En desayuno Icare debatió con Fernando Atria en torno al Estado de Derecho
A pesar de que durante los últimos meses ambos abogados han revelado, columna tras columna, sus tesis respecto al periodo político social que vive Chile, el rol de la Nueva Mayoría y el camino que tomará el país, esta vez se vieron enfrentados en relación con las preguntas por el Estado de Derecho, las certezas jurídicas –tan caras a los hombres de negocios– y la legitimidad institucional para su funcionamiento.
La discusión respecto a la legitimidad y el sustento del Estado de Derecho en Chile arribó a los principales círculos empresariales del país. El desayuno de Icare de principios de noviembre, realizado hoy, recibió –además de a un sinfín de magnates criollos– a los principales especialistas en materia constitucional.
El abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, debatió en torno a la pregunta: «Estado de Derecho, ¿nuevo, viejo u otro?», junto al abogado constitucionalista Fernando Atria.
A pesar de que durante los últimos meses ambos han enfrentado, columna tras columna, tesis contrapuestas respecto al periodo histórico y social que vive Chile, el rol de la Nueva Mayoría y el diagnóstico de las crisis política, esta vez la centralidad estuvo en el Estado de Derecho y la legitimidad institucional para su funcionamiento.
Peña partió su intervención bajo el principio de que el país se desarrolla en una sociedad moderna, distinta a “las sociedades tradicionales en donde todos comparten una misma conciencia y moral, y donde cohesionar es relativamente fácil”, indicó frente a los empresarios. Agregó otro cimiento sobre la base de que en dicha sociedad “las reglas del mercado no se pueden soportar en sí mismas. La vida social no puede soportarse en el simple intercambio”, y por eso desde allí se desprende un problema de integración.
“El problema de integración se resuelve mediante la racionalización meramente formal de la vida. La vida social se vuelve calculable, los seres humanos comienzan a hacer esfuerzos para hacer la vida social predecible”, definió el abogado. A partir de este proceso de racionalización se desprende la función del derecho –añadió– que es “una institución social por excelencia formalmente racionalizada” y que “cuenta con un proceso de legitimación que es meramente formal”, el que consta de un “cuerpo profesional de juristas, amparados en el Estado”.
El rector de la UDP enfatizó que la legitimidad de este Estado de Derecho, basado en las instituciones, se centra en la toma de decisiones, “pero su legitimidad no es material, no es que el derecho moderno sea legítimo o ilegítimo en términos de consensos morales (material), sino que en términos procedimentales”, agregó.
[cita tipo= «destaque»]“Hoy la legitimidad tiene una sola fuente: el principio democrático. El supuesto del Estado de Derecho es que la ley está suficientemente legitimada, el otro es que la aplicación de la ley no perjudica sistemáticamente a un grupo en particular. Creo que, hoy por hoy, estos dos supuestos están en cuestión, están en problemas”, señaló Atria.[/cita]
El columnista dominical añadió en Icare que “el Estado de Derecho es un conjunto de instituciones cuya legitimidad no depende del contenido, sino del modo en que fueron producidas, se legitiman mediante el procedimiento. No está sometida al test ulterior de moralidad, solo hay Estado de Derecho cuando contamos con un procedimiento impersonal”, ya que “no es un Estado de ‘derechos’”, puntualizó.
Este marco en el que se mueve el Estado de Derecho se ha visto afectado por distintos procesos sociales que han transcurrido en las últimas décadas. A juicio de Peña, “el fenómeno más relevante que ha ocurrido en los últimos 100 años es el radical cambio en las condiciones materiales de los chilenos, que le ha tomado 30-40 años-”, señaló en su exposición.
Según el rector, este proceso trae consigo profundos cambios culturales, entre ellos, el surgimiento de la nueva clase media. “Se trata de un grupo que ha experimentado una rápida movilidad social y que, por lo mismo, empiezan a vivir la vida personal y productiva como dependiente de su propio trabajo (…) aquí se encuentra el origen de la desconfianza en las élites. La clase media es absolutamente infiel a las élites, porque confían por sobre todo en sí mismos. Se vuelven indóciles, piensan la vida colectiva como fruto de sus propias decisiones”, agregó.
