«Estamos tratando de atacar algunos puntos que de alguna manera limitan la posibilidad de mayor información de pacientes y que generan asimetrías», sostuvo el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.
El Ejecutivo envió al Senado un segundo paquete de indicaciones a la llamada ley de Fármacos II, donde destaca la creación de un sistema que permitirá comparar los precios de los remedios.
Según consigna La Tercera, otro de los cambios propuestos es la obligación de transparentar los aportes de la industria a los prestadores de salud, así como los conflictos de interés que puedan derivar de estos.
De esta manera, las farmacias y los recintos que cuenten con botiquines deberán dar a conocer al público de manera permanente los precios de los productos.
Una información que deberá ser enviada además al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública (ISP). Esta última, publicará los valores de los productos en su sitio web “de forma que permita su comparación por los consumidores”.
«Ya estamos avanzando en la herramienta, con los datos que en forma voluntaria han comprometido las cadenas de farmacias, mientras se tramita la ley», sostuvo el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.
Otra propuesta incluida en las enmiendas apunta a los conflictos de interés en el área médica, regulando la relación entre los actores del área farmacéutica -fabricantes, promotores y comerciantes-, y los prestadores de salud, como médicos, recintos asistenciales y centros académicos.
«Los laboratorios y firmas vinculadas deberán reportar al Minsal y al ISP, y publicar en sus respectivos sitios web las transferencias de valor efectuadas, aludiendo los pagos, aportes, subsidios o beneficios que se entreguen a prestadores de salud, los que además tendrán un tope máximo, fijado por un reglamento», señala el documento.
Quedan excluidas de esta norma: la entrega de muestras médicas, materiales educativos a pacientes y dispositivos de prueba.
Asimismo, «los centros y prestadores de salud y académicos deberán contar con un reglamento interno que regule los conflictos de intereses que afecten tanto a sus directivos como trabajadores», agrega.
Según Burrows, «esto está asociado con la indicación presentada en diciembre que obliga que la receta médica incluya la denominación común internacional del medicamento para informar al paciente. Igualmente, si el médico desea, puede recomendar una marca. Lo que queremos con esto es disminuir la posibilidad de que la prescripción sea influenciada».
«Las indicaciones van en beneficio de todos. El mercado de medicamentos requiere mayor competitividad. Estamos tratando de atacar algunos puntos que de alguna manera limitan la posibilidad de mayor información de pacientes y que generan asimetrías», concluyó el subsecretario.
