Entidad que es presidida -por perpetuidad- por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago reabrir el caso Riggs para que indague el origen y destino de las propiedades de Cema Chile.
Entidad que es presidida -por perpetuidad- por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
Según consigna The Clinic, la petición del CDE ocurre luego que se conociera la venta de un terreno en Chillán por más de $760 millones, que había sido donado por el municipio de esa ciudad.
Una investigación reciente de Ciper, sumó otras 105 propiedades a las 138 reveladas por el Ministerio de Bienes Nacionales y cifró el patrimonio de CEMA Chile en más de 6.000 millones, es decir casi tres mil millones de pesos más de lo que se acreditó en el caso Riggs.
En la presentación que hizo en primera instancia el CDE asegura que “en los flujos originados en las ventas de propiedades, se detectan diferentes entregas de dinero a familiares directos de Lucía Hiriart, situación que evidentemente escapa a los objetivos de la entidad”.
“Además, puede colegirse que dichas entregas pudieron ser incluso por montos mayores en aquella época en que no se tienen los registros contables, quedando claro que la señora Hiriart utilizaba la fundación para sus propios intereses”, agrega el escrito.
En 2004 estalló el llamado caso Riggs donde se desvelaron una serie de sociedades que tenía Pinochet en los paraísos fiscales. Estos sumaban US$27 millones y lo malversado cerca de US$6.000 millones.
En aquella oportunidad, la justicia investigó a CEMA Chile. En agosto de 2013 el entonces ministro en visita Manuel Valderrama sobreseyó el caso.
“Con respecto a la arista de CEMA Chile no hay nada más que investigar si hubo alguna desviación de fondos al patrimonio de Pinochet”, sostuvo el magistrado.
El Congreso recién en 2005 suspendió los fondos que recibía CEMA Chile por parte de la Polla Chilena de Beneficencia y los únicos condenados fueron seis oficiales del Ejército en retiro por el delito de malversación de caudales públicos, quienes sirvieron a las órdenes del dictador.
