A propósito del litigio para terminar con el contrato entre Corfo y la minera
Mauricio Daza, querellante en la mayoría de los casos de financiamiento irregular de la política, afirmó que el vicepresidente ejecutivo de la compañía estatal es el único que se opone a mantener el acuerdo, porque «la red que armó Julio Ponce en todos los ámbitos de la política es sorprendente».
El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, querellante en la mayoría de los casos de financiamiento irregular de la política, como SQM y Corpesca, explicó las razones de la organización que representa para hacerse parte en estos procesos.
«Buscamos que estos delitos se persigan de la misma manera que se haría con un ciudadano que no tuviera una posición de poder político y económico. Más que buscar una determinada pena o sanción. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando. Aunque aparezca como una pretensión bastante natural, obvia, fácil, en la práctica se ha transformado en una verdadera carrera en contra de todo lo posible», dijo al programa ‘Desde Zero’ de radio Zero.
Daza, en este contexto, insistió en cuestionar la conducta del senador Jaime Orpis, formalizado por cohecho y fraude al fisco en el caso Corpesca. «Hay un conjunto de indicios múltiples, graves, precisos y concordantes, que dan cuenta de que el señor Orpis, más que actuar como senador de la república, actuó como un empleado de Corpesca. Él recibía instrucciones precisas acerca de cómo votar. Esta no era una comunicación normal entre un parlamentario y alguien de una industria respecto de la que se está legislando», afirmó.
El abogado hizo notar los parecidos entre este caso y lo que se investiga respecto de Pablo Longueira y SQM. «Hay un paralelismo. Longueira gestionó, mientras su entorno había recibido más de 700 millones de forma ilícita, una indicación que solo favoreció a SQM, la empresa que le pagaba y este era un pago ilegal».
Daza paralelamente se concentró en el lobby de SQM para terminar con estas investigaciones sin culpables. «Se han observado intentos de matar estos casos después de que se abrió la arista SQM. Hubo requerimientos al Tribunal Constitucional, declaraciones del fiscal Abbott, después hubo cambios en los equipos que originalmente estaban desarrollando de manera muy competente esta causa. Siempre se ha ido navegando en contra de la corriente», aseguró.
El jurista admitió que «es sorprendente la extensión y profundidad de la red que armó SQM y Julio Ponce Lerou en los distintos ámbitos de la política chilena. Nosotros tenemos una tesis: lo que se pretende es resguardar la vigencia de un contrato abusivo firmado el año 1993 entre Corfo y SQM, que le permite explotar de manera exclusiva y excluyente el salar de Atacama, de donde saca más del 50% de sus utilidades anuales».
Y en este sentido mencionó la posición solitaria de Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo: «El único que se opone a esto es un solitario [Eduardo] Bitran, que es la persona a cargo de Corfo. Pero yo creo que está cada vez más acorralado por el lobby todavía muy intenso y vigente de SQM».
