Augusto Uzeda reconoció que la firma financió y facilitó un avión al ex candidato presidencial, durante su campaña en 2013.
La jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, fiscal Ximena Chong, analiza solicitar la declaración del ex director internacional de la empresa constructora OAS, Augusto Uzeda.
Esto, en el marco de la investigación que impulsa el Ministerio Público para establecer si hubo algún delito tributario o alguna infracción a la Ley Electoral o a la normativa sobre donaciones en el uso de un avión jet proporcionado por esa empresa brasileña a Marco Enríquez-Ominami, durante su campaña en 2013.
El ex ejecutivo aseguró en entrevista con «Reportajes» de La Tercera que la aeronave fue facilitada por la compañía a MEO como una “decisión institucional” y como una suerte de “donación por una amistad personal”.
“No sé por qué no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó. Por qué no habló con la verdad”, dijo Uzeda.
De acuerdo al matutino, la persecutora se contactará con autoridades brasileñas a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición (Uciex) del Ministerio Público para que la fiscalía de ese país le tome declaración.
Enríquez-Ominami ha asegurado en reiteras ocasuones que con el avión «no hay aportes extranjeros (…) lo pagamos nosotros (…) se declaró por la vía publicitaria», agregando que todo ésto se debe a una «desprolijidad» de su parte al no haber declarado ante el Servel.
Por su parte, el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, afirmó que “el avión fue parte del paquete que ofreció la agencia brasileña que vino a Chile. Legalmente, nosotros como campaña no podemos gastar en un servicio provisto por extranjeros (…) El mismo Servel nos sugería hacerlo a través de agencias chilenas, y lo hicimos por una agencia chilena que contrató a la agencia brasileña”.
La versión que por esos días dio el PRO fue que el pago del avión estaba incluido en una factura por $170 millones entregada por la empresa Cono Sur Research, del periodista Cristián Warner, ex mando derecha de ME-O.
De esta forma, no se vulneraba la Ley Electoral, que prohíbe aportes extranjeros para campañas.
Según declaró ante fiscalía, Carlos Astudillo, dueño de la empresa Air Dispatch, que le realizó servicios en tierra al jet brasileño durante su permanencia en Chile: el costo del uso de un jet privado durante tres meses se estima en 5 millones de dólares.
Por su parte, MEO escribió en Facebook tras una visita a un canal comunitario de TV en La Legua: “El conductor del programa (…) me dijo que no decayera, que siguiera adelante a pesar de los golpes. Hablamos de derrotar la pobreza y desigualdad, así como también de los temas con los que han querido deslegitimar nuestro proyecto político (…). Les faltará para derribar al PRO, el partido más transparente de Chile, según la Fundación Chile Transparente”.
