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Dice que no se justifica que nuevamente se incluya en la Ley de Presupuesto

Carlos Peña toma distancia de gratuidad y amenaza con bajarse si en 2017 va en glosa

por 8 mayo, 2016

Carlos Peña toma distancia de gratuidad y amenaza con bajarse si en 2017 va en glosa
“La glosa fue una medida impulsada por una urgencia, digamos, política. Repetir luego de un año una medida de urgencia -reiterar los mismos errores y los mismos tropiezos en su gestión- no tendría ninguna justificación. Ni la ministra de Educación, ni el ministro de Hacienda pueden permitirse, sin sacrificio de su prestigio, luego de un año de experiencia y de meditación, repetir errores que pudieron justificarse sólo una vez -una vez; pero no dos- por la urgencia”, afirma el rector de la UDP.
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El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, tomó distancia de la gratuidad en los planteles de educación superior y amenzó con bajarse si para el 2017 va en glosa, cuestionando la forma en que se implementó el beneficios y que o se justifica que nuevamente sea incluida en la Ley de Presupuesto.

En entrevista con La Tercera, Peña explica que hasta el momento más que un debate sobre el tema, “ha habido manifestaciones de interés. Un debate supone la exhibición de razones relativas al interés común que, hasta ahora, desgraciadamente, escasean. Se trata de una situación que todos debemos esmerarnos por superar”.

“Hay, en el debate, falta de crítica hacia el propio quehacer y en vez de eso atención, sobre todo, a los propios intereses. Los partícipes de este debate -todos- debiéramos dejar de ser partidarios entusiastas de las propias instituciones y, en cambio, esforzarnos por pensar con imparcialidad cuáles son los bienes comunes que debemos cuidar y hacia los cuales debiera orientarse el conjunto del sistema”, señala.

Precisa que la actitud del gobierno sostiene que “hemos pasado de la locuacidad del ministro Eyzaguirre, a la mayor contención de la ministra Delpiano; pero desgraciadamente todavía no tenemos de parte de esta última un relato general de la reforma”.

Respecto a que la gratuidad en la UDP significó un alto costo económico, ya que “al adherir, la UDP, como otras instituciones, ha debido absorber una brecha de aproximadamente $ 3.000 millones; tolerar que no se haya cumplido la promesa de distribuir el 50% de los recursos en marzo y asumir los costos financieros consiguientes; y vivir en la incertidumbre de si se pagará o no el financiamiento basal que se comprometió para las instituciones que adhirieran”.

En cuanto a la forma en que se ha implementado esta política, Peña sostiene que no se ha hecho bien, debido a que “el instrumento ha sido inadecuado; los plazos desgraciadamente se han incumplido; el financiamiento basal que se distribuiría entre quienes adhirieran sigue pendiente; y nadie ha explicado aún por qué las cosas han ocurrido de esa forma”.

En ese sentido,a dvierte que “si la gratuidad del año 2017 se orienta por una glosa igual a la hoy día vigente, el sistema sufrirá daños severos y la responsabilidad obligará a las instituciones a pensarlo dos o tres veces antes de adherir de nuevo”.

“Cualquier decisión futura de las universidades respecto de la glosa, no afectaría la situación de los alumnos que ya tienen gratuidad. Todos sabemos -incluidos los ministros respectivos- que la glosa fue una medida impulsada por una urgencia, digamos, política. Repetir luego de un año una medida de urgencia -reiterar los mismos errores y los mismos tropiezos en su gestión- no tendría ninguna justificación. Ni la ministra de Educación, ni el ministro de Hacienda pueden permitirse, sin sacrificio de su prestigio, luego de un año de experiencia y de meditación, repetir errores que pudieron justificarse sólo una vez -una vez; pero no dos- por la urgencia”, afirma.

También señala que ha habido un problema que no es el objetivo que persiguem, sino los medios diseñados para alcanzarlos. “Permítame insistir por la importancia que este punto reviste: para que ese programa brinde los frutos que de él se espera -permitir el acceso a una educación de calidad con prescindencia de la cuna- es imprescindible que se corrijan los errores en los que hasta ahora se ha incurrido. Nada se saca con un programa de gratuidad que restringe severamente los recursos de los que hasta ahora disponían las instituciones o que las somete a entregas y pagos discrecionales que se apartan de los compromisos públicos contraídos. Todo eso pudo ser tolerable un año, como consecuencia de la urgencia a la que aludí; pero una urgencia, hay que repetirlo, no dura dos años”.

En ese sentido explica que si continúa ocurriendo, “a poco andar el destino de muchas universidades chilenas (y no precisamente privadas) repetirá el destino de la tradicional universidad latinoamericana: gratuita, pero masiva y de baja calidad, presionando sobre el Estado para resolver sus problemas, con académicos impedidos de desenvolver su vocación intelectual. Y eso, en vez de remediar la situación de los grupos más desventajados, simplemente la encubrirá o la disfrazará con un simulacro de oportunidades, porque los más desventajados seguirán en desventaja, sólo que ahora lo harán provistos de un certificado”.

Peña también plantea los principios que debiera recoger la futura reforma, indicando que “los más básicos son los que siguen. Ante todo, reconocer la heterogeneidad que se observa hoy, creando tres subsistemas: uno estatal guiado por la U de Chile; otro extra estatal pero de orientación pública; y otro privado propiamente tal. Acto seguido, se hace necesario establecer criterios para que las instituciones que así lo decidan puedan transitar desde el tercer subsistema (el íntegramente privado) al segundo (al de instituciones con orientación pública). Dibujar el umbral entre esos subsistemas, identificando criterios relativos a lo público es, quizá, una de las tareas más urgentes”.

“El principal desafío de la reforma universitaria es, respetando la autonomía de las instituciones y su independencia intelectual, incentivarlas a que converjan hacia bienes comunes, que tenemos que identificar. Si por bienes públicos se entienden bienes que diseminan beneficios con independencia de quien los financia, no cabe duda que todas las instituciones que investigan los producen. Si, en cambio, por bienes públicos se entiende el tipo de racionalidad que se ejercita en las instituciones, tampoco cabe duda que ella está al alcance tanto de las instituciones estatales como las que no lo son. Y si en fin, se llama bienes públicos a ciertos principios como el pluralismo o la participación, tampoco cabe duda que todos pueden cultivarlos”, menciona.

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