Pasos previos a Ley de Pesca que entró al Congreso en 2011
Un correo electrónico de agosto 2010 enviado por el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Felipe Moncada, al entonces presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, y al aún presidente de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Carlos Vial, muestra cómo el sector empezaba a mover sus fichas para proteger el corazón de su negocio: las cuotas de pesca. En el mail señalaban que, a sugerencia de parlamentarios de la Alianza, el camino era parar los cambios, provocando que el Gobierno percibiera que “no cuenta con apoyo en parlamentarios de la propia coalición y uno de los caminos es el comité político”. Además, llamaba a crear “efervescencia en contra de las licitaciones desde la región” y “ejercer presión a algún ministro o subsecretario que participe en este comité”.
Pese a ser una normativa que no influye directamente en la vida cotidiana de los chilenos, la Ley General de Pesca, conocida como “Ley Longueira”, se ha convertido en todo un símbolo de rechazo. De hecho, una reciente encuesta realizada por Cadem, muestra que 89% de los ciudadanos considera que hubo cohecho en su aprobación.
Incluso, 93% dice que, de comprobarse ese ilícito, la ley debiera votarse nuevamente.
El escándalo ha llegado a tal grado –entre la investigación de la Fiscalía en torno a pagos por parte de Corpesca a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis (renunciado a la UDI)– que la bancada PC presentó un proyecto en el Congreso que busca anular la polémica ley, cuya admisibilidad sería definida el próximo 20 de enero.
También ha sido clave, para avivar las críticas al respecto, la aparición de correos electrónicos en medio de estas indagaciones que develan los intentos del ex gerente de la empresa de los Angelini, Francisco Mujica, de incidir en la tramitación de esta ley, revisando los discursos de parlamentarios, influyendo políticamente en los debates o mediante indicaciones.
Pero el intenso despliegue de la industria pesquera en pos de influir en las condiciones para el sector, data de mucho antes que la polémica iniciativa fuera ingresada al Congreso, en diciembre de 2011. Ya en agosto de 2010, un correo electrónico al que tuvo acceso El Mostrador daba luces de cómo se activaban en torno a uno de los temas que más los complicaba: la licitación de las cuotas de pesca.
El 5 de agosto de 2010, a las 23:57 horas, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Felipe Moncada, enviaba un mail a Rodrigo Sarquis, entonces presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), y al aún presidente de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Carlos Vial.
En el correo electrónico, Moncada describía una completa ofensiva para “bloquear” la iniciativa nada menos que a través del Comité Político del Gobierno de Sebastián Piñera. Camino sugerido por parlamentarios de la Alianza.
“Rodrigo y Carlos: se ha sugerido por parlamentarios de la Alianza la importancia de bloquear el proyecto por la vía parlamentaria, es decir, que el gobierno perciba que no cuenta con apoyo en parlamentarios de la propia coalición y uno de los caminos es el comité político”, señalaba el mail.
[cita tipo=»destaque»] “Aquí dos años antes del ingreso de la Ley de Pesca al Congreso y un año antes de la gran mesa pesquera, las empresas se estaban coordinando para obstaculizar el mayor tema, el corazón de todo: de quién son las cuotas de pesca y obstaculizar las licitaciones”, aseguran fuentes ligadas a la investigación.[/cita]
A renglón seguido, Moncada detallaba que el comité se reunía los días lunes, agregando que “en la reunión de hoy” no había recordado su composición por completo. De todas formas enviaba un listado con los nombres de los ministros, entre los que mencionaba a Rodrigo Hinzpeter, Ena von Baer y Cristián Larroulet, de presidentes de los partidos, y jefes de bancadas de senadores y diputados, entre los que menciona a los UDI Hernán Larraín y Jaime Orpis y al RN Alberto Espina.
El abogado remata el mail señalando que “se ha recomendado también crear efervescencia en contra de las licitaciones desde la región, con cobertura comunicacional. Se debe ejercer presión a algún ministro o subsecretario que participe en este comité, para que al menos esté apercibido que existe un problema en las licitaciones, de carácter social”.
El correo eletrónico enviado por Moncada no era casual. Cinco meses antes, el 19 de marzo de 2010, la empresa de pesca industrial Lota Protein, había presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con el fin de que exigiera la real aplicación por parte de la Subsecretaría de Pesca de la asignación de cuotas de pesca industrial por la vía de la licitación.
La ley que regía hasta ese momento, y que se modificó con la “Ley Longueira” en 2012, señalaba que era posible licitar hasta el 50% de las cuotas de pesca, llamado que estaba en manos de la Subsecretaría del ramo. Pero, según explica la gerente de Asuntos Corporativos de Lota Protein, Riola Solano, jamás se hizo. “La explicación que se dio era que para hacerlo el Consejo Nacional de Pesca tenía que estar de acuerdo. Pero sus miembros, en su mayoría representantes de la industria, nunca iban a aceptar”. Entre estos se contaban Sarquis y Vial.
El 15 de junio de 2010 el TDLC declaró inadmisible la consulta de la pesquera noruega. Pese a ello, las alarmas en la industria a estaban activadas sobre el delicado tema de las licitaciones.
El mayor temor apuntaba a La Moneda. Esto, porque el entonces Presidente, Sebastián Piñera, tenía una histórica postura que iba en sentido contrario a los intereses que el sector quería proteger, lo que había quedado claro veinte años antes, cuando el Mandatario era senador. Esto, sumado a la inminente expiración de la Ley de Pesca en diciembre de 2012, hacía prever que podrían venir cambios importantes.
