Riendas políticas las lleva equipo liderado por el subsecretario Mahmud Aleuy
El error, reconocen en privado hoy Palacio, estuvo en que se demoraron en “entender y dimensionar” el problema real de la isla. Explicaron que como las cifras de los afectados no eran voluminosas, no se sopesó la posibilidad de que se transformara en una potente movilización social, que sumara un cúmulo de demandas legítimas, lo que llevó a reaccionar tardíamente, sumado esto a una respuesta a nivel de autoridades regionales “deficiente y ambigua” sobre lo que el Ejecutivo estaba en condiciones de solucionar.
“Esto debió haberse parado el primer día, a las 24 o 48 horas, pero ahora ya se convirtió en una crisis política, productiva y social, está todo encadenado”, acusó el senador PS, Rabindranath Quinteros, el lunes 8 de mayo en las páginas de El Mercurio. Una crítica que no es aislada y que en el seno de la propia Moneda ya se discutió y asumió como un error real de Palacio no haber dimensionado en un principio los alcances reales del conflicto en Chiloé para frenarlo a tiempo y evitar que escalara a demandas sociales legítimas y mucho más amplias que solo los afectados directos por la marea roja.
No hay que olvidar que las movilizaciones de Chiloé, que ya están en su segunda semana de desarrollo –con bloqueos de caminos y desabastecimiento durante buena parte de este tiempo– comenzaron por el reclamo puntual de ayuda de pescadores artesanales y mariscadores, que vieron afectada su fuente laboral por la contaminación de la marea roja.
En marzo se habían detectado los primeros brotes, pero no fue sino hasta finales de abril que realmente se prendieron las primeras alertas cuando la contaminación ya había excedido las semanas normales. Los dirigentes de los pescadores han reclamado varias veces que trataron de hablar con el Gobierno antes de iniciar las movilizaciones, que no fueron escuchados y que hace un mes trataron de llegar hasta el propio ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sin éxito.
No fueron los únicos que han cuestionado la lentitud del Gobierno para reaccionar ante el conflicto. A principios de esta semana, el diputado Fidel Espinoza (PS) reclamó que “cuando dijimos que este era un conflicto grave, grande, algunos no entendieron mucho en Santiago, creyeron que no tendría los ribetes que logró”.
Es efectivo que el 21 de abril se declaró alerta sanitaria y la prohibición de la extracción de marisco entre el límite norte de la Región de Los Ríos hasta el sector de Cucao, al sur de Chiloé, y que una semana después, el día 29, la Presidenta Michelle Bachelet decretó zona de catástrofe para la costa de la Región de los Lagos.
El error, reconocen en privado hoy en La Moneda, estuvo en que se demoraron en “entender y dimensionar” el problema real de Chiloé. Explicaron que como las cifras de los afectados no eran voluminosas, no se sopesó la posibilidad de que se transformara en una potente movilización social, que sumara un cúmulo de demandas legítimas, lo que llevó –agregaron en Palacio– a reaccionar tardíamente, sumado esto a una respuesta a nivel de autoridades regionales “deficiente y ambigua” sobre lo que el Ejecutivo estaba en condiciones de solucionar.
“Al Gobierno le costó ponerse a tono con la crisis en Chiloé”, asumió un alto asesor del segundo piso de Palacio.
Eso llevó a que el conflicto en Chiloé se desbordara –agregaron–, porque ante la nula reacción inicial del Ejecutivo, se abrió la puerta para que la comunidad completa de la isla se sumara a la movilización, ya que el petitorio de demandas había crecido y contemplaba las carencias estructurales de la zona, debido a la debilidad que por décadas ha tenido el Estado en esa región. “Cuando los problemas no se tratan bien desde el inicio, lo que sucede es que se amplían las demandas a temas estructurales, como es en este caso lo de la contaminación ambiental en la X Región, algo que es real”, asumieron en La Moneda.
Poco y nada ayudó la polémica frase del ministro del Interior, Jorge Burgos, el miércoles 4 de mayo: “Ha quedado claro que este es un Gobierno que se preocupa de la gente, pero no somos un Gobierno de billetera fácil y no lo vamos a ser, porque sería irresponsable”, afirmó la autoridad DC el mismo día en que su par de Economía, Luis Felipe Céspedes, debutaba en la zona del conflicto como interlocutor gubernamental ante los pescadores, para tratar de lograr un acuerdo.
