La instancia parlamentaria detectó deficiencias de control en Contraloría, en Defensa y en la institución castrense.
La principal conclusión de la comisión investigadora por el fraude en el Ejército por la Ley Reservada del Cobre, conocida también como «Milicogate», fue que la falta de fiscalización posibilitó que funcionarios del Ejército y proveedores se apropiaran indebidamente de $6 mil millones, entre los años 2009 y 2014.
Los diputados detectaron deficiencias de control en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Tesorería de la institución castrense, y del entonces comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba.
El informe de la comisión será votado el próximo jueves en la Cámara. Según consigna El Mercurio, el documento hace 22 recomendaciones; entre ellas, la derogación de la Ley Reservada, el establecimiento de nuevos sistemas de financiamiento para las FF.AA., y fortalecer los sistemas de control.
Respecto a la Contraloría, la comisión cuestiona «la falta de diligencia» de la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y el no haber desarrollado un plan de control.
De igual modo, apunta a su responsabilidad por la toma de razón, el 13 de mayo de 2005, del DS Nº 124 del Ministerio de Defensa, que no era tal y que fue reconocido como un «error» por el actual contralor, lo que contribuyó a no tener una política de fiscalización de los fondos.
«Hay una falta de celo en el ejercicio de su labor fiscalizadora, al no ejercer acciones para observar que las rendiciones de cuenta entregadas por el Ejército al Ministerio de Defensa se encuentran pendientes de aprobación desde 2011″, señala.
Sobre el Ministerio de Defensa, cuestiona que sus autoridades no hayan adoptado políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo del uso de los recursos asignados.
A la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas le atribuye responsabilidad por falta de mecanismos de control y retraso en la aprobación de las rendiciones del Ejército vinculadas a la Ley Reservada del Cobre, por montos que ascienden a los US$ 929.529.979 (1.486 facturas) y a $79.907.095.440, 18.346 facturas), lo que corresponde en total a 19.832 facturas».
A juicio de la instancia, el ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba no ejerció «adecuadamente su rol de supervisión de los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y Contraloría del Ejército, reparticiones destinadas por un lado a administrar y, por otro, a controlar los recursos destinados a la institución».
También se le atribuye falta de diligencia al no atender recomendaciones de la Contraloría en sus auditorías e investigaciones especiales.
Sobre la Contraloría General del Ejército, concluyen que no cumplió su misión de control y fiscalización. Se les atribuye una responsabilidad directa a los generales «Andrés Polloni Contardo, Jorge Guzmán Fredes e Iván González López, que dirigieron este organismo en el período en que se extendieron los ilícitos».
A la Tesorería del Ejército le reprochan que no efectuó «la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos».
Responsabiliza directamente a los oficiales superiores que dirigieron este organismo: Fernando Grossi García y Carlos Frez Ramírez, «por pagar facturas materialmente falsas, y otras cuya documentación de respaldo contenía firmas falsificadas, incluso de personal no autorizado para suscribir tales documentos».
