La normativa ha permitido establecer un estándar mínimo para transparentar las interacciones entre los grupos de interés y quienes toman las decisiones, iniciativa que cuenta con una página web (www.infolobby.cl) que contiene un registro público de audiencias, viajes y donativos que los funcionarios públicos o autoridades registran periódicamente.
Con una actividad que reunió a autoridades de gobierno y representantes de organizaciones dedicadas a temas de transparencia y lobby, se llevó a cabo la celebración del primer año de la puesta en vigencia en el país de la Ley de Lobby.
El presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, Rodrigo Mora, fue el encargado de exponer sobre la implementación de esta normativa durante el encuentro al que asistieron también la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva; la directora de la consultora Azerta, Cristina Bitar; y el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.
En la oportunidad Mora expuso sobre la implementación de esta normativa y recalcó que ponerla en marcha “ha sido un proceso complejo y gradual, que en un año ha contribuido considerablemente a mejorar la transparencia y la probidad en nuestro país”.
La ley ha permitido establecer un estándar mínimo para transparentar las interacciones entre los grupos de interés y quienes toman las decisiones, iniciativa que cuenta con una página web (www.infolobby.cl) que contiene un registro público de audiencias, viajes y donativos que los funcionarios públicos o autoridades registran periódicamente. A la fecha, ya se encuentran registados más de 21.000 audiencias, 29.000 viajes y 4.500 donativos en línea.
Desde su año de implementación, el Ministerio Secretaría Nacional de la Presidencia junto a la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, han capacitado a más de 6.000 autoridades y funcionarios públicos de Arica a Punta Arenas, con el fin de que sepan todo sobre el funcionamiento de Ley de Lobby y la pongan en práctica. Además, han entregado material de divulgación y cursos en línea para la sociedad civil y a los grupos que podrían verse afectos por el uso de la normativa.
