La solicitud la formuló en un oficio enviado el martes 22 de diciembre, en el cual también solicita a la Subsecretaría las actas de la denominada Mesa Pesquera, cuyas sesiones se desarrollaron durante los meses previos al envío del proyecto que modificó la Ley de Pesca.
La entrega de una agenda donde figuran las actividades y reuniones que llevó a cabo entre los años 2010 y 2014 el ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea (RN), fue ordenada esa repartición estatal por parte de la fiscal a cargo del caso Corpesca, Ximena Chong.
Según informó The Clinic, la solicitud la formuló en un oficio enviado el martes 22 de diciembre, en el cual también solicita a la Subsecretaría las actas de la denominada Mesa Pesquera, cuyas sesiones se desarrollaron durante los meses previos al envío del proyecto que modificó la Ley de Pesca.
Con esta diligencia, la fiscal espera determinar a cuanta información reservada tenía la empresa del grupo Angelini al interior de la Subpesca durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esto, a través del intercambio de correos entre el entonces jefe de la División de Administración Pesquera, Maximiliano Alarma y la asesora jurídica María Alicia Baltierra, con el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica, quien está imputado en la causa.
En noviembre pasado El Mostrador dio cuenta del tenor de los mails de Mujica con Alarma, quien hasta ese momento aparecía sólo como el «contacto» que el ejecutivo tenía dentro de la Subsecretaría.
Los mensajes dan cuenta del acceso privilegiado a la información reservada de la repartición por parte de Mujica, quien en 2013 tuvo que dejar su cargo en la pesquera del grupo Angelini tras 14 años, en medio de la polémica por las denuncias de donaciones a la diputada Marta Isasi, en el marco de la campaña electoral del año 2009, lo que habría sido la moneda de cambio para tener su respaldo a la Ley de Pesca aprobada a fines de 2012.
Por este caso el senador de la UDI Jaime Orpis está ad portas dee enfrentar un juicio de desafuero, ya que el Ministerio Público le imputa los delitos de lavadod e activos, cohecho y fraude al fisco, por supuestamente haber recibido de Corpesca más de 230 millones de pesos mediante boletas ideológicamente falsas emitidas por parte de sus asesores y familiares de éstos. Y también por el uso de más de 100 millones de pesos con cargo al Senado por asesorías inexistentes.
