nuevos proveedores privados que prestaban servicios a la institución castrense.
Según consigna La Tercera, la diligencia se efectuará en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde hasta ahora la acción judicial interpuesta involucraba solo una empresa, llamada Frasim, cuyo dueño, Francisco Javier Huincahue, fue formalizado por el presunto delito de fraude al fisco.
“El avance de la investigación ha permitido comprobar que existieron otros proveedores particulares implicados, que le daban servicios al Ejército en la mantención y reparación de vehículos militares, quienes incurrieron en facturas falsas; es decir, que no correspondían ni a prestaciones de servicios ni a la compra de repuestos para éstos”, sostuvo Raúl Llanos, abogado del CDE.
«En este nuevo recurso judicial están incluidos tres proveedores nuevos, que son empresas con representantes legales civiles que habrían intervenido en las actividades ilícitas», agregó.
Hasta la fecha, la PDI ha auditado un universo de 2.500 facturas, dentro de las cuales, 1.700 no corresponderían a prestaciones ni compras reales, lo que abarcaría, aproximadamente, $2.400 millones implicados dentro del fraude.
