«Pagaba hasta las contribuciones de su casa» con dinero de la empresa, dijo Emiliano Arias
Según lo expuesto por el Ministerio Público,el senador recibió entre 2009 y 2013 de la pesquera del grupo Angelini $264.254.000, cuando se debatía la Ley de Pesca, y solicitó prisión preventiva para el legislador.
En el marco de la primera audiencia de formalización del Caso Corpesca, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el senador desaforado Jaime Orpis (ex UDI).
El Ministerio Público solicitó además el arresto domiciliario total para el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, quien fue formalizado por delitos reiterados de soborno y tributarios.
En tanto, la jueza Ana Emilia Ethit accedió a la petición hecha por la defensa de la ex diputada Marta Isasi de reprogramar su formalización para el 2 de junio, por cuanto la ex parlamentaria se encontraría con «una seria crisis de salud» que la mantendría «con cura de sueño».
Respecto a Orpis, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta de una serie de depósitos, platas para empleados de la Fundación La Esperanza y boletas de honorarios falsas. Entre estas, el persecutor menciona que el desaforado senador «pagaba las contribuciones de su casa» con dineros procedentes de la pesquera del grupo Angelini, consigna La Segunda.
Según lo expuesto por el Ministerio Público, el senador recibió entre 2009 y 2013 de la pesquera del grupo Angelini $264.254.000, cuando se debatía la Ley de Pesca. Estos dineros fueron solicitados por Orpis a Mujica para pagar deudas de su campaña electoral.
«Arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales, a cambio de que este realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras con infracción a los deberes de su cargo. Esto no se trata de pedir apoyo para una campaña, sino que se extiende a lo largo del tiempo. Esto es circunstancia de un delito reiterado de cohecho, que no es más que tener a un senador a disposición de Corpesca», detalló la fiscal Ximena Chong.
Por su parte, Arias recalcó que, pese a los pagos, Orpis «no se inhibió de votar en leyes que afectaban directamente a la pesquera, y promoviendo aquellos puntos que favorecían a la firma».
«El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo», hizo hincapié el persecutor.
El fiscal dijo que a través de su cuenta de correo institucional (jorpis@senado.cl) el parlamentario enviaba instrucciones a su asesora, Carolina Gazitúa, para proceder con los pagos de Corpesca. Parte de los montos se destinaron a gastos personales de Orpis, como contribuciones, tarjeta de crédito e incluso lavandería.
Respecto a la arista de delitos tributarios, el Ministerio Público acusó que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, «y a través de esa vía justificara ingresos inexistentes».
De igual modo, se acusa al senador de utilizar fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, «apropiándose indebidamente» de ellos a través de dos modalidades.
La primera, por medio del abultamiento de honorarios de los asesores (Orpis habría exigido que parte de estos dineros se le transfirieran a su cuenta). «Dentro de este grupo se encuentran Bárbara Molina y Carolina Gazitúa. Las asesorías son irreales, por montos sobrevalorados», dijo Arias.
La segunda, dice relación con la simulación de contratos. En este caso se menciona a la arquitecta Lorena Lara, ex nuera de la jefa de gabinete de Orpis, Viviana Quiroz. Según Lara, nunca trabajó para el senador. El monto defraudado ascendería a $153 millones.
La formalización de Orpis ocurre luego que la Corte Suprema confirmara el desafuero del parlamentario por cohecho y delitos tributarios, desestimando el lavado de activos.
