Proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez busca adaptar la normativa que protege los derechos universales de los menores de 18 años, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia.
El próximo 2 de mayo, el gobierno repondrá la urgencia el proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Esto, luego de la muerte de la menor de 11 años, Lisette, en las dependencias del Cread Galvarino del Sename, y de la salida de la directora del servicio, Marcela Labraña.
La iniciativa busca adaptar la normativa que protege los derechos universales de los menores de 18 años, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia.
Tal como consigna La Tercera, el proyecto fue presentado en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de septiembre pasado, y se discute en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Este, generará la base para una serie de modificaciones: la separación del Sename en dos organismos. Uno encargado de velar por los derechos de los menores vulnerados y el otro referente a los infractores de la Ley Penal Adolescente.
Sin embargo, las iniciativas específicas que generan estas transformaciones aún no han sido enviados al Parlamento. Y la que fue ingresada en 2015 al Congreso -la urgencia del proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez- ha sido modificada cuatro veces, sólo este año.
Al respecto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) precisó que el último cambio de urgencia fue por el receso parlamentario de febrero.
A partir de esa fecha el proyecto pasó de tener suma urgencia a quedar sin ningún tipo especial de tramitación porque no había otra iniciativa en discusión, explica la cartera liderada por el ministro Nicolás Eyzaguirre.
Si bien, la Segpres tenía presupuestado reponer la urgencia -en calidad de seimple- el miércoles 20 de abril, esta decisión se aplazó debido “a la suspensión de sesiones por el duelo nacional” en honor al ex Presidente Patricio Aylwin.
Respecto a la decisión de quitarle la urgencia en enero, esto habría sido producto de la prioridad que tenía puesto el gobierno en las iniciativas sobre probidad, agenda corta y la reforma laboral, entre otros temas.
“Fueron dos razones cruzadas: el Ejecutivo dijo que le habían puesto suma urgencia para que no se cayera de los proyectos que quería priorizar. Pero la sociedad civil se opuso, debido a que la iniciativa generó más de 300 indicaciones cuando ingresó al Congreso”, sostuvo Alejandra Riveros, del departamento de asuntos públicos de la Aldea S.O.S. (organismo que presta colaboración al Sename).
Por su parte, la diputada UDI y miembro de la Comisión de Familia, Claudia Nogueira, dijo que “el gobierno le quitó suma urgencia a esta iniciativa por la presión social y parlamentaria, dado que tenía múltiples correcciones de fondo y de forma. Esto, a raíz de las más de 500 indicaciones que fueron presentadas durante enero».
Por otro lado, expertos aseguran que los proyectos que modifican el Sename no cuentan con financiamiento público. El gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, aseguró que hay una serie de aspectos que no están cubiertos.
“Este proyecto de ley no tiene un marco presupuestario (…) ni siquiera está establecido un mecanismo sobre el cual se va a ir priorizando, por ejemplo, la glosa presupuestaria en materia de ir reduciendo estas vulneraciones de derecho tan serias”, indicó.
En esa misma línea, Aldea S.O.S. acota: «Cuando uno lo revisa es que no tiene presupuesto asignado y cualquier cambio estructural requiere presupuesto. No avanza mucho en cómo va a rediseñar la institucionalidad de infancia”.
