Entre ellas se encuentran: modernización de la Cancillería, la ley larga de TVN, la creación del canal Cultural de televisión, el proyecto que modifica la sociedad conyugal, el de violencia contra las mujeres y la creación de la Subsecretaría de la Niñez.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, hizo un llamado el lunes pasado en medio del del consejo de gabinete.
En la ocasión, el secretario de Estado advirtió que hay cerca de 200 proyectos de ley pendientes de ser presentados por el Ejecutivo o que actualmente están tramitándose al interior del Congreso.
Según consigna La Tercera, Eyzaguirre aseguró que en la práctica será inviable que todas esas iniciativas alcancen a ser aprobadas ya que sólo restan dos años de gobierno.
Por ello, el titular de la Segpres les solicitó a los otros ministros realizar una priorización de sus respectivos proyectos que están comprometidos.
Para tales fines, Eyzaguirre impulsará una ronda reuniones con todos los secretarios de Estado, a fin de comenzar a trabajar en una nueva agenda legislativa 2016-2017.
Entre los 200 proyectos se encuentran varios que ya fueron presentados por el gobierno al Parlamento, y otro porcentaje de propuestas que fueron comprometidas por La Moneda, pero de las cuales no existe todavía un documento elaborado.
Asimismo, existe un grupo de iniciativas que están técnicamente listas y redactadas por los equipos jurídicos de cada ministerio, pero que aún se mantienen a la espera de la autorización de La Moneda.
Entre las cuales se encuentran: el proyecto de modernización de la Cancillería, la ley larga de TVN, la creación del canal Cultural de televisión, el proyecto que modifica la sociedad conyugal, el de violencia contra las mujeres y la creación de la Subsecretaría de la Niñez, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social.
Y están aquellos proyectos que son considerados como alta prioridad: la ley superior de educación y el proyecto de ley sobre migraciones.
La priorización no sólo toma en cuenta el poco tiempo restante, también considera la situación económica del país y la decisión de iniciar ajustes en áreas administrativas del Ejecutivo.
