Buena parte del oficialismo se apresta a rechazar agenda del ministro del Interior en la Cámara de Diputados
Gran parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría anunció su voto contrario al polémico artículo, sin embargo, el ministro del Interior insistió ayer, durante el comité político, en defender la norma. El Ejecutivo intentará volcar la posición de los diputados morigerando el proyecto, no obstante, la preocupación está centrada en que nuevamente La Moneda podría lograr aprobar una ley con los votos de la oposición y un grupo pequeño del oficialismo, representado fundamentalmente por la DC. En el conglomerado de Gobierno varios manifiestan su molestia por el hecho de que otra vez deberán pagar los costos de una iniciativa que no respaldan.
La sala de la Cámara de Diputados debería votar este martes el polémico artículo que permite el control preventivo de identidad, el cual –en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia– ya fue respaldado en el Senado. ¿Por qué la condicionalidad? Si bien el proyecto está en tabla, el Gobierno buscaba hasta el último momento consensuar algunas modificaciones que permitan su aprobación, esto luego que la mayoría de los parlamentarios oficialistas haya manifestado anticipadamente su rechazo a la norma.
En esa línea, el ministro del Interior, Jorge Burgos, sigue siendo el principal impulsor desde La Moneda de la enmienda, que no fue parte del proyecto original de la Presidenta Bachelet y que a todas luces conllevará consecuencias políticas y dificultades en el andar de la Nueva Mayoría con el Ejecutivo.
A 24 horas de que los diputados deban pronunciarse con su voto en el marco del tercer trámite legislativo, la discusión sobre la indicación incluso generó un momento tenso en el comité político que encabezó este lunes el jefe de gabinete. Ahí el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade (PS), hizo ver a Burgos sus aprensiones con el texto y, sobre todo, con el hecho de que La Moneda esté apoyando una iniciativa que es rechazada por la mayoría del bloque oficialista. Casi todos los timoneles de las colectividades del conglomerado respaldaron esa visión.
“Mi preocupación hoy día, teniendo ya opinión, es que este control preventivo sea aprobado con la minoría de la Nueva Mayoría. Creo que es un problema político que debiéramos considerar”, explicó el parlamentario socialista en el patio de Palacio a la salida de la reunión entre ministros y presidentes de partidos. Asimismo, el diputado añadió que “el PS ha decidido no respaldar esta iniciativa que proviene de la derecha. Nos hemos preocupado en la discusión de tratar de mejorarla, pero la conclusión a la que hemos llegado es que sigue siendo completamente insuficiente”.
Un poco antes del comité político las presiones no cesaban. Un grupo de diputados del PS, PPD y DC entregó una carta en rechazo al control preventivo de identidad y a las sanciones por filtraciones. «Mañana (martes) no estarán los votos disponibles de los socialistas para estas dos temáticas fundamentales de la Agenda Antidelincuencia (…) queremos que se reconsideren estos dos temas porque esta no es la forma de combatir la delincuencia», sostuvo el jefe de la bancada PS, Juan Luis Castro. Los diputados del Partido Radical, en tanto, también oficializaron su posición de rechazo ante la propuesta.
Con todo, Burgos, ante los timoneles partidistas y de ambas cámaras, defendió nuevamente la indicación. Quienes participaron del encuentro relataron que el ministro del Interior recalcó que se encontraba satisfecho con la redacción que se despachó desde el Senado, la que –según él– se hace cargo de una problemática relevante para el Gobierno. Además, el democratacristiano recalcó que el artículo había pasado por varias instancias donde los parlamentarios oficialistas incidieron en el texto que finalmente se pone nuevamente en discusión.
El ministro del Interior, asimismo, aseguró que no buscaba de ninguna manera que la legislación terminara en la práctica siendo discriminatoria y que tampoco se sentía representado con quienes lo retrataban como un “sheriff” por impulsar estos cambios. No obstante, varios de los presentes en dicho encuentro insistieron en que efectivamente el jefe de gabinete “pareciera remar solo” en el impulso de esta indicación y que en La Moneda habría una visión mayoritaria a favor de que el artículo se rechazara y que fuera modificado en una eventual comisión mixta. De hecho, el entorno de la propia Presidenta Bachelet ha operado sigilosamente en contra del proyecto, que incomoda a la Mandataria por estar en el límite de los estándares internacionales de DD.HH.
