La candidata al municipio y presidenta del PRO señaló: “Muchos vecinos nos han informado sobre la gestión deficiente de Carolina Tohá en materia de delincuencia. Por ello, le pedimos que nos informe, en aras de la transparencia, cuántas denuncias de ciudadanos ha recibido en materia de delincuencia y cuántas ha procesado, dentro de las 24 horas siguientes a la denuncia, conforme lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal y el Código 61 del Estatuto Administrativo”.
Esta mañana, la candidata a alcaldesa por Santiago, Patricia Morales, junto a las dirigentes sociales y sindicales, Dina San Martín y Beatriz Henríquez, y los candidatos a concejales del pacto Yo Marco Por el Cambio, entregaron una carta abierta a Carolina Tohá, para que responda respecto a su gestión en materia de delincuencia, específicamente sobre cómo ha tramitado la información recibida por vecinos, relativas a focos de delincuencia en Santiago.
Lo anterior, debido a que tanto el Código Procesal Penal como el Estatuto Administrativo indican que todo funcionario público debe poner en conocimiento de las autoridades correspondientes cualquier hecho o información relativa a situaciones delincuenciales, dentro de un plazo máximo de 24 horas, una vez conocida dicha situación.
Al respecto, la presidenta del PRO señaló: “Muchos vecinos nos han informado sobre la gestión deficiente de Carolina Tohá en materia de delincuencia. Por ello, le pedimos que nos informe, en aras de la transparencia, cuántas denuncias de ciudadanos ha recibido en materia de delincuencia y cuántas ha procesado, dentro de las 24 horas siguientes a la denuncia, conforme lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal y el Código 61 del Estatuto Administrativo”.
También agregó que “el Código Procesal Penal obliga a todo funcionario público a procesar estas denuncias en un plazo máximo de 24 horas. Tenemos la sospecha fundada de que la actual alcaldesa de Santiago no ha tramitado las denuncias de los vecinos en materia de delincuencia”.
Además, la candidata a alcaldesa Progresista señaló que “en varios barrios de Santiago, son los propios vecinos y familias los que están tomando riesgos desproporcionados para obtener material suficiente que permita demostrar dónde ocurre la delincuencia. Este material es entregado al municipio sin que este actúe al respecto”.