Otro fenómeno social que afecta, de acuerdo a Peña, es la masificación de los bienes. Esto ha alcanzado a las profesiones, incluidos los abogados. “La profesión de abogado se ha puesto al alcance prácticamente de cualquiera, ahora cualquiera puede ser abogado”, por lo tanto, a diferencia de las etapas anteriores, “el cuerpo profesional de los abogados no comparte un mismo ethos, trayectorias, redes sociales, ni capital cultural”.
El tercer factor –precisó– es la judicialización de la sociedad, “el derecho ha colonizado todos los espacios de la vida. Los jueces han tendido, como consecuencia del desconcierto que provocan todos estos cambios culturales, a la labor de que implantar la ley consiste en impartir justicia material, traicionando la legitimidad procedimental de la regla. No es que no puedan fallar conforme a la justicia material, pero el Estado Derecho se basa en un ámbito procedimental”, señala el abogado y explica que esto se puede observar principalmente en los fallos de la Corte Suprema.
En opinión del rector de la UDP, la salida para este proceso de cambios es “aceptar que la tarea del derecho no es sujetar a la vida social manteniéndola fija. La tarea es proveer un ámbito procedimental que permita que la vida entregada por las propias decisiones sea realizada por todos. No es un valor final que apeteciera una sociedad estrictamente estática, sin desafíos”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Fernando Atria, expuso ante el mundo empresarial en torno a la pregunta: «Estado de derecho, ¿quién se hace responsable?».
Partió desde la definición de que “el estado de Derecho es un conjunto de instituciones, que son prácticas sociales, que tienen una cierta racionalidad, responden a una lógica que les permite funcionar de forma estable en el tiempo. Esta racionalidad es necesaria para que la institución sea estable, pero no para que opere día a día”.
Según Atria, la desigualdad es un factor que intercede en esta estabilidad y, a pesar de que las instituciones funcionan aunque haya desigualdad entre las partes, “si la racionalidad de este contrato ya no es igual”, va a aparecer “una presión por adaptarse a una nueva circunstancia”.
A diferencia de lo planteado por Peña, Atria expresó que “uno puede quedarse en la prédica moral, normativa, de que está muy mal que los jueces tomen decisiones de justicia material. Pero la pregunta es qué es lo que ha llevado a tomar de esta de esta manera los casos”. El abogado añadió que “cuando se trata de prácticas que se extienden, están legitimadas, lo que está detrás es alguna modificación de las condiciones de operación de la institución respectiva, en este caso el Estado de Derecho”.
Atria profundizó en la diferencia respecto a Peña y señaló que “la legitimación del derecho es formal, pero solo en la forma del mismo no hay sentido. Los aspectos formales son una forma de transmisión de la legitimidad, pero los procedimientos formales suponen un momento de legitimación, de aquellas leyes que son socialmente entidades suficientemente legitimadas”.
Y, en tal sentido, ahondó, señalando que “hoy la legitimidad tiene una sola fuente: el principio democrático. El supuesto del Estado de Derecho es que la ley está suficientemente legitimada, el otro es que la aplicación de la ley no perjudica sistemáticamente a un grupo en particular. Creo que, hoy por hoy, estos dos supuestos están en cuestión, están en problemas”.
El abogado explicó, en medio de la élite empresarial, que “ningún caso ilustra mejor el problema de la ley, como el asunto de las Isapres”, ya que pese a que los tribunales reiteradamente han fallado a favor de que estas violan los derechos fundamentales, el Poder Legislativo “observa esta situación y no hace nada. Una suficiente agilidad para reaccionar ante situaciones como esta es una condición básica que debe cumplir la ley para reclamar legitimidad”.
Pero Fernando Atria coincidió con Peña en un punto: la masificación de la profesión legal, que –a su juicio– “ha traído consigo una notoria caída de la clase profesional. Enfrenta a los tribunales con una situación insostenible, porque un derecho que descansa en la aplicación formal de la ley, descansa en una clase profesional competente. Ante una clase profesional que se ha venido debilitando en el tiempo es cada vez más común que el que tiene el derecho pierda, porque no recibió el debido consejo jurídico”.
Finalmente, Atria se refirió a la salida a través de la justicia material. “Que el déficit se compensa con la justicia material, es la idea que está detrás de un Tribunal Constitucional que intenta compensar todos estos problemas, pero la justicia material soluciona el problema en el caso particular, en el cual se apela a ella, pero desde un punto de vista estructural solo intensifica el problema”, sentenció el abogado.
