Nicolás Ibáñez insiste: «En un país serio las autoridades no emiten opiniones sobre causas judiciales pendientes»

Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (actual Walmart Chile), nuevamente disparó en contra del gobierno asegurando que «en un país serio, las autoridades no emiten opiniones sobre causas judiciales pendientes».
Esto, en referencia al requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a las empresas Cencosud, Walmart Chile y SMU de coludirse para fijar precios de venta al público de carne de pollo fresca en sus cadenas de supermercados a lo largo del país.

A través de una columna de opinión publicada en El Mercurio, Ibáñez argumentó: «Los empresarios cumplimos el rol de satisfacer las necesidades de las personas ofreciendo los mejores productos que podamos a los menores precios posibles. Si fallamos en esa tarea, los consumidores nos castigan y corremos el riesgo de perder el negocio. Por supuesto, todo ello supone competencia».

«Chile ha conocido casos que atentan contra ese principio, algo que por lo demás no es exclusivo de nuestro país, así como los escándalos de corrupción política tampoco lo son. Si la transparencia es crucial para reducir la corrupción en el aparato público, también es esencial para la credibilidad de una economía de mercado que las barreras a la entrada en las diversas áreas sean bajas, de manera tal de hacer posible a nuevos actores entrar a competir», prosiguió.

«Especialmente en tiempos en que Chile se encamina hacia una crisis económica cada vez más aguda y en que todo indica que la situación económica internacional empeorará aun más, no es sensato de parte del Gobierno instrumentalizar temas sensibles para el bienestar de la población con el fin de obtener dividendos políticos e ideológicos. El clima de animosidad y la retórica antiempresarial que se vienen instalando desde hace tiempo en nada ayudan a garantizar que el mercado funcione como corresponde, y menos aún a superar los difíciles años que vienen», acotó el empresario.

«Sin duda la legislación vigente debe respetarse y, en un Estado de Derecho, su transgresión debe ser sancionada. En un país serio, sin embargo, las autoridades no emiten opiniones sobre causas judiciales pendientes, menos aún cuando no se ha oído la defensa de las partes aludidas. Lo contrario implica despreciar la presunción de inocencia, que es uno de los principios esenciales de un orden democrático. Es indispensable retomar el diálogo constructivo, sereno y maduro que le permitió a este país convertirse en el más desarrollado de América Latina. Chile conoce, por su propia historia, los riesgos de la polarización y del reemplazo de la discusión racional por el eslogan, la descalificación y los juicios desmesurados a priori», concluyó.