Alegatos por desafuero
Durante la audiencia, la Fiscalía acusó al parlamentario y ex militante UDI de cuatro delitos: cohecho, facilitación de boletas falsas, lavado de activos y delito tributario. En tanto, SII apuntó a que Orpis intentó «ocultar y darle una forma lícita a algo que era ilícito».
Cerca de las 09:00 horas de esta mañana se inició la audiencia para analizar el desafuero del senador Jaime Orpis.
Una diligencia que fue pedida por el Ministerio Público para formalizar al ex dirigente de la UDI, quien reconoció haber recibido recursos por parte de la pesquera Corpesca, perteneciente al grupo Angelini.
El tribunal de alzada ha escuchado hasta el momento los alegatos de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En su intervención la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, comenzó señalando: «El Ministerio Público está solicitando que la Corte haga lugar a la formación de causa en relación a Orpis».
«(Para formalizar al senador) se debe establecer que existan presunciones de que el parlamentarios ha participado como sujeto activo de un hecho punible… la Corte debe aceptar o negar si efectivamente existe seriedad en relación con los antecedentes del Ministerio Público», agregó la persecutora.
En definitiva, la fiscal acusó al parlamentario y ex militante UDI de cuatro delitos: cohecho, facilitación de boletas falsas, lavado de activos y delito tributario.
Respecto al cohecho, precisó que «este delito se cometió desde marzo al 2009 hasta abril de 2013, donde al menos en dos oportunidades Orpis concurre a Corpesca a reunirse con el gerente general y le solicita apoyo económico bajo la justificación del financiamiento de campaña política, y luego, después de haber sido electo, para cubrir deudas de carácter personal».
«De este modo, a través de boletas ideologicamente falsas, obtiene estos fondos para fines personales que alcanzan los $264 millones, $5,2 aproximadamente por mes», ahondó.
Sobre el delito es lavado de activos, dijo que «los dineros son entregados a través de terceras personas, quienes entregan a través de transferencias electrónicas los fondos, y en otros casos, entregarlas en terceras personas que manejaban asuntos políticos del senador».
«También se configura el delito tributario a través de boletas ideologicamente falsas. Esto permitía que Corpesca rebajara su base imponible», indicó.
El cuarto delito -afirmó Chong- es fraude al fisco. «La Constitución obliga a abstenerse de votar cualquier asunto en el cual tenga interés directo. El senador recibe de Corpesca una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras», declaró.
«Este antecedente acredita a nuestro juicio, desde el 2009, las afirmaciones que configurarían el delito de cohecho. Son 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas entre 2009 y 2013, facilitadas por sus cercanos, asegura la fiscal», señaló el fiscal del caso Corpesca.
«El Ministerio Público ha realizado un trabajo serio y responsable, los antecedentes dan cuenta de que existe mérito para hacer lugar a la formación de causa», concluyó.
En tanto, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupi Aguirre, manifestó en su intervención que «estas 10 personas que actúan como testaferros de los dineros de Corpesca a Orpis, señalan que nunca realizaron ningún trabajo para Corpesca y que esto era un favor».
«El senador cometió graves ilícitos en el ejercicio de sus funciones, que dan cuenta de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y lavado de activos», enfatizó.
«Es indudable que Orpis se constituyó virtualmente como un empleado de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan porque haya habido un término absoluto de la relación, los pagos cesan porque se produce el descubrimiento de la causa que da origen a esta investigación», sostuvo.
«El año 2012, cuando estaba en plena tramitación la Ley de Pesca se envían indicaciones a Orpis» que después utiliza en la Sala. «El señor Jaime Orpis era un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado. Ha cometido con todas sus letras el delito de cohecho», sentenció Aguirre.
Luego, expuso varios correos entre miembros de Corpesca y el senador: «Orpis, mediante dos modalidades, sustrajo dineros fiscales: la simulación completa de contratos y abultamiento de pagos a asesores».
«Orpis puso por sobre el interés público el interés privado, esta necesidad que tenía de financiar sus deudas, convirtiéndose en un articulador de los intereses privados de Corpesca», concluyó la abogada del CDE.
Por su parte, el representante del SII expuso que «el senador Orpis ha facilitado boletas para que se produzca un delito tributario relativo a la empresa Corpesca. Se ha hecho solicitando, entre 2010 y 2014, y los años comerciales previos también, distintas boletas emitidas por personas ligadas al senador, una constante recopilación de boletas destinadas a fraguar esta situación que ha finalizado en un perjuicio al fisco».
«Esta situación estaba en conocimiento del senador, y hay declaraciones clarísimas en esta materia. Vemos aquí todo un sistema que, durante a lo menos cuatro años, reiteradamente se solicitan boletas para que las platas lleguen a Orpis. Se trató de ocultar, darle una forma lícita a algo que era ilícito mediante este sistema», afirmó Navarrete.
«El dolo está más que acreditado, nadie podría pensar que un senador no sabe». Estamos en presencia de un verdadero entramado de hechos delictuales. Estamos en presencia de hechos gravísimos tanto por la persona que los comete, la forma que los comete… El círculo delictual es completo», concluyó el abogado del SII.
