Y ahora: ¿hacia dónde queremos que vaya Chile?

Parte del problema de la crisis del sistema de representación, cuyas expresiones más nítidas son el aumento de la abstención en las elecciones y la dificultad creciente de hacer funcionar de manera coherente al gobierno y su coalición, es la ausencia de hojas de ruta consistentes en la acción pública. La acción pública – la que realizan los órganos del Estado, los partidos políticos que gobiernan o se oponen al gobierno, las organizaciones sociales y de la sociedad civil que promueven intereses particulares o más o menos generales- es la única que permite incidir en el devenir de la sociedad para los que no poseen un poder autónomo, económico o de otra índole.

Cuando no existe diferenciación de las opciones  en la arena pública y la función de representación en las instituciones deviene en mera lucha por el acceso a la “clase política”, percibida por el mundo popular como grupo privilegiado sólo preocupado de sus propios intereses de casta, entonces no hay agenda pública creíble y decae la acción pública en manos de la expansión del mercado y de la ley del más fuerte, es decir del poder económico oligárquico. Termina por romperse el vínculo entre la esfera pública y la condición individual de ciudadano y/o la pertenencia a un grupo social capaz de realizar acciones colectivas. La mayoría de los individuos se retraen a la esfera privada y al discurso descalificador de toda élite. Es lo que ha pasado progresivamente en Chile y se ha acelerado en al menos los tres últimos gobiernos.

Superar esta dinámica no es ni será fácil, pero al menos requiere reanimar el debate deliberativo sobre hacia dónde debe dirigirse la sociedad y qué dilemas debe resolver. Este debate, a pesar de la proximidad de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, está bastante poco presente.

Esto tiene una explicación. La derecha no hace sino defender los intereses de las minorías económicamente privilegiadas, mientras la que se supone debía ser una alternativa a la derecha, antes la Concertación y hoy la Nueva Mayoría en el gobierno, mantiene una retórica de reformas en un contexto de vetos y bloqueos que termina por no cambiar nada sustancial en materia de estructuras políticas, económicas, sociales y de género, más allá de las intenciones de sus sectores proclives al cambio. Estas coaliciones han terminado invariablemente siendo subordinadas a los intereses económicos oligárquicos o bien adaptándose a su poder y a sus reglas y límites. Los arbitrajes se han realizado, en lo fundamental, en favor de la mantención del orden de cosas vigente, en el mejor de los casos con algunos retoques (ha ocurrido desgraciadamente en materia constituyente, tributaria, educacional, laboral, en pensiones, salud y desarrollo de las ciudades) y en el peor con un fortalecimiento de los subsidios públicos a prestadores privados.

[cita tipo= «destaque»]Es por ello que algunos hemos terminado por formarnos la convicción -otros lo hicieron mucho antes- que el desafío de lograr una democracia legítima, prosperidad compartida, igualdad de oportunidades y consagración de derechos, y más respeto de la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones, no puede descansar en las fuerzas que hoy dominan el sistema de representación.[/cita]

Se requiere de nuevas fuerzas políticas que se constituyan en alternativa de gobierno que no renuncien, en nombre de la amplitud de su convocatoria y de la necesidad abstracta de acuerdos,  a luchar por los valores de la libertad real, de la igualdad de oportunidades sin discriminaciones y de la igualdad de resultados en materia de derechos y mínimos sociales compartidos a los que todos los miembros de la sociedad accedan. En el contexto de esos valores, una nueva alternativa política debe discutir una plataforma programática para el período 2018-2022, la que debe admitir de modo pluralista en su seno diversas inspiraciones ideológicas e incluir un cierto número de definiciones fundamentales en al menos cinco grandes temas.

En primer lugar, la necesidad de persistir en la voluntad de dotar a Chile de una nueva Constitución, la que para que sea tanto suficientemente legítima como institucional debe realizarse recurriendo a una asamblea constituyente elegida y que sesione en 2019, aprobada por el pueblo a través de un plebiscito convocado por el gobierno y el parlamento en 2018. La nueva Constitución no debe consagrar ningún modelo económico-social particular –que debe ser materia de deliberación periódica y ser definido en el ámbito de la ley y de la gestión pública- y en cambio debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”). La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Se debe avanzar de una vez al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política. La nueva Constitución también debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud públicas, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, con reconocimiento del derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general y con  indemnizaciones en caso de expropiación, junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa. Se debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de eventuales modificaciones  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación.

