Es tiempo que el Estado chileno tome conciencia de la situación medio ambiental en la que nos encontramos, porque es claro que hasta la fecha, la institucionalidad existente no ha sido capaz de proteger nuestro entorno. Es en este contexto que surge la necesidad de crear leyes como la de protección a glaciares o la figura legal que hoy proponemos”, dijo el parlamentario.
Este viernes los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo (PS) y Camila Vallejo (PC) anunciaron un Proyecto de Reforma Constitucional que introduce la figura de un Ombudsman o Defensor Ambiental en la legislación chilena.
Durante una actividad en la que participaron también la directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, y representantes de la organización Alerta Isla Riesco y de la Fiscalía del Medio Ambiente, Melo explicó que si bien la Constitución contempla en las garantías fundamentales los DD.HH vinculados con la protección ambiental, eso no es suficiente, por lo que se requiere la creación de una «Defensoría del Medio Ambiente”.
«Es tiempo que el Estado chileno tome conciencia de la situación medio ambiental en la que nos encontramos, porque es claro que hasta la fecha, la institucionalidad existente no ha sido capaz de proteger nuestro entorno. Es en este contexto que surge la necesidad de crear leyes como la de protección a glaciares o la figura legal que hoy proponemos”, dijo.
Camila Vallejo, por su parte, consideró ue «en general en Chile existe una relación totalmente desigual entre los ciudadanos y el poder, tanto respecto del mundo empresarial, cuyos abusos vemos permanentemente, como del Estado, con quien debiese relacionarse de forma democrática y cercana, para poder hacer cumplir sus derechos fundamentales”.
La parlamentaria PC añadió que: “con este proyecto buscamos dotar a la ciudadanía de una herramienta que le permita enfrentar esa desigualdad y defender un derecho tan fundamental como el de un medio ambiente sano y libre de contaminación”.
Por su parte, Ana Stipicic representante de Alerta Isla Riesco, señaló que «el Estado debe proteger el medio ambiente y exigir a las empresas el respeto de este. Necesitamos con urgencia una Defensoría del Medio Ambiente, avanzando desde un rol pasivo y subsidiario, a un rol activo que cautele derechos y garantías para hacer respetar nuestra constitución que indica que las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».
Rodrigorigo Pérez, representante de la Fiscalía del Medio Ambiente, afirmó por su parte que «el proceso de participación de la ciudadanía queda en el vacío cuando la institucionalidad no crea las maneras en que las personas puedan efectivamente controlar el poder y proteger sus derechos fundamentales. Una figura como el Ombusman avanza en este sentido y por eso la valoramos, siendo especialmente importante en el área ambiental donde la vulneración de derechos de las personas es grave y cotidiana».
Finalmente, Sara Larraín Directora Ejecutiva de Chile Sustentable expresó que: «al incorporar en la Constitución la Institución del Defensor Ambiental, se permite garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a defender la naturaleza», lo cual se distorsiona día a día porque la autoridad ambiental responde a las prioridades de los inversionistas y las órdenes del Ministerio de Hacienda. Este sesgo debe ser corregido por un Defensor del Medio Ambiente, de rango constitucional que priorice la salud e integridad de la naturaleza, sin la cual no es posible la vida y salud de las personas».
