«Es momento de dar por cerrado el debate», señaló Rodrigo Valdés
La ministra Ximena Rincón señaló que «la ley es clara, lo que nosotros consignábamos en la norma que se recurrió es que había titularidad exclusiva donde había sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del TC y, por lo tanto, lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerla presente y habrá muchas judicializaciones en torno a lo que se puede o no se puede hacer».
Esta tarde el Gobierno decidió ingresar un «Veto Presidencial» para la Reforma Laboral, luego de que el Tribunal Constitucional determinara como inconstitucionales las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación.
«De acuerdo al análisis realizado no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar, implicando una precarización de las relaciones laborales», señaló el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien se encontraba acompañado de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y su par de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Luego de que el TC entregara su resolución, la posición desde el Ministerio del Trabajo, liderado por la ministra Ximena Rincón, fue apoyar la vía de un veto presidencial. Postura que no fue respaldada desde la cartera de Hacienda.
Pero la salida avalada por el Ejecutivo fue la de impulsar una reforma constitucional, la que necesita el apoyo de al menos dos tercios de los parlamentarios, para poder ser ejecutada. «Para avanzar en esa línea era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene. Valoramos y reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la Nueva Mayoría durante este proceso», agregó Díaz.
A pesar de las maniobras que realizó el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, el Gobierno no logró contar con los votos de la oposición.
Pero según estableció el ministro, hubo «ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional». Ante esto, «la Presidenta de la República ha instruido a los ministros tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que este sea despachado», señalaron.
Una salida posterior a la del cambio constitucional fue generar una ley corta laboral, opción que era manejada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, esta tarde la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa pidió nuevamente que se presentara el veto presidencial y esta iniciativa de ley corta. Pero el ministro Díaz indicó que «el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de Relaciones Laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación».
Por su parte, la ministra Rincón señaló que «la ley es clara, lo que nosotros consignábamos en la norma que se recurrió es que había titularidad exclusiva donde había sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del TC y, por lo tanto, lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerla presente y habrá muchas judicializaciones en torno a lo que se puede o no se puede hacer».
Rodrigo Valdés dijo que parece que «aquellos que hablaron de la democracia de los acuerdos se les olvidó después de haberlo dicho» y agregó que «es momento de dar por cerrado el debate, que tratamos de hacerlo de la mejor manera desde la Nueva Mayoría».
Tras conocer la resolución del Gobierno, Norberto Díaz, vicepresidente de la CUT, señaló que «sin lugar a dudas saludamos la salida del veto presidencial». Y agregó que «aún es insuficiente (…) pero hay que ver lo que queda de la Reforma Laboral».
