La idea de su defensa es que sólo se le pueda sancionar con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La defensa del senador Jaime Orpis iniciaron la búsqueda de nuevos mecanismos para atenuar la responsabilidad penal del desaforado parlamentario ante la justicia por el caso Corpesca.
Una de las alternativas que manejan es restituir de forma íntegra las asignaciones parlamentarias que supuestamente utilizó para pagar su campaña política, consigna hoy La Tercera.
La idea: reducir las penas asociadas a este delito (de 541 días a 5 años de presidio y aplicación de multas) e impedir que se le aplique medidas cautelares de alta intensidad, como la prisión preventiva.
Los abogados del ex militante UDI están a la espera de conocer la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, para conocer los argumentos del fallo y poder así recurrir a la Corte Suprema para que nuevamente analice la situación de Orpis.
El senador reconoció ante la fiscal Ximena Chong los hechos investigados y manifestó interés por reintegrar los más de $180 millones en asignaciones parlamentarias utilizadas de manera indebida para su campaña.
“Mi intención es proceder a reintegrar la totalidad de tales dineros que fueron usados para fines propios o ajenos”, declaró el legislador a la persecutora, agregando que “tales dineros se utilizaron con fines políticos, financiando diversas actividades de esa índole”.
Fuentes consultadas por el matutino aseguran que en caso de que Orpis reintegre los dineros, sólo se le podría sancionar con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