La nueva Constitución debe establecer, a su vez, la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. Debe reformar las instituciones con un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

En segundo lugar, una nueva coalición debe, frente al ya largo estancamiento desde el fin del ciclo del boom minero, poner en práctica una nueva estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva sustentable. Esto requerirá un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (al punto de alcanzar un 1,5% del PIB hacia 2022 desde el 0,4% actual) en los programas productivos estratégicos, incluyendo la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. La banca pública debe fomentar sistemáticamente el ahorro de las familias y ampliar el acceso al financiamiento de las pymes y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial que asegure el cese de los abusos crediticios a los consumidores y la estabilidad financiera. Más ampliamente, políticas antimonopólicas enérgicas deberán proteger a los consumidores en todos los mercados, incluyendo la banca, mientras la tarificación de los servicios básicos debe eliminar las rentas monopólicas indebidas hoy frecuentes.

Las políticas fiscales deben ser activamente contracíclicas y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB en 2022 (desde el -1,7% actual). La tributación de los ingresos personales debe volverse más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Pero a la vez debe terminarse con la extrema complejidad de la tributación a las utilidades de las empresas de la reforma de 2014 e incluir mayores incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación. Un programa de disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer, además, un impuesto patrimonial (como el de 1967) en este caso focalizado en la extrema riqueza y que contribuya a financiar un esquema de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Un especial énfasis debe ser puesto en el impulso a la transición a un nuevo modelo energético. Las fuentes renovables no convencionales deben constituirse en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- para introducir una fuerte restricción a la huella de carbono, con la meta de alcanzar un 50% de energía limpia en 2022. La ENAP debe transformarse en la Empresa Nacional de Energía y ser parte de la diversificación. Complementariamente debe impulsarse una decidida protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos, con una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y el incentivo a las donaciones privadas en ellas.

La nueva estrategia debe incluir un amplio plan cuatrienal de inversiones adecuadamente evaluadas en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas de transporte público, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los 200 barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya en primer lugar un plan especial de inversiones indígenas para 2018-2020.

En tercer lugar, se debe establecer una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación  obligatoria y a  programas de empleo temporal. Hacia 2022, el salario mínimo debe alcanzar al menos 400 mil pesos en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en los despidos y el sistema de honorarios sin derechos para funciones permanentes en el sector público.

En cuarto lugar, se debe reorientar la reforma educacional hacia un desarrollo decidido de la educación pública, avanzando con rapidez a la gratuidad en el acceso a ella, con efectiva prohibición del lucro en todos los niveles así como de la selección socialmente sesgada. Se requiere fortalecer con urgencia la atención de la infancia vulnerable y separar en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada y los jóvenes infractores de ley, La desmunicipalización de la educación escolar pública debe asociarse a nuevas entidades regionales de educación articuladas con el Ministerio de Educación, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos y sus proyectos educativos.

Se debe avanzar en 2018-2022 a la creación de un sistema de formación técnica estatal gratuita (incluyendo articular Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias), sin subsidios a las entidades con fines de lucro, y al fortalecimiento de la educación superior estatal, que debe ser totalmente gratuita, vincularse mediante convenios trianuales a objetivos de desarrollo y ampliar su matrícula al 40% hacia el año 2022, sacando del sistema a las universidades con fines de lucro y las que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación.

En quinto lugar, se debe reestructurar el sistema de protección social y terminar con su administración privada parasitaria. Esto supone ampliar el pilar solidario de pensiones (aumentando la pensión básica a 350 mil pesos en un plan progresivo equivalente a un 2% del PIB, desde el 0,7% actual) y crear a partir de 2020 un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario, sacando a las AFP del sistema de cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas.  Se debe además crear un fondo solidario en salud con la cotización obligatoria desde 2020, hacer sólo optativos y complementarios los seguros privados y fortalecer la salud pública. Esta requiere de  inversiones hospitalarias estatales pero sin descuidar la primacía de la prevención y de un nivel primario de atención con mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria.

En suma, una nueva alternativa de gobierno debe poner por delante un proyecto de sociedad que se proponga afianzar los derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, reducir la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una  transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo. La alternativa a la mediocridad inconsistente y al centrismo blando en que devinieron la Concertación y luego la Nueva Mayoría y a la regresión neoliberal de la derecha no es menos que un nuevo proyecto de regeneración democrática y social de Chile.