Las palabras de Burgos fueron bencina para la hoguera. Con ellas –explicaron en La Moneda, expuso a Céspedes en “un debut difícil” como negociador, pero, además, reflejó falta de sensibilidad con el clima del conflicto: “Eso de la billetera fácil es una señal que se puede dar a parlamentarios, durante la discusión presupuestaria, ante los dirigentes de la CUT u otros ministros, pero no se les puede decir eso personas que efectivamente tienen necesidades y están angustiadas”, reconoció una autoridad de Palacio.
Asumido el error inicial, en La Moneda pusieron en marcha un diseño para enfrentar la crisis. La elección del ministro Céspedes para estar en terreno negociando, respondió a que es la autoridad directamente vinculada con el tema, ya que Sernapesca le responde a la cartera de Economía, pero como muchos han criticado la elección por considerar a dicho secretario de Estado carente del peso político necesario para conducir a buen puerto las conversaciones, el libreto contempló el soporte político del Ministerio del Interior.
“Economía en terreno e Interior da el respaldo político, se ha trabajado en relación directa”, explicaron en La Moneda. Eso se ha llevado a la práctica con el hecho de que el jefe de la División de Gobierno Interior, Mario Ossandón (PPD), ha estado desde la semana pasada en la zona del conflicto. Ossandón fue subsecretario de Prevención Social en el primer Gobierno de Bachelet y director del Fosis durante la administración de Ricardo Lagos.
Políticamente es el hombre de confianza del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), es parte de su equipo de trabajo, lo ha subrogado en algunas ocasiones, como en mayo del 2014 cuando se operó de la espalda, y su tarea en Chiloé desde hace más de una semana –afirmaron en La Moneda– ha sido dar soporte político al ministro Céspedes y al equipo de autoridades regionales. Ha sido apoyado por el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, también socialista e integrante de la Nueva Izquierda de dicho partido, igual que la poderosa autoridad PS.
“Ossandón y Súnico han sido dos factores importantes de cómo se han manejado las cosas en Chiloé estos días”, recalcó una autoridad de Palacio.
Si bien esa fórmula lleva a muchos en la Nueva Mayoría y el Ejecutivo a afirmar que es el subsecretario Aleuy el que lleva las riendas del manejo del conflicto en Chiloé, en Palacio afirmaron que eso no significa que el ministro Burgos este marginado del tema, sino que han actuado como dupla en casi todas las reuniones internas. “Ha sido un manejo colegiado del conflicto, porque tiene dimensiones de orden público, económicas, políticas y comunicacionales”, explicaron en Interior.
El 27 de agosto del 2015, Aleuy y Burgos enfrentaron juntos otro conflicto que pasó de una demanda sectorial y regional a escalar a dimensiones nacionales: el paro de los camioneros. Sin embargo, ese episodio generó una fractura en la relación entre ambas autoridades, ya que chocaron en las visiones de cómo manejar la situación, lo que llevó incluso a que el subsecretario y todo su equipo se retiraran esa tarde de La Moneda molestos con la autoridad DC. El subsecretario había anunciado públicamente que no permitiría el ingreso de los camiones a Santiago ni que pasaran frente a Palacio y el ministro les cedió el punto esa tarde a los líderes de la manifestación, que pasaron frente a la sede de Gobierno en vivo y en directo por los canales de televisión en horario prime de los noticieros.
[cita tipo= «destaque»]“Economía en terreno e Interior da el respaldo político, se ha trabajado en relación directa”, explicaron en La Moneda. Eso se ha llevado a la práctica con el hecho de que el jefe de la División de Gobierno Interior, Mario Ossandón (PPD), ha estado desde la semana pasada en la zona del conflicto. Ossandón fue subsecretario de Prevención Social en el primer Gobierno de Bachelet y director del Fosis durante la administración de Ricardo Lagos.[/cita]
“En el tema de los camioneros hubo un problema, estaba de fondo el fantasma de la UP que llevó a los dos a ubicarse en sus trincheras políticas históricas, eso no pasa con el problema en Chiloé, no hay una clave histórica que lleve a Burgos y Aleuy a sus nichos más duros, por lo tanto, no hay dos estrategias en el Ministerio del Interior de cómo solucionar este conflicto”, recalcaron inquilinos del patio de Los Canelos en Palacio.
La confluencia DC-PS ha sido eficiente estos días, incluso para Céspedes, a pesar de su arraigo en el mundo DC. Uno de sus principales asesores es el socialista, Julio Valladares, que tiene buena relación con Interior y Hacienda. También es parte de ese equipo Tomás Monsalve –quien es pareja de la diputada PS Maya Fernández Allende–, y Javiera Montes, subsecretaria de Turismo –que es hija del senador socialista Carlos Montes–.
