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Opinión

AFP: el pueblo chileno debe recuperar el derecho a decidir

por 16 octubre, 2016

AFP: el pueblo chileno debe recuperar el derecho a decidir
El presidente de la agrupación "Acusa AFP" entregó al ministro Marío Fernández tres proyectos de ley y una propuesta para el 5% de cotización patronal. El tercer proyecto consiste en modificar el artículo 45 bis del DL3500, negociado por el entonces Ministro de Hacienda Andrés Velasco, que permitió a las AFP, sin informarlo a los afiliados, cargar a sus Fondos los gastos de intermediación. "Debe ser el ciudadano el que recupera su capacidad de decisión", propone el abogado.
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Reconozco como natural en democracia que haya distintas  respuestas para los diferentes temas que surgen en la vida humana. Pero cuando no existe acuerdo, deben ser los ciudadanos y los órganos que los representan los que deben debatir y decidir. Ahora, si como ocurre en nuestro país, lamentablemente, los liderazgos políticos e institucionales están severamente cuestionados, por cuanto los representantes no han estado a la altura de los desafíos, debe ser  el ciudadano el que recupera su capacidad de decisión.

Coincidiendo con estudios serios del mundo académico y  a partir de mis propias experiencias teóricas y prácticas,  he compartido la necesidad de poner fin al secuestro de la voluntad popular por parte de los mandatarios. Muchas personas sostienen que no es posible que este gobierne nos escuche y no se suman tampoco a las marchas familiares que hemos realizado y que debemos seguir haciendo. Tengo una opinión distinta.

1.-Debo recordar  a  nuestros lectores, que marchando por las calles de Santiago, logramos que la Ministra del Trabajo nos escuchara  y luego que  la Presidenta Bachelet postergara por tres años, la obligación legal que tenían  800 mil trabajadores independientes, de cotizar en las AFP  este año por la totalidad de sus ingresos.

2.- La Cámara de Diputados y la Contraloría General acogieron nuestras denuncias fundadas, respaldadas por marchas pacíficas, que denunciamos las ilegalidades de CUPRUM y PROVIDA para NO pagar 410 millones de dólares en impuestos. El tema está pendiente, tapado comunicacionalmente, pero debemos continuar la lucha.

3.- La Superintendencia de Pensiones y los Tribunales de Justicia han rechazado las alzas abusivas de las ISAPRES, en más de 240 mil casos, basados en una Sentencia del Tribunal Constitucional redactada por el entonces integrante de ese Tribunal y hoy Ministro del Interior. Pero sólo es el 10 % de las víctimas, hay que avanzar más, para que se dicte la ley tantos años postergada.

Mención aparte merece la impresión que nos causó  la reunión sostenida con la Presidenta Bachelet, acompañada de su Ministro del Interior, los últimos días de agosto. La Presidenta abrió la reunión de dos horas de duración, con calidez y franqueza. Nos dijo que por la situación que vivía el país, ella había decidido NO abordar nuevos cambios importantes, pero que le había impresionado el carácter de las marchas: masivas, alegres, familiares, pacíficas; que ello la había impactado muchísimo y había decidido tomar el tema previsional como el país lo requería. Mencionó las grandes presiones que se ejercerían, pero que buscaría soluciones, ya que las demandas eran fundadas.

PROPUESTAS Y MOVILIZACIONES PACIFICAS SON EL CAMINO

No hay duda entonces,  propuestas, diálogos con la autoridad y marchas pacíficas son el camino. ¿De qué depende el tiempo que se requiera? Que haya acuerdos en el mundo social  y político de las soluciones  prioritarias y factibles. Que el pueblo ayude a superar las debilidades de las organizaciones gremiales y políticas,  asumiendo la tarea personal, familiar y organizadamente.

Debemos marchar en cada comuna de Chile, sumando voluntades. Las pensiones de AFP son malas para todos, sin distinción de colores políticos, credos religiosos o lugar de residencia. Exigir a los dirigentes sindicales y sociales unidad en torno a estos temas. Elegir políticos decentes, que en los municipios o el parlamento devuelvan la soberanía a los ciudadanos, cancelando las  hipotecas constituidas  a favor de los poderosos que gravan sus votos.

¿Será posible coincidir en algunas propuestas? Hace pocos días, el Ministro del Interior, Mario Fernández Baeza, me invitó a dialogar sobre el tema previsional, dada mi experiencia como abogado, académico, parlamentario y sindicalista. Quiero compartir con el lector interesado,  una síntesis de lo que expuse, para cooperar en una rápida decisión del Ejecutivo sobre los temas previsionales.

