Ministerio Público indaga una serie de asesorías inexistentes y contrataciones fraudulentas realizadas por el parlamentario con el supuesto fin de apropiarse de las asignaciones parlamentarias.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ingresó ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago un escrito que amplía la solicitud de desafuero del senador UDI Jaime Orpis en el caso Corpesca.
En el documento da cuenta de un conjunto de pruebas en relación al delito de fraude al fisco (por mal uso de asignaciones parlamentarias) que se le atribuye al parlamentario gremialista.
El 24 octubre, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán y la fiscal Ximena Chong habían solicitado su desafuero atribuyendo el presunto desvío de $71.310.688 de dineros que el Congreso le otorgó para asignaciones parlamentarias, recuerda El Mercurio.
De acuerdo a la indagatoria, Orpis se habría apropiado, luego de pedirles a cercanos que simularan asesorías inexistentes.
En el escrito ingresado ayer al tribunal de alzada capitalino, Abbott solicita la revisión de desafuero de Orpis considerando que a la suma anterior se sume otros $79.693.032.
«La investigación ha continuado avanzando, lo que ha permitido recabar nuevos antecedentes que fundamentan la petición de ampliación del desafuero», señala.
El monto que ahora se le atribuye a Orpis asciende a $151.003.720.
La fiscalía investiga la supuesta contratación fraudulenta de Lorena Saldías y los abogados Javier Jara y Mario Antonio Candia.
Existen también asesorías inexistentes al Comité de Senadores UDI.
«Orpis presentó boletas de honorario que se indican al Senado, y esta Corporación, en la creencia de que se trataba de trabajos reales, procedió a los pagos», dice el documento.
