El parlamentario, quien es presidente de la Comisión de DDHH del Senado, en donde expuso el director del Sename el día miércoles 15 de junio, expresó que “nos parece gravísimo que en dicha instancia no se nos haya entregado la información completa, de la que luego nos enteramos, al día siguiente, por un reportaje publicado por la prensa”.
Considerando “como un hecho grave que el Sename le haya ocultado información al Senado sobre la existencia de 1.334 niños que se encuentran en estado crítico al interior de los centros de la institución y no 183, como lo indicó el director de la institución, Hugo Herrera”, el legislador Alejandro Navarro le solicitó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, “que pida la renuncia” del directivo y que “haga un llamado a concurso para el cargo, a través de la Alta Dirección Pública”.
Navarro, quien es presidente de la Comisión de DDHH del Senado, en donde expuso el director del Sename el día miércoles 15 de junio, expresó que “nos parece gravísimo que en dicha instancia no se nos haya entregado la información completa, de la que luego nos enteramos, al día siguiente, por un reportaje publicado por la prensa”.
El parlamentario señaló que “en la sesión de la Comisión, Hugo herrera, declaró ‘sabemos que los niños atendidos por Sename presentan diversos problemas, sobre todo en salud mental. Dentro de las acciones que ya estamos implementando es la atención priorizada de 183 casos que revisten urgencia, de los cuales podemos informar que todos han sido evaluados por el ministerio de salud: 59 casos en la región del Biobío, 47 en el Maule, 60 en la Metropolitana y 17 de otras regiones’”.
“Sin embargo –agregó Navarro– nos enteramos después que solo en la Región Metropolitana hay datos de 249 menores en situación crítica con patologías de mal pronóstico, de acuerdo al informe realizado por los directores del Sename, que publicó el diario La Tercera. Le sigue Valparaíso con 163; Araucanía con 125; Los Ríos con 107; Biobío con 105; Maule con 101 y así también en todo el resto del país, con una cifra que llega a los 1.334”.
Agregó que “hay que ser exactos en la información. El Sename está en una crisis profunda en donde nadie se puede dar la licencia para ocultar datos. Porque con hechos como estos se entraban los procesos de búsqueda de apoyo y de resolución de los graves problemas que ocurren en los centros de la Institución”.
El parlamentario dijo, además, que no podemos permitir que vuelva a haber un caso como el de la pequeña Lissette Villa, de 10 años, que falleció en uno de los centros. «Tal vez si se hubieran puesto sobre la mesa los antecedentes de esta menor, se habría podido llegar a tiempo con ayuda. Lo mismo ocurre ahora con los más de mil menores que, sabemos por la prensa, están a la espera de apoyo y en situación crítica”.
El senador indicó que “yo creo que en Chile hemos perdido la capacidad de asombro, no puede ser que se presente la máxima autoridad del Servicio Nacional de Menores, en compañía, incluso, del subsecretario de Justicia y no sean precisos con datos tan relevantes como estos, los que no son solo un número, estamos hablando de niños y niñas de nuestro país que necesitan de nuestra ayuda inmediata”. Y agregó que “el director del Sename le ocultó información al Senado. La ministra le debe pedir su renuncia”.
También el legislador del MAS hizo un llamado “a replantear el Plan Protege, presentado por el Ministerio de Justicia, porque se deberá contemplar a estos 1.334 niños. En la calidad de presidente de la comisión de DDHH, me encargaré de que se garanticen sus derechos, ellos no pueden esperar más”.
Cabe destacar que el senador Navarro presentó un recurso de protección por una niña de 15 años, quien el pasado domingo 29 de mayo fue encontrada por funcionarios intentando ahorcarse con una cuerda, en el centro Capullo de la comuna de Chiguayante.
El presidente de la Comisión de DDHH explicó que “hicimos la presentación con el fin de proteger la vida de los niños y niñas del Centro de Protección y fue realizado en contra del Servicio Nacional de Menores, Región del Bío Bío, por las acciones y omisiones que provocan la amenaza de los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de los menores”.
