Aseguran que no tienen seguridad de poder cumplir con la exigencia a 2020 y piden prorrogar los arriendos por otros tres años.
Preocupación existe en torno a la posibilidad de que no pueda cumplirse la implementación de la Ley de Inclusión, que pone fin al lucro, copago y selección en los colegios que reciben fondos públicos.
Esto, porque algunos sostenedores han alertado que hay establecimientos que no van a poder cumplir en 2020 con la exigencia de que la corporación controladora sea dueña del inmueble donde funciona el colegio, consigna hoy La Tercera.
De acuerdo a la norma, los sostenedores deberán transformarse en entidades sin fines de lucro, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. De este modo, las corporaciones o fundaciones tienen un plazo máximo de tres años desde su creación, para ser dueñas del terrero y el inmueble donde funcionan los colegios. Luego, podrán arrendar por un máximo de tres años.
Sin embargo, los sostenedores alertan que no hay seguridad que puedan cumplir con la exigencia a 2020 y, por ello, piden prorrogar los arriendos por otros tres años.
«Por la información recabada en los bancos, tenemos la convicción de que el traspaso de la propiedad a las entidades sin fines de lucro no será fácil. Pese a que existe la garantía Corfo, no van a hacer préstamos por más de 15 años y no nos han dicho cuál sería la tasa de interés», sostuvo el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera.
«Hay un riesgo real de que esta ley no se pueda llevar adelante. Los proyectos educativos pueden morir porque no se puede obligar a los propietarios a vender, y si los colegios no tienen un edificio, el Mineduc tendría que hacerse cargo de esos niños», agregó.
La tardanza del reglamento de tasaciones, aseguran los sostenedores, ha influido en la incertidumbre.
«El Mineduc nos ha dicho que ese reglamento está entrampado en Hacienda. Mientras no sea publicado, no podemos saber en cuánto van a ser avaluados los colegios», señaló el abogado de la Fide, Rodrigo Díaz.
Al respecto, el senador Andrés Zaldívar (DC) expuso en la Comisión de Educación del Senado que «hay que hacer una prórroga para hacer operable la ley y evitar que los sostenedores se vean en la imposibilidad de transformarse en corporaciones (…) siempre fui partidario de un arrendamiento regulado permanente y no de la compra obligada. No creo conveniente que destinemos recursos a adquirir inmuebles».
Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, dijo que efectivamente «hay una petición de los senadores (Carlos) Montes y (Andrés) Zaldívar al respecto que se está estudiando en el Mineduc, pero no hay posibilidad de cambiar aspectos esenciales de la Ley de Inclusión, como término del copago, lucro y selección. Las implementaciones siempre requieren transiciones y las transiciones a veces obligan a ajustes, aunque aún es pronto para tener una evaluación adecuada”.
Según Palma, no se han detectado que los sostenedores tengan problemas para decidir transformarse en entidades sin fines de lucro: “Las tasaciones bancarias se realizarán por los mismos bancos y de acuerdo a sus normativas, garantizando que los valores sean los que el mercado fije. El plazo para recurrir a los bancos recién se ha iniciado y los sostenedores tienen tres o seis años, según su tamaño, desde que se transformen a la nueva entidad sin fines de lucro. Nada les impide hoy ir al banco y pedir que les tasen el inmueble”.
