La Moneda se frota las manos ante voto transversal en la reforma política

La apuesta dejó de ser solamente aprobar la reforma política. Ahora también importa con cuántos votos y con qué amplitud política llega a puerto.

Dos semanas después de que La Moneda acelerara una iniciativa cuyo respaldo transversal aparecía prácticamente maduro, la última redacción acordada por la comisión mixta volvió a poner en primer plano reparos persistentes en Republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Comunista.

El proyecto sigue encaminado, pero el nuevo nudo amenaza precisamente uno de los atributos que –según coinciden fuentes de Chile Vamos y del Socialismo Democrático, dos de los sectores más alineados con su despacho– podría convertir su aprobación en un activo para el Gobierno: una fotografía amplia entre oficialismo y oposición en momentos en que José Antonio Kast enfrenta cifras adversas en las encuestas.

En ese escenario, una reforma nacida bajo el Gobierno de Gabriel Boric, impulsada originalmente por Álvaro Elizalde y cuyo tramo final ha sido empujado por la actual administración podría –a juicio de conocedores de la negociación– ofrecer a La Moneda una señal concreta de capacidad de acuerdo.

Aunque tanto el Gobierno como sectores de la oposición coinciden en que las prioridades del país están hoy en otras materias, ese fue precisamente uno de los activos políticos que aparecieron detrás de la decisión de volver a poner suma urgencia al proyecto a comienzos de septiembre.

Pero la última milla resultó menos despejada de lo previsto.

Más que aprobar

El propio ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), dejó este lunes una frase que resume la preocupación del Ejecutivo.

“Más que la urgencia, lo que nos interesa mucho es que estén los votos”, dijo desde La Moneda al abordar el destino de la iniciativa.

La frase adquiere otra dimensión después que surgieran reparos a la disposición que obliga a los partidos a expresar en sus declaraciones de principios su condena al establecimiento de un sistema totalitario y al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política.

Ese texto había salido por unanimidad de la comisión mixta el 31 de agosto. Ahora, sin embargo, sectores que participaron de ese acuerdo quieren una última revisión.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aclaró a El Mostrador que, pese a versiones conocidas durante este lunes, la votación no está postergada por una semana. Los comités acordaron que este martes converse con la presidenta de la comisión mixta, Danisa Astudillo (PS), para evaluar si existe espacio para una nueva fórmula.

“No está postergada. Acordamos en comité que yo iba a hablar con la presidenta de la mixta y, dependiendo de cómo nos iba, lo poníamos en tabla el miércoles”, detalló.

Si el intento prospera a tiempo, la apuesta es mantener el miércoles 23 como ventana para la votación en el Senado. Si no, Núñez maneja como siguiente horizonte el martes de la próxima semana.

La senadora también reveló que el empuje final no ha sido únicamente del Ejecutivo ni solamente del Congreso. “Lo tenemos bien acordado con la Segpres, somos quienes lo hemos estado impulsando, García Ruminot y yo”, afirmó.

Ahí aparece el verdadero nudo político: el grueso de la reforma no está nuevamente en discusión; lo que se intenta preservar es la amplitud del acuerdo con que llegue al final.

Un acuerdo con reparos

La transversalidad, además, nunca significó unanimidad respecto del mérito de la reforma.

La senadora Claudia Pascual (PC) ya había advertido la semana pasada que la fórmula de la Mixta no resolvía, a su juicio, correctamente la diferencia entre lo que establece actualmente la Constitución y la exigencia de una “condena” expresa a los sistemas totalitarios. También manifestó dudas respecto de que la iniciativa consiga por sí sola revertir la fragmentación y el deterioro de la política.

Desde Demócratas, Joanna Pérez adelantó que apoyará la reforma, pero la calificó como “cosmética” y sostuvo que deja pendientes problemas de transparencia, probidad y penetración del crimen organizado en los partidos.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, también puso distancia respecto de la relevancia que pueda adquirir el proyecto. Aunque defendió que los partidos deben ser respetuosos de la democracia y privilegiar las vías pacíficas, sostuvo que “no son los temas relevantes para la ciudadanía hoy por hoy”, y situó empleo y costo de vida como prioridades.

Esa última idea coincide, al menos en parte, con el discurso público del propio Ejecutivo.

Consultado por El Mostrador sobre una eventual promulgación, el ministro García Ruminot evitó anticipar cualquier celebración. Recordó que primero debe concluir el trámite legislativo y luego pasar por el Tribunal Constitucional.

“Hoy nuestro foco está puesto en seguir avanzando en la agenda de seguridad y en la agenda proempleo, que responden a las principales urgencias de las familias chilenas”, afirmó.

La Moneda, por tanto, tiene razones para mirar con buenos ojos un cierre transversal, pero también para administrar con mesura cuánto capital político extrae de él.

La reforma todavía puede entregar una fotografía poco frecuente para este Gobierno: oficialismo y oposición cerrando juntos una iniciativa institucional que atravesó dos administraciones. Antes, sin embargo, deberá superar una última prueba que no consiste solamente en alcanzar el quórum.

Como resumió García Ruminot, importan los votos. Y esta vez, políticamente, también importa de dónde vienen.