El escrito del diputado PS se suma a otra presentación, ingresada por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe.
A las 23:34 horas del domingo pasado el diputado diputado PS y actual presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, ingresó al Tribunal Constitucional una presentación que solicita al organismo pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de varias normas de la agenda antidelincuencia, como el control preventivo de identidad.
En el documento, tanto el parlamentario como el abogado de la bancada que suscribe el texto, Enrique Aldunate, expresan una serie de dudas sobre presuntos vicios de constitucionalidad del proyecto, consigna hoy La Tercera.
El escrito presentado por Andrade enumera ocho puntos críticos que «vulneran de manera grave y flagrante el texto y sentido de la Constitución».
Como por ejemplo, advierte, las tipificaciones como un nuevo delito-falta “el que obstaculizare las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales”, la realización de un juicio simplificado sin necesidad de presencia física del imputado, además del control preventivo de identidad.
En este último, dice, se contraviene el número 7 del artículo 19 de la Constitución que hace mención a la libertad de movimiento: “El control preventivo de identidad es una radical limitación de las garantías para la libertad personal (…) la norma autoriza controlar la identidad de los ciudadanos, sin indicios, delito o falta que justifique la injerencia, en consencuencia subvierte la presunción de inocencia en un estado de sospecha que convierte a todas las personas sospechosas de registrar órdenes de detención”.
Andrade explicó a La Tercera que «en su momento al gobierno le pareció inadecuado el requerimientro, nosotros pedimos comprensión. Lo que estoy haciendo ahora, es simplemente manifestar por escrito un punto de vista, que el tribunal puede tomarlo o no, pero a mi me parece que es un imperativo que lo haga, porque tengo la convicción de que aquí hay transgresiones al derecho».
De esta forma, el presidente de la Cámara Baja marca nuevamente distancia con La Moneda.
El escrito se suma a otra presentación, ingresada por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, donde se solicita que “se declare inconstitucional el inciso segundo del artículo 3 de la Ley Órgánica del Ministerio Público”.
Ambos textos solicitan al tribunal la posibilidad de realizar “audiencias públicas” para profundizar en estos argumentos.