Piñera había liderado en 1990 una ofensiva parlamentaria que no favorecía a los grandes actores de la industria, relacionada con la Ley General de Pesca y Acuicultura publicada el último año de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que nunca entró en vigencia en su texto original. Al año siguiente, se envió al Congreso un proyecto de ley que buscaba modificarla, que fue aprobado en la Cámara Baja.
Pero la piedra de tope fue que la propuesta solo contemplaba entregar permisos de pesca a quienes habían desarrollado actividades pesqueras durante al menos seis meses del año anterior a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
En vista de esto, Piñera junto a otros 14 senadores presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), planteando, entre otros puntos, que el proyecto vulneraba la Constitución porque impedía adquirir el dominio de los peces a todas las personas que no fueran los pesqueros históricos. El TC declaró inconstitucionalidad de forma de la propuesta aprobada por la Cámara, tras lo cual se suscribió un acuerdo político en el que también participó Piñera y que abrió la puerta a que se pudiera licitar hasta un 50% de la cuota global de captura.
Pero, tal como quedó de manifiesto en el requerimiento de Lota Protein ante el TDLC veinte años después, en la práctica jamás se realizaron estas licitaciones.
Como Presidente del país, uno de los objetivos de Piñera era cambiar esto, lo que pensaba hacer a través de la normativa que modificaría la Ley de Pesca vigente en ese momento y que mucho antes de que se anunciara ya sacaba ronchas en la industria.
En ese escenario, el correo electrónico de Moncada a Sarquis y Vial devela cómo empezaron a organizarse para lo que venía, nada menos que alertados y aconsejados por parlamentarios de la Alianza. ¿Pero quiénes? Consultado al respecto, y sobre los alcances del mail, el presidente de Asipes declinó referirse al asunto. Por su parte, Rodrigo Sarquis señaló no recordar el correo.
Según Sarquis, han mantenido una posición “transparente y súper explicada” a través de los medios y el Gobierno. “Las licitaciones en aquellas pesquerías donde hay un historial de 70 años nos parecía que no correspondía porque hay inversiones hechas y en fin… Por lo tanto, esa fue la postura que siempre mantuvo la industria públicamente y el Parlamento lo zanjó de otra manera, mediante un proyecto en otros términos. Entonces, más de cinco años después es difícil que te pueda decir algo”, aseguró.
Con respecto a que parlamentarios les advirtieron sobre el bloque que debían liderar y qué significado tiene impulsar “efervescencia” en torno al tema, Sarquis manifiesta que no lo recuerda porque fue hace cinco años.
Además, asevera que “nunca hemos tenido comunicación con ningún comité político de ningún Gobierno. Siempre la industria ha usado los mecanismos que son los propios que usa cualquier industria cuando se debate un proyecto de este tipo. Cuando el proyecto se hizo público utilizamos las instancias propias: pedimos una serie de entrevistas en el Parlamento, en ambas Cámaras. Siempre utilizando todas la herramientas que la ley otorga”.
Según fuentes cercanas a la investigación que lidera Ximena Chong, la Fiscalía mantendría una serie de correos electrónicos que demuestran cómo la industria pesquera tuvo arte y parte en la Ley Longueira en el tema de la propiedad de los derechos y las licitaciones de pesca.
El mail enviado por Moncada en 2010, sería uno de los movimientos más tempranos que impulsaron los grandes pesqueros para mantener su privilegiada posición.
“Aquí dos años antes del ingreso de la Ley de Pesca al Congreso y un año antes de la gran mesa pesquera, las empresas se estaban coordinando para obstaculizar el mayor tema, el corazón de todo: de quién son las cuotas de pesca y obstaculizar las licitaciones”, aseguran fuentes ligadas a la investigación.
En enero de 2011, el TDLC presentó un documento con una serie de recomendaciones que envió a Piñera, a raíz de un procedimiento iniciado luego del requerimiento de Lota Protein. La conclusión del tribunal fue que la pesquera era una industria que se había ido concentrando y a la que no habían ingresado nuevos actores desde 2001.
En abril de ese año, los peores temores de la industria se hicieron realidad: el entonces subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, anunciaba que el proyecto de ley para renovar la ley del sector contemplaba licitar alrededor de un 25% de las cuotas individuales. Noticia que fue corroborada por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, frente a la Cámara de Diputados.
Esta postura sacó ronchas entre los pesqueros. De hecho, el presidente de Copec, Roberto Angelini –que lidera el grupo que controla las pesqueras Corpesca, SKP e Iquique-Guayane– criticó personalmente el proyecto de ley. Postura que también fue asumida por el resto del gremio.
Fontaine insistió en la idea, pero en julio de ese año y antes de que fuera enviado el proyecto de ley, fue sacado del cargo en medio de un cambio de gabinete. Según la declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de enero, del gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, el motivo de su salida fue justamente este tema.
“Si bien es cierto que el Proyecto de Ley lo presenta el Ejecutivo a fines de 2011, el ministro Fontaine en diciembre de 2010 o enero de 2011 en un CNP hace un delineamiento de lo que vendría en este proyecto de Ley, y en este delineamiento, él dice que es idea del Ejecutivo que se licite el 50% de las cuotas pesqueras, adicional a un nuevo fraccionamiento entre industriales y artesanales, es decir, traspaso de cuotas de industriales a artesanales. A todos los asistentes nos causó una tremenda sorpresa negativa este planteamiento. Posteriormente fue tal el revuelo que tomó, que el Presidente terminó cambiando al ministro, y entra Pablo Longueira y decide conformar esta mesa pesquera tripartita, convocándose a llegar a un acuerdo el que se tomaría como base para el Proyecto de Ley, y si dentro de los acuerdos estaba NO licitar, él no incluiría las licitaciones en el Proyecto de Ley de Pesca”.
