«Los psicópatas de turno fueron oficiales del Ejército de Chile, los que cometieron estos delitos», Cristián Cruz, abogado de los familiares de las víctimas.
Siete oficiales retirados del Ejército fueron condenados a penas de prisión por el homicidio calificado de catorce prisioneros políticos cometidos en la ciudad de Antofagasta el 18 de octubre de 1973, informaron fuentes judiciales.
Las ejecuciones se enmarcan en los crímenes cometidos por la llamada «Caravana de la Muerte», una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark que en un recorrido por diversas ciudades de Chile ejecutó a cerca de un centenar de prisioneros políticos.
Las víctimas eran sacadas de las cárceles, llevadas a lugares despoblados y asesinadas a tiros; en algunos casos los cadáveres fueron dinamitados para borrar todo vestigio.
Arellano Stark, que actuaba como delegado del jefe del Ejército, es decir, de Augusto Pinochet, ha sido no obstante sobreseído por demencia en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Chile en el caso de los crímenes de Antofagasta.
Como autores de los homicidios fueron condenados a quince años y un día de prisión el brigadier Pedro Espinoza Bravo, los coroneles Sergio Arredondo González, Patricio Ferrer Ducaud y Juan Chiminelli Fullerton.
A cinco años, en calidad de cómplice, fue sentenciado Pablo Martínez Latorre, en tanto que como encubridores fueron condenados a tres años y un día Luis Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González. Otro encausado, Gonzalo Santelices, fue absuelto.
En la parte civil, el fallo de la II Sala Penal de la Corte Suprema confirmó que el Estado de Chile y los condenados deberán pagar de forma solidaria una indemnización de 1.600 millones de pesos a dieciocho familiares de las víctimas.
Cristián Cruz, abogado de los familiares de las víctimas, lamentó que los principales responsables hayan quedado impunes: «Quedaron muchos culpables sin condena, empezando por Augusto Pinochet, Arellano Stark, toda esta situación de impunidad no hubiese sido posible sin que el Ejército no la hubiese promovido y buscado», comentó a radio Cooperativa.
«Los psicópatas de turno fueron oficiales del Ejército de Chile, los que cometieron estos delitos», añadió.
Rosa Silva, hija de Mario Silva, una de las víctimas de esta matanza, lamentó la tardanza de la justicia en este caso: «Muy tardía, después de 43 años y de un juicio de casi 20 años. Creo que además es insuficiente, 15 años y un día (de prisión) aún es poco». señaló.
Agregó que el Gobierno debe procurar que los condenados cumplan sus sentencias en una cárcel común y no en una especial rodeados de comodidades «y que de una vez por todas el Ejército asuma la responsabilidad que le corresponde por estos hechos cobardes».