Después de un fin de semana de negociaciones sin éxito, el lunes el ministro Céspedes anunció que el Gobierno resolvió pagar un bono de 300 mil pesos por una vez y tres consecutivos de 150 mil pesos, los que ya están siendo depositados en cuentas RUT del Banco del Estado y abarcarían a unas 6 mil personas aproximadamente.
Un pago que se ha realizado a pesar de no haber llegado a acuerdo para terminar con las movilizaciones, pero que ha cumplido con los objetivos iniciales trazados por La Moneda: focalizar, priorizar y despejar demandas en distintos tiempos y ritmos.
Así, bajo la premisa de dar respuesta a parte de la cadena económica de Chiloé dañada por la marea roja, se resolvió primero poner el foco en el tema de la sobrevivencia de la gente, por lo que sin pedir humo blanco como requisito previo, se está pagando igual a las personas de la isla. Esta solución inmediata, concreta, da una respuesta a la demanda inicial de la zona, afirmaron en La Moneda. Pero también ganan tiempo mientras se hace efectiva y, en paralelo, esa ayuda contribuye a calmar los ánimos en la región, frenar la escalada de las movilizaciones, lo que se vio reflejado en la decisión de abrir los caminos para el paso de camiones y buses.
Es sabido que entre los dirigentes y cabezas del movimiento no hay mucha coordinación para negociar con el Gobierno, por lo que en Palacio ya auguran que es altamente probable que la movilización en Chiloé se prolongue no más allá de la próxima semana.
Tras una larga reunión ayer miércoles 11, los pescadores artesanales anunciaron que para deponer las movilizaciones exigen en la zona la presencia de un delegado presidencial que tenga amplias facultades, con quien definir una nueva política de Estado para la pesca artesanal afectada por la crisis ambiental. Dicha política debe ser elaborada en una reunión en que participen los pescadores, el Intendente Leonardo de la Prida, los parlamentarios de la región, los alcaldes y los consejeros regionales. El encuentro y delegado deben materializarse en 48 horas, plazo que vence el viernes 13 en la tarde.
También se demandó el pago de un bono de emergencia, sin requisitos previos para pescadores formales e informales.
El lunes, tras el comité político, el ministro Díaz pidió no hacer comparaciones entre la situación de Chiloé y lo que fueron las movilizaciones de las regiones de Aysén y Magallanes, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, las que por mal manejo llegaron hasta las puertas de La Moneda y solo pudieron ser resueltas con negociaciones al más alto nivel.
Pero en Palacio reconocen que “ese riesgo siempre existe” y, más aún, porque ese tipo de crisis, como fueron las de Aysén y Magallanes, escalaron porque el Gobierno no reaccionó inmediatamente, que es lo que pasó ahora.
Sin embargo, desde Interior explicaron que el objetivo es evitar eso, que se ha corregido el error inicial y que se ha seguido desde entonces una ruta clara: el Ejecutivo no está paralizado ante la situación, la fuerza pública no está actuando contra la gente ni es la herramienta para contener y dirimir este conflicto social, sino que se ha optado por el apoyo a través del pago de bonos.
La situación de Chiloé fue parte de los temas tratados en el comité político del lunes 9 de mayo con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría. Ahí se expuso a grandes rasgos la línea que se seguiría, el pago de 750 mil pesos por persona dividido en cuatro cuotas y el anuncio de la elaboración de un informe técnico independiente para abordar la otra arista clave del conflicto: la contaminación ambiental
“Ante la polémica, duda y debate que se ha armado en torno al origen de este fenómeno es que el gobierno va a avanzar en la constitución de una comisión científica de carácter independiente que examine el origen de este, de modo tal de que todos tengamos claro cuál es el origen, valga la redundancia”, dijo el ministro Díaz el lunes, tras el comité político. Al día siguiente, agregó que en el Gobierno la creación de esa comisión les ha parecido pertinente para poder despejar las dudas sobre la causas de la marea roja, que es el Ministerio del Interior el que está definiendo la constitución de esa comisión y que se está trabajando “con la prisa y celeridad que corresponde”.
En La Moneda explicaron que se están haciendo los términos de referencia necesarios para implementar la idea, que debe dar resultados en el mediano plazo y aplacar los duros cuestionamientos que hay en la zona, puntualmente por las responsabilidades involucradas a todo nivel en que se permitiera el vertimiento 4 mil toneladas de salmones muertos, asfixiados en las piscinas de las salmoneras a causa del boom de algas.