Entregué al Ministro, tres proyectos de ley y una propuesta para el 5% de cotización patronal  que el gobierno  ha mencionado, basadas en las ideas del documento que entregamos como ACUSA AFP, pero que solo comprometen mi opinión personal, ya que fui invitado por mis estudios sobre el tema.

1.- El primer proyecto,  autoriza a los trabajadores, dependientes e independientes,  a escoger entre el Instituto de Previsión Social (IPS) o las AFP para enterar sus cotizaciones  previsionales. Fundamento esta idea en la Constitución, tratados internacionales, y un  informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.  También señalando la paradoja que en Dictadura, se haya reconocido, aunque nominalmente, el derecho de los chilenos a optar por las AFP o el sistema antiguo, según lo disponía el artículo primero transitorio del DL 3.500.  Si esto se produjo en dictadura, se pregunta el abogado, ¿Por qué no reconocerlo  en democracia?

Para los efectos de evitar que los Fondos de los Trabajadores se usen por el gobierno de turno para otros fines, todas las cotizaciones de los que se afilien al IPS,  se destinarán al Fondo de Reserva de Pensiones, creado por la ley 20.128 del año 2006. Asimismo, este Fondo debería ser administrado en forma tripartita por representantes del gobierno, los trabajadores y los empleadores,  cuando estos empiecen a cotizar el 5% propuesto por el ejecutivo.

Otro aspecto esencial de la propuesta  es que esos Fondos se inviertan en Chile para permitir el desarrollo armónico de todas las Regiones.

2.- El segundo proyecto, beneficiaría directamente a unos 25 mil empleados públicos afiliados a las AFP subcotizados en el antiguo sistema, e indirectamente a cerca de 70 mil, ya que al permitirles a los primeros   acogerse voluntariamente a estas normas que  les permitirían cotizar en el ISP y obtener pensiones acordes con las normas  que en 1993 se entregaron a una parte de los trabajadores públicos que habían sufrido perjuicios  por la misma causa. La justicia de esta demanda, es reconocida por las propias AFP

El Estado ya reconoció su responsabilidad en la denominada subcotización en la  ley 19.200, promovida por el  Presidente Aylwin. La diferencia entre ambos sistemas, se percibe al constatar que un profesor que se acogió a esa ley de 1993,  obtiene una pensión superior al 75% de sus últimas remuneraciones, en tanto que un profesor que se cambió a una AFP sólo obtiene como pensión un  25 %.

3.- El tercer proyecto propone modificar el artículo 45 bis del DL3500, negociado por el entonces Ministro de Hacienda Andrés Velasco,  que permitió a las AFP, sin informarlo a los afiliados, cargar a sus Fondos los gastos de intermediación. Se terminaría así con el millón de dólares diarios que le sacan a los Fondos de los trabajadores, más de 400 millones de dólares al año, por gastos propios de la administradora.

4.- Respecto a la propuesta presidencial de establecer 5% de cotización patronal para pensiones, hemos propuesto que se haga efectiva de inmediato y no en diez años, se deposite en el Fondo de Reserva de Pensiones y con esos recursos se financie la extensión de la Pensión Básica Solidaria ($ 100 mil pesos mensuales)a los actuales pensionados de las AFP y del IPS, lo que elevaría las actuales pensiones, $ 200 mil promedio, a lo menos en un 50% y sería la base para los futuros jubilados. Los ya pensionados son cerca de 1,1 millones  en AFP y 665 mil e el IPS. De esta cantidad, cerca de 1 millón cien mil, reciben aportes del Pilar Solidario, total o parcial,

El financiamiento es claro. Con esta medida, el gasto del Pilar Solidario, actualmente un 0,6% del PIB,  subiría casi en un 100%,  a cerca del 1, 2 % del PIB, alrededor de US$ 3.000 millones de dólares anuales. El PIB alcanzaba al total de  US$240.000 mil millones de dólares el año 2015.  Los beneficiarios son más de 1,5 millones  de personas, entre receptores de PBS, APS y otros. Ese 5% patronal, representará en régimen,  alrededor de 300 millones de dólares mensuales, US$ 3.600 millones anuales.

Esta medida sería el cierre humano y solidario de las actividades de la Presidenta, que ya entró a la historia como la primera mujer que ocupa este cargo y como la primera Presidenta reelecta. ¿Será la primera en reconocer en democracia el derecho de los ciudadanos en decidir sobre sus pensiones?

Ideas abiertas a las correcciones, adiciones o cambios que aseguren unidad y viabilidad de largo plazo.

 

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