Cabe recordar que una serie de organismos, como Unicef, Amnistía Internacional o incluso Paz Ciudadana, han puesto reparos a la iniciativa. Pero, además, las declaraciones que realizó el ex ministro del Interior de la pasada administración, Rodrigo Hinzpeter, publicadas el domingo pasado en La Tercera, donde sostuvo que “el control de identidad propuesto por el Gobierno es demasiado amplio”, para muchos son la evidencia de que el Ejecutivo no puede seguir impulsando la iniciativa.
“Si hasta el ex ministro del Interior de Piñera dijo que era demasiado amplio el tema, entonces, cómo será si ya lo dijo él”, ironizó el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier.
Además cabe destacar que el propio Gobierno de Bachelet optó por no patrocinar el proyecto que, en julio de 2013, el ex Presidente Sebastián Piñera, junto al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, habían firmado en la misma dirección de la actual iniciativa legal.
[cita tipo= «destaque»]En el bloque la mayoría insistió en que estas modificaciones que restringen el control no son suficientes y que de todas maneras el proyecto va a terminar siendo contraproducente para el Gobierno. La preocupación política está dada por el hecho de que nuevamente un proyecto respaldado por el Ejecutivo pudiera ser aprobado gracias a los votos de la oposición y una parte de la Nueva Mayoría, representada principalmente por la DC.[/cita]
En esa línea, algunos recuerdan a Burgos declaraciones como las que entregó a revista Capital en noviembre de 2013, donde cuestionaba a la administración Piñera y a la Alianza, ya que “en materia de seguridad hay que ser riguroso, hay que pedir que las policías cumplan con las leyes que tenemos antes de estar pensando en hacer otras. ¡Lo más fácil es decir que hay que dictar una ley! Por ejemplo, en materia de encapuchados hay una institución que se llama Control de Identidad que está en el Código Procesal Penal desde el 2000, pero no se ocupa. Puedes pedirle la identidad a un encapuchado sin ningún requisito de un fiscal, por el hecho de andar encapuchado. Pero es cierto, uno de los temas más complicados será el orden público, pero hay que hacerlo con inteligencia, con más rigor y menos populismo”.
“Mientras haya todavía espacio antes de la votación, el Gobierno está dispuesto a efectuar alternativas y a escuchar a todas las partes”, sostenía este lunes el vocero de Gobierno tras participar del comité político. El Ejecutivo efectivamente ha intentado morigerar el polémico artículo, incluso abriéndose a la utilización solo de instrumentos biométricos para determinar la identidad.
“Lo que el ministro del Interior señaló en esta reunión es que de parte del Gobierno hay siempre disposición a escuchar todas las alternativas que se pongan sobre la mesa para poder alcanzar este objetivo: entregar herramientas eficaces para el combate de los delitos, pero asegurarnos que esas herramientas no puedan convertirse en fuente de vulneración de los derechos ciudadanos que no cometen delitos”, explicó el titular de la Segegob.
De hecho, miembros del Ejecutivo este martes se reunirán con parlamentarios para intentar convencerlos y obtener algunos votos para que se pueda seguir sosteniendo la enmienda. Así, al menos, se podría “maquillar” un resultado que mostrará una vez más dividido al oficialismo.
En el bloque la mayoría insistió en que estas modificaciones que restringen el control no son suficientes y que de todas maneras el proyecto va a terminar siendo contraproducente para el Gobierno. La preocupación política está dada por el hecho de que nuevamente un proyecto respaldado por el Ejecutivo pudiera ser aprobado gracias a los votos de la oposición y una parte de la Nueva Mayoría, representada principalmente por la DC.
“Nos preocupa. Eso quiere decir que no se ha tomado en cuenta el pensamiento de la mayoría de la Nueva Mayoría, nos preocupa”, expuso el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier.
“De lo que el Gobierno tiene que tomar nota, es que mayoritariamente las bancadas de la Nueva Mayoría no están por respaldar el control preventivo”, dijo por su parte el presidente del PPD, Jaime Quintana.
De este modo, algunos sostienen que ocurrirá una dinámica similar a lo que ocurrió con la Reforma Laboral, donde las denominadas “adecuaciones necesarias”, que para muchos permitirían el reemplazo interno en huelga, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados gracias a los votos de Chile Vamos y una Nueva Mayoría dividida. Esto, además, luego de las modificaciones que se realizaron en el Senado.
En el bloque varios parlamentarios aseguran no estar dispuestos a seguir pagando los costos de tener que aprobar indicaciones de las cuales no están convencidos solo para mostrar lealtad con el Ejecutivo. Un tema que está escalando en la NM y que podría generar nuevos dolores de cabeza en Palacio.
